La Paz, 09 de mayo de 2024 (ABI).- El presidente Luis Arce reconoció que la transformación de la justicia es “un tema pendiente” y afirmó que este desafío requiere de un “compromiso nacional” que vaya más allá de las elecciones judiciales y las propuestas de reforma, como se plantea desde la oposición.
"La transformación de la justicia exige un compromiso nacional que no termina con las elecciones de magistradas y magistrados, y consejeras y consejeros; ni en propuestas de reformas que no apuntan a solucionar los problemas estructurales que padece el pueblo cuando busca justicia", planteó en un mensaje de evaluación de mitad de gestión.
La Justicia es blanco de una serie de críticas por denuncias de corrupción y retardación de justicia que llegaron a diferentes niveles de este tercer Órgano del Estado.
Arce reconoció que este es un tema "pendiente, muy complejo de resolver", que se remonta a la fundación misma de Bolivia.
"Aquí debemos trabajar de manera conjunta, escuchando principalmente al pueblo, pues son los sectores más vulnerables y de menores ingresos, los más indicados para mostrarnos el camino de esta transformación judicial, ya que padecen a diario las injusticias de este sistema", afirmó.
Bolivia se encamina a la tercera elección de altas autoridades judiciales, proceso que fue frenado en dos ocasiones por disposiciones judiciales en respuesta a recursos legales presentados en contra del reglamento de preselección legislativa de candidatos.
Para Arce, la “transformación requiere de cambios profundos desde la formación de los administradores de justicia, una carrera judicial que garantice independencia como dar tranquilidad a las y los ciudadanos respecto a sus procesos”.
Esbozó que la modernización y el gobierno electrónico, que impulsa su Gobierno, lograrán resultados si el nuevo modelo de gestión de conflictos tiene como base la transparencia y el control social de la administración de justicia, “automatizando procesos y procedimientos orientados a dar mayor celeridad, así como un adecuado control y fiscalización que asegure el cumplimiento estricto de las normas y los plazos por parte de los jueces”.
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