Luisa Nayar, diputada de Comunidad Ciudadana (CC), reprochó este martes el hostigamiento y acoso político que recibe por parte de legisladores de la agrupación ciudadana Creemos, por exigir al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la presentación de un informe oral por el cuestionado decreto departamental 373.
La legisladora de CC aseveró que, al realizar esa solicitud, sólo cumple con el reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que calificó a esas medidas como hostigamiento.
“Nosotros simplemente estamos dando cumplimiento a los establecido en un reglamento el cual conocer los parlamentarios de Creemos o el cual deberían conocer (…) Me parece totalmente absurdo, vergonzoso y un total despropósito tratar de descalificar a alguien solamente por cumplir este reglamento”, indicó Nayar, en una entrevista con un medio local.
Recordó que de no solicitar ese informe a la primera autoridad de Santa Cruz sería procesada por incumplimiento de deberes.
“Llama severamente la atención que los propios colegas diputados de Creemos, sabiendo el reglamento, mandando peticiones de informes a distintos alcaldes, mandando peticiones de informe oral a distintos alcaldes se hallan con esta sinvergüenzura, ridiculez, con este despropósito de querer amedrentar y hostigar a alguien que simplemente cumpliendo un trámite administrativo”, cuestionó.
Reprochó que se pretenda obstaculizar su trabajo generando hostigamiento en su contra.
“Lamentablemente esto lo están buscando con la finalidad de generar hostigamiento y un acoso político, porque eso es lo que están haciendo me están pidiendo que incumpla mis funciones, a que lamentablemente quien tenga que chuparse los limones sea mi persona. Aquí el único responsable de la aprobación del decreto 373 es el gobernador Luis Fernando Camacho”, acotó.
Camacho debe responder ante la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías por presuntamente vulnerar el Estatuto Autonómico del departamento cruceño mediante el denominado “decretazo”, por no delegar funciones al vicegobernador, Mario Aguilera, y entregar esa responsabilidad al secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Miguel Ángel Navarro, cuando viajó a Brasil