La Paz, 14 de noviembre de 2022 (ABI).- Después de más de 20 días de tensiones, la vida urbana volvió a respirar más relajada y orientada a los ajetreos propios de fin de año, Navidad y Año Nuevo.
La Paz, Sede de Gobierno, amaneció tranquila y sin obstáculos en la jornada del lunes: estudiantes, padres de familia y empleados disputándose los minibuses que recorrieron las calles y avenidas sin contratiempos.
Los canales de televisión difundían las conclusiones del cabildo de Santa Cruz, sin mayor impacto en la máquina urbana; ni se esperaba alguna respuesta de paro laboral en apoyo a las demandas del Comité Interinstitucional cruceño.
Mas allá de las reacciones de prensa de los partidos de oposición que respaldaban al movimiento cívico cruceño, se notó el “levantamiento” de la huelga de hambre de un grupo de diputados de Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa quien, sin fuerza política alguna, exigía la consideración de una ley sobre el decreto supremo que fija para el 23 de marzo de 2024 el Censo de Población y Vivienda, al que se oponía en sintonía su socio político Camacho y los “duros” cívicos.
El principal aliado político del gobernador Luis Fernando Camacho, el alcalde y exministro del Gobierno de facto de Jeanine Añez, Iván Arias, ni se asomó por las ventanas de los medios de comunicación.
De los “mandatos” del cabildo cruceño, llamaba la atención el punto tres, aprobado la noche del domingo y decía:
“¿Están todos de acuerdo en que, si en un plazo de 72 horas, los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas, asumamos por nuestra propia cuenta y responsabilidad nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz?”.
Ningún comité cívico, ni gobierno departamental, respondieron al mandato; lo ignoraron por completo, excepto el Comité Cívico de Cochabamba que lo consideró ofensivo y acto abusivo de tutelaje.
En cambio, el Comité Cívico de Potosí procedió temprano con el bloqueo de 16 puntos de la Villa Imperial en demanda de la ley del litio, la preservación del cerro Rico de Potosí y en apoyo “solidario” de la demanda de Santa Cruz, que hasta el final de la tarde fue vencida por las actividades regulares de la urbe.
Ninguna organización cívica reivindicó su vieja relación con el gobernador Camacho, cuando éste y su dirigente Marco Pumari llegaron al palacio con Jeanine Añez, hoy encarcelado por varios delitos contra la seguridad nacional.
Los demás comités cívicos se limitaron a reportar que, en sus ciudades capitales, la normalidad de sus actividades laborales, educativas y productivas.
Lo más notorio, tras desaparecer de la escena pública el radical gobernador Luis Fernando Camacho y sus principales seguidores, fue la aparición del presidente de los cívicos Rómulo Calvo, a quien sus bases lo cuestionaron por “traidor”, para decir que el paro continuaba hasta que “se libere a los presos políticos y que el resto de las regiones en el país se sumen a la lucha”.
Los detenidos que refiere Calvo, son personas encontradas infraganti en el asalto y quema de las oficinas de la Federación de Campesinos y de la Central Obrera Departamental, quienes están a disposición de las investigaciones de la Fiscalía Departamental.
Sin más aliento que la difusión de su mensaje por algunos medios de comunicación, que al principio lo apoyaron sin tiempo ni espacio, dijo: “No necesitamos que Bolivia nos tenga pena o lástima, necesitamos que se pliegue a las medidas de presión".
Entre tanto, el principal diario de Santa Cruz, opositor al gobierno central y pro paro cívico, ofrecía mercantilizar su producto periodístico: “¡Imperdible! este martes (…) hará circular, en su edición impresa, un póster coleccionable del cabildo más grande de la historia en Bolivia”.
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