Cochabamba, 15 de noviembre de 2022 (ABI).- Ni una palabra sobre el paro cívico en Santa Cruz que todavía impide el normal suministro de alimentos y circulación libre. En cambio, los obispos de Bolivia incidieron en su mensaje de este martes en una serie de pedidos: “Pedimos, en el nombre de Dios, que acabe el hostigamiento (…), pedimos también respeto y garantías para quienes en justicia y derecho disienten de la visión de quienes nos gobiernan para que no sean víctimas de persecución y del uso inapropiado de la justicia”.
La jornada noticiosa de los medios de comunicación y redes sociales se concentró en la protesta desplegada por familiares de personas detenidas por la policía, por su participación en atentados a la seguridad ciudadana de personas que disentían del paro indefinido del Comité Interinstitucional del Censo 2023, apoyado activamente por el gobernador Luis Fernando Camacho y la dirigencia del Comité Cívico. “Instamos -añadió el pronunciamiento de la Asamblea de Obispos de Bolivia que se celebra en Cochabamba- a las “Fuerzas del orden” que no sean factores de enfrentamiento y violencia, sino que actúen conforme a su misión, protegiendo a la población en su conjunto”.
Si bien el cabildo del domingo 14, aceptó la realización del Censo Nacional en 2024 pero plateó como exigencia la federalización o separatismo de la soberanía nacional, presionó que los gobiernos departamentales se sumen a un paro de actividades y determinó la continuación de la prohibición de circulación libre y abastecimiento limitado de alimentos en los mercados populares.
Las autonomías departamentales, municipales y regionales terminaron por rechazar la conminación del cabildo cruceños, por atentar contra su propia autonomía de actuación y generar un conflicto interdepartamental innecesario.
La Asamblea de Obispos, en contra lectura a la decisión de la mayoría departamentales y municipal, expresó que: “El pueblo sufre cuando sus autoridades dilatan, postergan y provocan incertidumbre sobre temas decisivos que hacen la gestión de un país, porque son precisamente los que nos gobiernan quienes están llamados a garantizar los derechos de todo ciudadano con una actitud de escucha auténtica para una convivencia pacífica, dialogante, con responsabilidad y procurando el bien común”.
Ya antes, desde el arzobispado de Santa Cruz, la iglesia católica había expresado su respaldo a las manifestaciones no pacíficas de la Gobernación, Comité Cívico y Unión Juvenil Cruceñista, además de las bancadas parlamentarias de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y Creemos de Camacho.
Durante el día, el gobernador Camacho reapareció en el escenario mediático presionando al Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz la liberación de 17 personas detenidas en actos de agresión contra civiles y bienes privados.
Con el título de “Si a la cultura del encuentro”, la CXI Asamblea de la Conferencia Episcopal Boliviana emitió su documento de coyuntura política, leída a los medios por monseñor Giovani Arana: “La coyuntura boliviana actual preocupa a todos por el desencuentro y la confrontación, exacerbada por la violencia desmedida motivada por fines políticos de contraposición, generando como respuesta un aumento de la misma y el quiebre social. Por ello, como Pastores, llamamos a promover entre todos la “cultura del encuentro” a partir de las señales positivas y concretas que nos lleven a cumplir las legítimas expectativas que tenemos como país en un clima de convivencia pacífica y serena, Es un llamado al desarme de posiciones violentas: ¡no avanzaremos nada enfrentándonos como enemigos! El bien de todos debe prevalecer y solo trabajando juntos, superando dificultades y posiciones contrapuestas, podremos vislumbrar un porvenir de país”.
Entre tanto, la fiscalía de Santa Cruz logró que dos detenidos admitieran de plena voluntad su participación en delitos públicos, durante el violento paro indefinido convocado por el gobernador y la dirigencia cívica, por lo que fueron condenado a cuatro años de prisión.
Los efectos jurídicos de la justicia bien podrían alcanzar a los principales instigadores de la ilegal manifestación que hasta ahora mantiene la “prohibición” de libre circulación y ejercicio de otros derechos.
El pronunciamiento católico concluyo que: “No olvidemos que la esperanza es la virtud que nos pone en camino y nos da fuerza para avanzar, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables”.
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