La Paz, 31 de marzo de 2023 (ABI). – Durante el informe preliminar de su vista “in loco”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que en Bolivia hay un amplio ejercicio de la libertad de prensa, no obstante también expresó su preocupación por la “escalada de agresiones” a periodistas, particularmente, en Santa Cruz.
“Durante la visita se observó un amplio ejercicio de la libertad de prensa”, destacó la primera vicepresidenta y relatora sobre los derechos de los Pueblos Indígena, Esmeralda Arosemena, quien leyó en conferencia de prensa el documento preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia.
Acompañada de sus colegas, ente ellos el relator para Bolivia, Joel Hernández, Arosemena dijo que durante las entrevistas con los gremios de periodistas “se recibió información sobre la falta de condiciones para ejercer el periodismo en Bolivia”.
Expresó que “preocupa la escalada de agresiones a personas periodistas en los últimos años, particularmente en Santa Cruz, que incluyeron agresiones físicas severas, la retención contra su voluntad, destrucción de equipos y ataques a infraestructuras de medios de comunicación”.
Los hechos se dieron durante el paro de 36 días convocado por el Comité Pro Santa Cruz y el hoy encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho en demanda de censo en 2023. Al final acabaron aceptando la propuesta del gobierno de censo en 2024, sobre la base de un estadio técnico.
Durante la protesta se dieron cuatro muertes y varios puntos de bloqueo se convirtieron en lugares de extorción y vulneración sistemática de los derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo y otros organismos de derechos humanos. Los trabajadores de la prensa sufrieron varias agresiones.
“A raíz de la violencia, se presentaron distintos episodios de autocensura e, incluso, la interrupción de transmisiones de medios de comunicación y el cese de despliegue noticioso mientras transcurrían asuntos de interés público por temor a ataques”.
El canal estatal Bolivia TV con sede en Santa Cruz suspendió sus trasmisiones, luego que seguidores de Camacho y los cívicos cercaron sus oficinas y agredieron a los trabajadores de la prensa.
De acuerdo con la comisionada, “pese a la gravedad de estos hechos, persiste la impunidad y falta de investigación y persecución de los agresores por parte de la justicia”.
De los 36 días de paro, la comisión también refirió que se ha “identificado el uso de la violencia” y, apoyado en el informe proporcionado por la Defensoría del Pueblo, denunció que “habrían afectado derechos tales como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad de expresión entre otros”.
Frente a ello, la CIDH recordó que “la protesta social y pacífica es un elemento esencial para la existencia y el funcionamiento de toda la democracia, sin embargo, dichas manifestaciones demandan un especial cuidado por parte de los liderazgos para que se convoquen y se desarrollen de una manera pacífica”.
Según el informe, en el desarrollo de las movilizaciones se debe hacer “un esfuerzo para identificar la existencia de grupos violentos que apartados del derecho a la protesta puedan desnaturalizarlo o bien utilizarlo en el contexto de protesta para fines alejados de la misma”.
En su reporte hizo notar “la relevancia y despliegue de los medios de comunicación administrados por el Estado y su importante financiación, que contrasta con la crisis de sostenibilidad de los demás medios, así́ como reportes sobre cuestionamientos a la distribución de la pauta oficial”.
A la vez, la Comisión informó que recibió distintos reportes que cuestionan determinadas coberturas periodísticas de eventos de interés público en el país.
“Las líneas editoriales, en su pluralidad, contribuyen a la dimensión colectiva de la libertad de expresión y los medios de comunicación pueden defender sus líneas editoriales sin que ello implique el desconocimiento de hechos verificables, contrastados y contextualizados”, enfatizó el organismo que tras la conclusión de su visita elaborará un informe país con las recomendaciones para el Estado.
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