La Paz, 12 de abril de 2023 (ABI).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó el martes el proyecto de “Ley de Identidad Cultural y del Nombre” a la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su tratamiento y revisión.
La norma tiene como objetivo garantizar la identidad cultural, promover la despatriarcalización, la descolonización y la desburocratización en los trámites de registro civil de las y los bolivianos que viven en el país y en el exterior.
El vocal promotor, Tahuichi Tahuichi, explicó que este proyecto de ley incorpora y revaloriza, la “Justicia de género”; el “Derecho del consentimiento”; el “Derecho a la identidad”; el “Derecho a la identidad cultural” y la “Desburocratización de trámites en el registro civil”.
En el caso de la justicia de género, se promueve que las madres tengan la posibilidad de inscribir a sus hijas e hijos con el apellido materno por delante del apellido paterno.
“Esto va en el marco de la política de despatriarcalización y por eso esperamos el apoyo del proyecto por parte de los asambleístas, hay muchas mamás que han criado y cuidado solas a sus hijos, sin el apoyo de los progenitores”, indicó el vocal.
También detalló que esta propuesta incorpora el “Derecho del consentimiento”, es decir, cuando se adquiere la ciudadanía y la mayoría de edad a partir de los 18 años, las personas van a poder “consentir” su nombre, es decir, si éste les genera un daño psicológico, a su honor o por razones del derecho a la identidad, podrán cambiarlo sin tener que hacer un trámite judicial.
De esta manera se dará la posibilidad al ciudadano mayor de edad, por única vez, de decidir voluntariamente cambiar su identidad por la vía administrativa ante el Servicio de Registro Cívico (Serecí)
El proyecto fue socializado en 2022 con instituciones y organizaciones de distinto ámbito, entre las que destacan el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyu (Conamaq), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Colegio de Abogados de La Paz. Además de los directores departamentales del Serecí.
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