La Paz, 28 de enero de 2023 (ABI). - La Defensoría del Pueblo expresó este sábado su preocupación por las agresiones físicas y psicológicas que vivió un niño de tres años de edad en la guardería privada “Garden House”, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y exigió a las gobernaciones garantizar espacios libres de violencia y maltrato hacia esa población.
“La Defensoría del Pueblo exige a todos los Gobiernos Autónomos Departamentales a velar de forma permanente el adecuado funcionamiento de todas las entidades de atención a niñas y niños, y que garanticen espacios libres de violencia y maltrato hacia esta población”, cita parte de un comunicado emitido por la entidad.
De acuerdo con la denuncia de la madre, el niño de tres años “era atado y amordazado”. Además, otros padres de familia se sumaron a esta delación inicial en contra del mismo centro infantil.
La entidad recordó que la “Constitución Política del Estado señala que es responsabilidad del Estado garantizar la primacía de las niñas y niños en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, así como de sancionar cualquier forma de violencia en contra de esta población”.
Pero, además, refirió que “conforme a las competencias señaladas en el inciso l) del Artículo 182 del Código Niño Niña y Adolescente, corresponde a los Gobiernos Autónomos Departamentales acreditar y supervisar a las instituciones privadas de atención a niñas, niños y adolescentes a nivel departamental”.
En consecuencia, enfatizó que “son las instancias responsables de velar porque las guarderías y centros infantiles integrales brinden una adecuada atención, mediante infraestructura y equipamiento adecuados, personal calificado y capacitado en el área de su competencia, con la finalidad de garantizar el desarrollo integral de las niñas y niños en un entorno afectivo, seguro y libre de violencia”.
Parte de estas funciones implica la evaluación biopsicosocial a las y los educadores y en general a todo el personal de estos centros. Además, los profesionales deben ser idóneos para la atención de niñas y niños que pudieran tener algún tipo de discapacidad, apunta el documento de la Defensoría del Pueblo.
La entidad anunció que “realizará verificaciones a otras instituciones educativas, con la finalidad de velar por los derechos de las niñas y niños, y estricto seguimiento en el caso del niño afectado hasta restablecer su salud emocional y que los responsables sean sancionados”.
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