La Paz, 30 de mayo de 2022 (ABI).- El abogado y constitucionalista Israel Quino explicó este lunes que la solicitud procedimental presentada por la defensa de la exsenadora Jeanine Áñez sólo es un acto que busca dilatar aún más el proceso en su contra, pero que no cambia el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la acción de inconstitucionalidad concreta que tenía el objetivo de impedir la sentencia en el caso Golpe de Estado II.
El jurista, en una entrevista concedida a la ABI, dijo que ese acto procesal deberá ser respondido por el TCP en un plazo máximo de 48 horas para no dilatar más el juicio.
Quino explicó que con ese mecanismo la defensa de Áñez sólo busca que el TCP “precise o aclare el concepto oscuro, que se corrijan errores materiales y, en la complementación, se subsane alguna omisión que la parte considere”, sobre su decisión.
“No es un recurso jurídico ni es un recurso ordinario ni constitucional, es un acto procesal de solicitud de las partes al Tribunal Constitucional para que aclare, enmiende y complemente (su respuesta al recurso de inconstitucionalidad que fue rechazado)”, dijo.
El abogado constitucionalista indicó que la defensa de Áñez puede recurrir a varios mecanismos y acciones para dilatar el proceso, tanto en la vía ordinaria y constitucional; sin embargo, recalcó que sólo será para postergar el proceso.
“Entonces lo que corresponde seguramente será que las autoridades competentes se pronuncien de manera inmediata para evitar dilatar más este juicio, porque si no ingresarían en la vulneración de un principio fundamental del procedimiento penal boliviano, que es el de continuidad”, agregó.
Recordó que “un juicio oral es público, contradictorio, pero además es continuo, entonces significa que no se puede interrumpir de manera discrecional”.
Hasta la fecha, Áñez presentó alrededor de 50 acciones legales para dilatar el proceso por los casos Golpe de Estado I y II. Se trata de apelaciones, impugnaciones, nulidades, acciones de libertad, acciones de amparo constitucional, entre otros.
La exsenadora es acusada por la presunta comisión de los delitos incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las leyes tipificadas en los artículos 154 y 153 del Código Penal.
En ese caso, iniciado a finales de julio de 2021, están involucrados el exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce, el excomandante Pastor Mendieta (Ejército), excomandante de la Policía, Yuri Calderón y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, los dos últimos prófugos.
Los exjefes: el general Gonzalo Terceros (Fuerza Aérea) y el almirante Palmiro Jarjury (Fuerzas Armadas) se declararon culpables, se sometieron a un procedimiento abreviado y fueron sentenciados a tres años de cárcel.