La Paz, 31 de mayo de 2022 (ABI).- La Fiscalía de Chuquisaca informó este martes que se amplió la acusación formal contra los militantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por los destrozos que cometieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en 2020.
Ahora, dos integrantes más del grupo irregular armado, que causó temor en la población desde noviembre de 2019, están con acusación formal y ya fueron notificados.
Se trata de Mario S.S. y Ayda R. L.T. Ambos son acusados por los delitos de organización criminal, deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, entre otros.
“Presuntamente participaron en calidad de cómplices en los destrozos a la Fiscalía General del Estado en octubre de 2020”, informó el fiscal de materia a cargo del caso, Javier Ángel Gorena.
En conferencia de prensa, señaló que el próximo lunes 6 de junio vence el plazo para que los imputados presenten sus descargos.
Adelantó que el próximo martes solicitará a la autoridad jurisdiccional fije fecha para el auto de apertura del juicio oral contra los sindicados.
Aseveró que se cumplió con la notificación formal a Yassir Molina quien guarda detención preventiva en Oruro y a Milena Soto quien tiene detención domiciliaria en Cochabamba. Ambos fueron inidentificados por liderar el grupo irregular en el departamento de Cochabamba y recorrer el país para ampliar su influencia en otras regiones.
“A la fecha se ha notificado también a los últimos coacusados Yassir Molina y Milena Soto (…) su plazo vence este 6 de junio de 2022”.
En este proceso, Yassir Molina es señalado como líder del grupo irregular RJC y es acusado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal con relación a delito de destrucción, deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad, fabricación ilícita, tenencia y porte, portación ilícita, atentado contra bienes públicos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado.
En tanto, Milena S. L., Mario A. B. R., Fabio A. B. R. son sindicados en su calidad de cabecillas de esta organización irregular.
El inmueble de la Fiscalía General del Estado es considerado el patrimonio arquitectónico de Sucre. En noviembre del 2020, un grupo de personas causó daños al frontis de la edificación de la FGE.
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