La Paz, 20 de octubre de 2023 (ABI). – El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, remarcó este viernes que serán las investigaciones del Ministerio Público, las que determinarán el grado de responsabilidad y si la conducta que asumieron los imputados en el caso denominado "Paro de 36 días", se adecuó a algún ilícito.
“El Ministerio Público lleva adelante la investigación para establecer las responsabilidades de todas aquellas personas involucradas, será el proceso de investigación y los elementos probatorios, que se lleguen a colectar en este periodo, los que puedan demostrar la responsabilidad de las personas imputadas”, explicó Lanchipa.
La Fiscalía presentó la resolución de ampliación de imputación formal en contra del expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar; el vicerrector Reinerio Vargas, y el exasesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan porque fueron los promotores del violento paro cívico en 2022.
Enfatizó que el Ministerio Público tiene la labor constitucional de investigar “todos aquellos hechos punibles”.
El proceso fue activado por el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta. En este caso, también es investigado el encarcelado gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, quien guarda detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I.
Según las personas investigadas, Cuellar, Vargas y Santistevan, el proceso es parte de una “persecución política”; sin embargo, diversos sectores sociales destacaron que los promotores del paro hayan sido imputados por sus acciones entre octubre y noviembre de 2022.
En su momento, las personas imputadas integraron el desaparecido Comité Interinstitucional por el Censo, y ahora son investigadas por los delitos de “terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, asociación delictuosa, perturbaciones”, entre otros.
Aquella medida extrema impuesta por los cívicos fue caracterizada por la violencia de grupos radicales, en los puntos de bloqueo se provocaron casos de extorsión, lesiones graves y gravísimas entre quienes estuvieron a favor y en contra de la medida que exigía censo en 2023.
GMM/Afbs