Víctimas de Senkata: “Estamos apenados”, Jeanine Áñez aún no es juzgada por muertes en 2019

Víctimas de Senkata: “Estamos apenados”, Jeanine Áñez aún no es juzgada por muertes en 2019

“Estamos apenados”, admite Gloria Quisberth, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, porque un posible juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez en la Asamblea Legislativa por los sucesos violentos ocurridos en noviembre de 2019, que dejaron en el país al menos 36 muertos por armas de fuego, “no avanza”.

“Hasta el momento, ella no está siendo juzgada por las muertes durante su gobierno”, remarca.

“Esa es nuestra pena”, insiste la joven representante de las víctimas al recordar que los procesos en la justicia ordinaria instaurados a Áñez guardan relación más con asuntos administrativos pero que no abordan la violación de derechos humanos durante su gestión, como “los  fallecidos por armas de fuego en Senkata, Sacaba, Pedregal, los heridos por bala y las detenciones ilegales”.

“No hay juicio de responsabilidades, no hay sospechosos, ni detenidos, ni se identificaron a los responsables de las muertes”, lamenta y agrega: “Las muertes tienen que ser esclarecidas, esa es una obligación del Estado”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, exhortó en su momento a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, líderes de la oposición, a que sus bancadas parlamentarias apoyen el juicio en la Asamblea Legislativa.

“Quiero hacerles la exhortación para que puedan otorgar a las víctimas el derecho a la justicia”, dijo el funcionario en el acto de la firma del plan y la instalación de la mesa de seguimiento a las recomendaciones del  Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la violencia de 2019.

La Asamblea aprobó en octubre de 2020 un informe que recomienda un juicio de responsabilidades a la mandataria inconstitucional  y a 11 ministros de su primer gabinete por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.

“Soy inocente de sus acusaciones, sólo pido una investigación imparcial”, publicó la exmandataria en su red social de Twitter tras  la decisión parlamentaria.

El juicio de responsabilidades incluye, además de Áñez, a Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia), Arturo Murillo (Ministro de Gobierno), Fernando López (Ministro de Defensa), José Luis Parada (exministro de Economía), Álvaro Guzmán (exministro de Energía), Yerko Núñez (Ministro de la Presidencia), Álvaro Coímbra (Ministro de Justicia).

Esa nómina también está integrada por María Elva Pinckert (Ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (exministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación) por la firma del Decreto 4078 y las muertes que ocurrieron en Sacaba, Cochabamba; Senkata, La Paz y Yapacaní , Santa Cruz.

Áñez y su gabinete habían firmado el Decreto Supremo 4078, que eximía de eventuales juicios penales a los militares, que luego de los operativos conjuntos fue abrogado.

Asimismo, el informe recomienda juicio ordinario al excomandante departamental de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita; al comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuéllar; al excomandante departamental de la Policía en La Paz, Iván Rojas; al comandante de Acción Conjunta, Franco Suárez.

Además, se sugiere un similar proceso contra el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas  Williams Kaliman, por haber autorizado la salida de los militares en los hechos de Ovejuyo y Betanzos; al comandante general de la Policía, Rodolfo Montero, y al comandante de las FFAA, Sergio Orellana.

Varios excomandantes están prófugos de la justicia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, tras la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Áñez  incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019 en el barrio alteño de Senkata y en Sacaba, Cochabamba.

Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” tras el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción Áñez a la Presidencia  y que dejaron al menos 36 muertos por amas de fuego, la mayoría de ellos en Senkata y Sacaba.

 


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