El presidente Luis Arce informó este jueves que envió a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley Contra el Acoso Laboral, problemática que calificó como un atentado contra los derechos y la integridad de los trabajadores.

“El acoso laboral constituye un atentado contra los derechos y la integridad de las y los trabajadores. Por tanto, hemos enviado al Legislativo un Anteproyecto de Ley Contra el Acoso Laboral, que permitirá prevenir, atender y sancionar ese tipo de conducta”, escribió en su cuenta de Twitter.

En esa línea, la semana pasada la ministra de Trabajo, Verónica Navia, recordó que se encuentra en plena vigencia la Resolución Ministerial contra el acoso laboral para que las trabajadoras puedan realizar su denuncia.

“Se ha aprobado que cualquier compañera trabajadora que sufra de acoso laboral pueda dirigirse a las oficinas de la Jefatura Departamental del Trabajo que son las instancias competentes de relacionamiento directo con los trabajadores. Ahí pueden presentar su denuncia e iniciar con un procedimiento administrativo”, explicó Navia.

La norma, aprobada el 8 de marzo, establece medidas protectivas para las trabajadoras, además de recomendaciones para que se genere un espacio apto para el desarrollo laboral de las afectadas.

El presidente Luis Arce informó este jueves que se envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un anteproyecto de Ley para ampliar el alcance del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales provistos desde el exterior.

En su cuenta de Twitter, la autoridad hizo saber que se envió "a la Asamblea Legislativa Plurinacional el Anteproyecto de Ley para modificar la Ley 843 y ampliar el alcance del IVA a los servicios digitales provistos desde el exterior".

"Las grandes firmas que comercializan servicios digitales en #Bolivia, desde el exterior, deben tributar en igualdad de condiciones que las empresas que operan en territorio nacional", escribió. 

La Ley 843, entre otros aspectos, crea en todo el territorio nacional el denominado Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y las importaciones definitivas.

Esa ley considera venta toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin).

"También se considera venta toda incorporación de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 3° de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o socios de las sociedades de personas", agrega el texto de la Ley 843 difundido en el sitio web https://www.impuestos.gob.bo/pdf/LEY-843-28-11-14.pdf.

El vicepresidente David Choquehuanca destacó la importancia de la comunicación y el diálogo en el marco de la recuperación de los saberes ancestrales y respeto a los derechos de la Madre Tierra.

La autoridad participó este jueves en la Conferencia Internacional “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como Acuerdo de Escazú.

"Es importante escucharnos, es importante lo que nuestra Wiphala ha preservado, un código: obligación de comunicarnos, obligación de dialogar", sostuvo.

Pidió rescatar y despertar otros códigos como el "Kawana" o el mirar más allá de lo que nuestros ojos ven.

Choquehuanca destacó la urgencia de trabajar en normas y acuerdos para proteger los derechos humanos, pero especialmente para proteger los derechos de la Madre Tierra, la cual está herida de muerte, lo que pone en riesgo la vida y la misma naturaleza.

"Tenemos que aprender a movernos de acuerdo a las leyes de la naturaleza", exhortó la autoridad, quien instó a fortalecer la cultura de cuidado a la vida.

Destacó que gracias a los esfuerzos del país y al apoyo internacional, ahora la Madre Tierra pasó de ser un objeto a ser un sujeto de derecho.

De esa manera, el Vicepresidente participó en la conferencia sobre el Acuerdo de Escazú, pacto adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Este convenio es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, informó este jueves que remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un anteproyecto de ley de modificación de la Ley N° 843 de Reforma Tributaria, para que empresas extranjeras de servicios digitales paguen impuestos en Bolivia.

“Enviamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional el Anteproyecto de Ley para modificar la Ley 843 y ampliar el alcance del IVA a los servicios digitales provistos desde el exterior. Las grandes firmas que comercializan servicios digitales en #Bolivia, desde el exterior, deben tributar en igualdad de condiciones que las empresas que operan en territorio nacional”, publicó en su cuenta de Twitter.

De este modo, Bolivia se sumaría a los distintos países de la región que han adoptado una regulación para los proveedores de servicios digitales over-the-top, o plataformas OTT, por la vía de reformas tributarias. Tal es el caso de Colombia, Argentina y Uruguay.

Según reportes de prensa, en Colombia, la reforma tributaria de 2016, instaló la aplicación del 19% del IVA para todas las empresas extranjeras que ofrecen servicios digitales en el país. Sin embargo, recién en junio de 2018 se hizo público el decreto reglamentario que comenzó a regir a partir de julio de 2019.

En Argentina, también a través de la Ley 27.430 de 2017 de reforma tributaria, se implementó el pago del 21% del IVA a las plataformas digitales extranjeras y las tarjetas de crédito funcionan como agente de retención.

En Uruguay, el Poder Ejecutivo aprobó en 2017 la Ley N°19.535 de Rendición de Cuentas en la que definió que los proveedores de servicios digitales extranjeros que prestan servicios en el país deberían pagar IVA e IRNR. Esta ley se reglamentó en mayo de 2018, mediante el Decreto N°144. Luego, la resolución N° 9270/2018 de la Dirección General Impositiva (DGI) dispuso que las empresas tecnológicas extranjeras que brindan servicios digitales en Uruguay pueden pagar sus impuestos en dólares y sin necesidad de designar un representante legal en el país.