México y Bolivia acordaron fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y reconocieron el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su investigación de las masacres de Senkata y Sacaba por parte del gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Asimismo, determinaron dar un impulso a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como actor crucial para fomentar la concertación política y la integración regional, impulsando el tratamiento de temas relevantes para la región, en el marco del Plan de Trabajo que estableció México, como Presidencia Pro Témpore, para 2021.

Estas decisiones se tomaron en la reunión de los coordinadores de Bolivia y México ante la CELAC en fechas 9 y 10 de marzo en del diálogo y fortalecimiento de los procesos de integración regional y subregional. El Viceministro de Relaciones Exteriores y Coordinador Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, Embajador Erwin Freddy Mamani Machaca y el Director General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y Coordinador Nacional de México ante la CELAC en su calidad de Presidencia Pro Témpore, Efraín Guadarrama Pérez, participaron de encuentro.

Ambos hablaron de la posición conjunta que tomarán los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Luis Alberto Arce Catacora respecto al carácter técnico de las Misiones de Observación Electoral promovidas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Mamani Machaca agradeció a México las acciones que derivaron en el rescate del expresidente Evo Morales Ayma y en la protección de colaboradores cercanos, acorde a la normativa internacional aplicable.

Ambas autoridades ratificaron la importancia de que tomen acciones para evitar el acaparamiento de las vacunas e insumos médicos para prevenir y reducir la transmisión de COVID-19, poniendo especial énfasis en países en desarrollo.

Reconocieron que uno de los impactos de la pandemia es la existencia de países con alto endeudamiento y dificultad de pagar la deuda externa, por lo que es imperativo un acuerdo global de alivio a la deuda en favor de los países en desarrollo, que contemple la recuperación económica y el crecimiento sostenible de los pueblos y la transformación democrática de los organismos financieros mundiales.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, expresó este miércoles su solidaridad con la periodista de la Red Patria Nueva, Jeruslava Ojeda, que fue agredida por una militante de la agrupación ciudadana Voces del municipio de La Guardia, cuando realizaba la cobertura de vigilias instaladas por militantes de algunos partidos políticos en el exterior del centro de cómputo instalado en la Feria Exposición de Santa Cruz.

“Nos solidarizamos con la periodista Jeruslava Ojeda, colega de la Red Patria Nueva, quien fue agredida en Santa Cruz.  Reprochamos cualquier tipo de agresión hacia las y los trabajadores de la prensa y reafirmamos la defensa de la libertad de expresión”, escribió en su cuenta de Twitter.

En ese marco, la autoridad de Estado convocó a los partidos políticos a esperar los resultados oficiales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) “en respeto y convivencia pacífica”.

“Al momento de estar grabando, una mujer con polera naranja, empieza a agredirme, me da un puñete en la cara. También me araño el brazo. Le mostré mi credencial de prensa y aun así no me hizo caso y me intentó quitar mi celular”, relató Ojeda.

Mencionó que varios de sus colegas periodistas y partidarios del Movimiento Al Socialismo intervinieron y la “pudieron rescatar de esa mujer”.

“La verdad no sé qué me hubiera hecho, estaba muy molesta la señora porque le estaba grabando”, aseveró.

La periodista manifestó que quedó con el brazo “completamente arañado” y con dolor en el rostro por el golpe que recibió de la agresora.

El 10 de marzo de 2020 fueron confirmados los primeros casos de COVID-19 en Bolivia, días después el régimen de Jeanine Áñez estableció una cuarentena rígida seguida de improvisadas medidas, a diferencia del Plan Estratégico de Lucha contra el COVID-19 que implementó el Gobierno del presidente Luis Arce basado en tres pilares: diagnóstico temprano, coordinación a todo nivel y vacunación masiva.

“La primera ola estuvo caracterizada por una sola estrategia: la cuarentena rígida, que bien ha podido tener su efecto sobre el sistema sanitario, y como tal no podemos negar el grave efecto que ha tenido para con la economía del país, la afectación no solamente de la economía del país, sino del pueblo boliviano ya que se ve que gran parte de nuestro porcentaje poblacional se dedica a la informalidad”, señaló el ministro de Salud, Jeyson Auza, en una evaluación de la pandemia en Bolivia.

Indicó que en la primera ola se registró un total de 144 mil casos, versus esta segunda ola en la que se reportaron 110 mil casos. “Hay que analizar de que esta segunda ola ahora ha tenido mayor ritmo de contagio, mucho mayor al de la primera ola”, señaló.

Asimismo, detalló que en la primera ola se registraron 8.949 fallecidos; mientras que en la segunda se reportaron 2.896 fallecidos.

“Y esta diferencia es fundamental porque la letalidad ha sido mucho menor en esta segunda ola, tres veces menor, porque la tasa de letalidad en la primera ola era de 6.2 y la tasa de letalidad en esta segunda ola que estamos superando es de 2.6”, informó el Ministro.

En ese marco, Auza destacó que en la segunda ola se aplicó un Plan Estratégico de Lucha contra el COVID-19 basado en tres pilares: el diagnostico gratuito y accesible, la coordinación estrecha con los gobiernos subnacionales y el proceso de vacunación.

En esa dirección, el Ministro de Salud aseveró que el país se encuentra en un proceso de desescalada de casos, sin la aplicación de cuarentena rígida.

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos presentó la Subasta Electrónica y Mercado Virtual Estatal como buenas prácticas de la lucha contra la corrupción, durante la Trigésima Quinta Reunión de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Mecanismo de Seguimiento de su implementación, encuentro que se lleva a cabo de manera virtual desde el 8 de marzo hasta el próximo jueves.

“La Subasta Electrónica es una plataforma donde las empresas y personas naturales competirán en tiempo real, con la presentación de ofertas económicas cada vez más bajas, a fin de ser adjudicadas en procesos de contratación del Estado”, se lee en parte de la presentación que realizó la autoridad.

De acuerdo con un boletín institucional, la Convención y el Mecanismo de seguimiento se constituyen en uno de los principales instrumentos de cooperación para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en Las Américas.

En 1996, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptaron ese primer instrumento jurídico internacional anticorrupción y en 2002 pusieron en marcha el mecanismo que evalúa su cumplimiento.

La buena práctica diseñada por el Ministerio de Economía y presentada por la Viceministra Ríos ante los Estados Parte, permite eliminar la cultura del papel; también impulsa y prioriza la producción nacional; fomenta la competitividad entre los proponentes; facilita la participación de proveedores a nivel nacional, eliminando barreras geográficas y físicas; y transparenta los procesos de contratación del Estado.

Asimismo, genera ahorro en gastos administrativos, logísticos, tiempo y otros, tanto para empresas como para entidades públicas; y permite a las entidades públicas obtener las mejores condiciones del mercado.

En enero pasado, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4453 por el cual se crea la Subasta Electrónica y el Mercado Virtual Estatal para que las empresas y personas naturales puedan ofertar sus bienes a las entidades públicas, para convocatorias que se publiquen en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

Con la Subasta Electrónica se moderniza los procesos de adquisición de bienes del Estado, pero también se garantiza la transparencia en la oferta y adquisición de bienes, bajo los lineamientos de la lucha contra la corrupción.

La plataforma permite que las personas y empresas naturales puedan competir en tiempo real con la presentación de ofertas económicas bajo niveles de seguridad en el marco de la modernización de las compras estatales.