El Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, explicó este domingo que el proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria busca garantizar el acceso a la salud para el pueblo boliviano. Dijo que los temas de constitucionalidad en el país deben regirse en un ámbito que genere protección a ese derecho ante la segunda ola de contagios del COVID-19.

La Cámara de Diputados aprobó el viernes el proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria que incluye medidas para enfrentar la segunda ola de contagios del COVID-19. Posteriormente, remitió la norma a la Cámara de Senadores para su respectivo tratamiento.

“Los temas de constitucionalidad en el país tienen que regirse por un ámbito que genere la protección de la salud como valor fundamental de los bolivianos. Esto amerita que analicemos toda la situación de las competencias autonómicas, en el marco del Protocolo de San Salvador, de la Constitución Política del Estado y, especialmente, de las sentencias constitucionales”, indicó el ministro Lima en entrevista con el programa Asuntos Centrales al explicar los alcances del proyecto de ley.

Respecto a las competencias del Gobierno nacional, el Artículo 22 del proyecto establece que “de manera temporal y únicamente cuando éstas se hallen rebasadas en su capacidad de respuesta, esta avocación, será de forma provisional, en el marco de la misión constitucional de garantizar el derecho a la salud”.

En referencia a sectores que se oponen a la norma, aseguró que no existe vulneración a lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), ni en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” o en los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas de las entidades territoriales autónomas, porque la medida es temporal y aplicable únicamente ante la imposibilidad de brindar atención adecuada en salud.

“Al Artículo 22 impone un mandato de protección, no a los gobiernos subnacionales que tengan todas las condiciones de garantizar la salud del pueblo boliviano, ni a los municipios del eje central. Está pensado para todos aquellos municipios que en algún momento no tengan las condiciones de garantizar la salud”, explicó.

Aseguró que las competencias autonómicas no están en riesgo. “Este Artículo tiene que ser analizado en un contexto general, la prioridad en este momento es la salud del pueblo boliviano”.

Si bien el proyecto de Ley también prevé la conformación del Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias, integrado por 11 carteras de Estado, Lima remarcó que el Artículo 8 tiene establecido que pueda convocarse en cualquier momento a entidades públicas o privadas a objeto de realizar consultas técnicas de acuerdo con la temática a tratar, y puso como ejemplo el caso de los colegios médicos y de las sociedades científicas que tendrán el escenario para dar recomendaciones y lineamientos. 

Indicó que no existe motivo para llevar adelante un paro en salud a partir del lunes en rechazo al proyecto normativo e invitó a continuar el debate del mismo en las instancias legislativas, reconociendo que se deben hacer ajustes, pero remarcando, que es una necesidad poner en vigencia la norma para enfrentar de manera unificada y planificada la pandemia del COVID-19.

El ministro de Educación, Adrián Quelca, confirmó este domingo la vigencia de una tabla de descuentos entre el 10%, 25% y 35% para el pago de pensiones en colegios particulares, mientras dure la aplicación de la modalidad de enseñanza a distancia por la pandemia del COVID-19.

En conferencia de prensa en la ciudad de Tarija, la autoridad explicó que la determinación fue acordada en una reunión con los representantes de los colegios privados.

“Ya se ha instruido al Viceministro de Educación Regular para que emita la circular y el instructivo correspondiente para que todas las unidades educativas privadas en el país puedan reducir el cobro de pensiones”, aseveró.

En ese marco, Quelca dijo que el 10% de descuento regirá para los colegios privados con mensualidades hasta los 500 bolivianos.

El 25% se aplicará para las unidades educativas que exigen montos de pago entre los 501 y 1.000 bolivianos, añadió.

“Y hay unidades educativas grandes cuya mensualidad va por encima de los 1.501 bolivianos. En estas unidades educativas particulares el descuento deberá ser del 35 por ciento”, aseveró.

La autoridad gubernamental recordó que la decisión sobre cambios en las modalidades de pago de las pensiones escolares se tomará cuando se retorne a la educación semi presencial y presencial.

El presidente ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, realizó inspecciones sorpresa este fin de semana en las carreteras del departamento de Beni, con el fin de verificar si varias empresas contratadas cumplen con su mantenimiento.

“Estamos haciendo inspecciones sorpresa, de manera que podamos ver si las empresas están en el lugar o no y si están activando el mantenimiento que corresponde en cada tramo”, informó desde Yucumo, citado en un boletín institucional.

La autoridad ejecutiva y técnicos especialistas de la ABC pasaron por las localidades de Caranavi y Quiquivey del norte de La Paz hacia Yucumo y San Borja en el departamento del Beni.

“Es la primera vez que vemos por estas tierras a un presidente de la ABC en persona”, dijo Carmela Montero, quien se acercó a la comitiva para ofrecerles la bienvenida y expresó que las carreteras de ese sector estaban abandonadas.

En ese sentido, el titular de la ABC explicó a los pobladores que es instrucción del presidente Luis Arce dar prioridad al mantenimiento de las carreteras, en especial en esta época de lluvias.

“Las precipitaciones están causando muchos derrumbes en las carreteras de Quiquivey hacia Yucumo y nos estamos trasladando hacia san Borja haciendo una inspección donde hemos encontrado carreteras abandonadas en el cual se está tomando acciones como el mantenimiento en este tramo Yucumo-San Borja”, indicó.

Sin ningún anuncio, un equipo de expertos liderado por el presidente de la ABC realizó inspecciones la pasada semana en el norte de La Paz, por los sectores de Guanay y Mapiri, e instruyó la realización de acciones y medidas inmediatas en apoyo a las víctimas de inundaciones.

El presidente Luis Arce inaugurará este lunes, 1 de febrero, la gestión educativa 2021 en el colegio “Pedro Rivera”, situado en la comunidad San Andrés del departamento de Tarija.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Educación, la presente gestión escolar se realizará bajo tres modalidades: presencial y semipresencial, en lugares donde no haya incidencia de casos, y a distancia para aquellos municipios que registran casos de COVID-19.

La pasada semana, el ministro de Educación, Adrián Quelca, afirmó que la modalidad a distancia se aplicará en la mayor parte del país para precautelar el bienestar de estudiantes y maestros.

Por ello se diseñaron cuatro componentes que garantizarán el acceso gratuito e irrestricto a la educación para todos: una plataforma educativa Moodle, la franja de tele y radio-educación “Educa Bolivia” y textos de aprendizaje.

Sostuvo que la combinación de los cuatro componentes que apuntalan la modalidad a distancia hacen que la política educativa aplicada en Bolivia sea singular y se diferencie de lo hecho en otros países, que basaron sus políticas en la educación virtual, método que no puede aplicarse en el país por las limitantes de conexión existentes.

En la inauguración de la gestión escolar también se entregará una moderna infraestructura para el colegio “Pedro Rivera”, con una inversión de 7,8 millones de bolivianos, provenientes del programa “Bolivia Cambia”.