La Paz, 06 de junio de 2025 (ABI).- La decisión de un juzgado de Potosí de levantar la paralización de los contratos de litio, suscritos entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y las empresas Uranium One Group y CBC, es la tercera ofensiva que reciben las entidades privadas, entre fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), que promueven la oposición a dichos contratos.
El dirigente de la Central Provincial Nor Lípez del departamento de Potosí, Freddy Juárez, manifestó en un medio local que, entidades como la Fundación Solón, se habrían puesto de acuerdo en rechazar los contratos de litio, sin conocer la realidad en la que viven las comunidades.
“Estas entidades vienen a oponerse al desarrollo, no viven en la región, probablemente estén sacando recursos económicos de Estados Unidos para decir que están trabajando a favor de las comunidades. Yo quiero hacer una denuncia pública: la Fundación Solón está detrás de estas acciones, en concomitancia con estos dirigentes”, denunció Juárez, citado en un reporte de prensa institucional.
Juárez aseguró que varias comunidades quieren inversiones y fuentes de empleo para su región.
Precisamente, la Fundación Solón, a través de sus publicaciones en redes sociales, coordinó y acompañó a dirigentes de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL) a solicitar, ante el juzgado potosino, la Acción Popular para frenar los contratos de litio, según el reporte institucional.
Dicho juzgado denegó la tutela, bajo el argumento de que no existe vulneración de derechos de las comunidades circundantes al Salar, puesto que dichos contratos aún no fueron aprobados por la Asamblea Legislativa, mientras tanto, no tienen vigencia.
La primera ofensiva a estas organizaciones que se oponen a los contratos, fue cuando el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), realizara varias presentaciones públicas en las que difundió datos sobredimensionados sobre el consumo de agua para los proyectos de litio, que, luego de recibir observaciones, terminaron admitiendo errores en sus cálculos.
Luego, la misma entidad divulgó que los recursos de litio, existentes en el Salar de Uyuni (21 millones de toneladas métricas) no estaban certificadas, sin embargo, la estatal YLB desvirtuó tal afirmación, señalando que Bolivia cuenta con la certificación emitida el 2018, por la consultora internacional SRK Consulting, bajo la norma canadiense NI 43-101.
nj/CC