El diputado Omar Yujra, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja, explicó que el régimen de facto de Jeanine Áñez permitió el desembolso del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), situación que fue al margen de la norma jurídica.
El legislador fue entrevistado este martes en el programa 180, de radio Patria Nueva, respecto a las reacciones de sectores opositores que quieren hacer creer que la justicia persigue a exautoridades de Jeanine Áñez por razones políticas.
El lunes, la Fiscalía ordenó la aprehensión del exviceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, por el caso del crédito ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizado en la gestión de Jeanine Añez.
Al respecto, Yujra explicó que el dinero del crédito otorgado por el FMI fue depositado en el mes de abril sin la promulgación de una Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como establece la Constitución Política del Estado, convirtiéndose en ilegal.
Detalló que este crédito fue desembolsado sin tener las condiciones financieras, técnicas, ni jurídicas, pero cuenta con un contrato condicionado por el FMI que establece devaluar la moneda, disminuir el déficit y compromete gastos de las gestiones 2020-2021-2022 y 2023.
Señaló que el exministro José Luis Parada se comprometió a remitir la documentación para fundamentar el crédito, pero su viceministro Carlos Schlink "se salió por la tangente" y entregó un informe de tres hojas sin sustento ni documentación para la habilitación del crédito.
Semanas atrás, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional los requerimientos acusatorios contra Añez Chávez y contra sus excolaboradores, para juicios de responsabilidades por los casos Fundempresa, crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y violación a la libertad de expresión.
El caso del FMI involucra a Áñez, José Luis Parada Rivero, exministro de Economía y Finanzas Públicas y a Guillermo Aponte Reyes Ortiz, expresidente Ejecutivo del Banco Central de Bolivia.
Añez, Parada y Aponte fueron acusados por Resoluciones Contrarias a la Constitución y Conducta Antieconómica, cuando de manera ilegal y sin autorización de la ALP, a través del Decreto Supremo 4277 de 26 de junio de 2020, se dispuso la transferencia de recursos a través del IFR, para hacer efectivo el crédito de Bs 2.244.356.358,48 ante el FMI. Ese proceso generó desde el mes de abril, un daño patrimonial al Estado por cobro de intereses cuyo monto final asumido por el Estado ascendió a $us 24,3 millones, indica un reporte de prensa del Ministerio de Justicia.