La Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol) reinició este martes sus operaciones con la meta de producir 545.730 toneladas de cemento hasta diciembre para reactivar la economía orureña. En el acto oficial, participó el presidente Luis Arce.

“Este reinicio de nuestra planta de cemento no sólo ratifica nuestro deseo de reactivación de la economía orureña, sino también de la economía nacional, porque la calidad de cemento que vamos a producir y que estábamos produciendo es de altísima calidad”, aseveró el mandatario en su discurso durante el acto oficial.

La empresa fue creada el 9 de agosto de 2008, mediante el Decreto Supremo 29667, con el objetivo de implementar plantas de producción de cemento y derivados en el territorio nacional.

A partir de 2010, pasó a dependencia del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), entidad que apoya la puesta en marcha de las empresas estatales bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

La planta está en la comunidad de Jeruyo del municipio Caracollo, en la provincia Cercado del departamento de Oruro. La inversión estatal para su reactivación es de Bs 52.082.813. Se prevé que esta empresa genere 229 empleos directos y 1.500 indirectos.

“Nuestro Ministro de Desarrollo Productivo (Néstor Huanca) nos informaba la situación en la que estaba nuestra Ecebol, como muchas de nuestras empresas públicas que habíamos, con tanto sacrificio, esfuerzo, trabajo y recursos, invertido durante 14 años de nuestro primer gobierno, y lamentábamos la situación en la que estábamos encontrando nuestras empresas que, básicamente, estaban paralizadas. No se producía un gramo de cemento y se seguía erogando recursos y se estaban comiendo el capital”, dijo el presidente Arce.

Las operaciones de Ecebol fueron paralizadas durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez en marzo de 2020, con una producción mínima de 5%.

Según las proyecciones, con la reactivación se podrá abastecer la demanda actual de las áreas urbana y rural, concentrada en las ciudades de El Alto, Oruro y Cochabamba, ampliando nuevos mercados hacia el sur y oriente del país.

Se prevé alcanzar las metas establecidas en el plan operativo anual para la utilización del 80% de la capacidad de producción y que, a corto plazo, se amplíe el mercado nacional y, en el mediano plazo, el mercado internacional.

El gerente de Redes de Gas y Ductos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Roberto Aldayuz, informó este lunes que esa entidad invertirá cerca de Bs 920 millones este año para la instalación de cerca de 90.000 conexiones de gas domiciliario, como parte del plan gubernamental de reactivación de la economía nacional.

“Este año tenemos una meta de casi 90.000 instalaciones (…). Como inversiones vamos a llegar a cerca de los Bs 920 millones”, dijo en una entrevista con Bolivia TV.

Según Aldayuz, el trabajo planificado dará continuidad a un proceso que estaba en curso en 2019, pero que fue truncado el año pasado por el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

En ese contexto, detalló que el proceso se efectuará en seis distritos habilitados en todo el territorio nacional.

Mencionó que entre sus principales tareas estará la conexión de redes primarias y secundarias de 7.500 instalaciones durante los próximos cinco años en el Gran Chaco.

“Uno de ellos, el más grande se ventila, por ejemplo, en Santa Cruz. Vamos a terminar de colocar Juntuma en La Paz, tenemos Ecebol en Potosí, tenemos la Red de Camargo en Chuquisaca, en Potosí vamos a llegar a Sepulturas. Tenemos muchísimo por hacer este año”, aseveró.

La autoridad estatal manifestó que esa entidad está en el desarrollo de los procesos de contratación, por lo que se tendrá “una generación de empleo grande” que contribuirá a la reactivación de la economía nacional.

El presidente Luis Arce participó este lunes en el acto oficial del reinicio de obras de redes de gas domiciliario en el municipio de Villa Montes en el departamento de Tarija. El objetivo es impulsar la reactivación económica en la región.

Desde el 8 de noviembre de 2020, con el nuevo gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), Bolivia ingresó en un proceso de reconstrucción nacional ante las crisis política, sanitaria y económica que dejó el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

“Lanzamos muchas medidas; entre ellas, la reactivación de la inversión pública que hoy, con nuestro brazo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), venimos a relanzar este programa de redes de gas para los barrios y especialmente para los más populares”, aseveró el mandatario en su discurso.

Se tiene el objetivo que YPFB sea la primera empresa del país en el sector de distribución de gas por redes de Villa Montes, mediante la apertura de oficinas para la atención de usuarios en la capital de la segunda sección de la región chaqueña. 

Uno de los primeros barrios en beneficiarse con las nuevas redes de gas es Bilbao Rioja, que hoy fue visitado por el mandatario. El trabajo de las instalaciones se realizará de manera paulatina en diferentes zonas del municipio.

Arce se encuentra en Villa Montes y cumple una agenda en el marco de la conmemoración de los 86 años del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. El conflicto bélico duró entre el 9 de septiembre de 1932 y el 14 de junio de 1935 por el control del Chaco boreal.

“Reactivamos, en el departamento, la inversión pública, poco a poco. Tarija y el Chaco boliviano tienen que salir gradualmente de esa recesión profunda que nos llevó una mala gestión en la Gobernación y, también, los malos manejos de 11 meses de un Gobierno de facto que lo único que hizo fue endeudar al país, usufructuar los recursos estatales y tomar como un botín de guerra a nuestras empresas públicas”, cuestionó Arce.

La directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), Brenda Lafuente, informó este lunes que se identificó el segundo caso de corrupción en esa entidad, cometido en 2020 por exservidores públicos, en referencia al ilegal rechazo de solicitud de contrato minero del área “San Miguel de Huachi”, en La Paz. 

Según un boletín, en este hecho de corrupción está involucrado el exdirector departamental de la Ajam La Paz, Marcelo Laura; el exjefe de Otorgación de Derechos Mineros de la Departamental La Paz, Vladimir Poma; y el exanalista legal departamental, Diego Benavides, quien es hijo del diputado de Comunicad Ciudadana, José Guillermo Benavides.

"Diego Benavides fue aprehendido este lunes 14 de junio en base a las irregularidades presentadas en este caso y la Ajam continuará luchando contra los casos de corrupción y denuncias que afecten al Estado", según la institución.

Este caso que involucra a exautoridades y exservidores públicos de la Ajam, tiene como delitos cometidos el uso indebido de influencias, el incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las leyes.

En noviembre de 2012, la Cooperativa Minera Aurífera San Miguel del Carmen presentó ante la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) la solicitud de contrato de arrendamiento “San Miguel de Huachi”, que consta de 60 cuadriculas en los municipios de Alto Beni, La Asunta, Palos Blancos, provincia Caranavi y Sud Yungas del departamento de La Paz.

Posterior a la solicitud, Sergeotecmin, mediante informe técnico estableció que esta solicitud se encuentra en un área forestal. Entre 2012 y 2014 se suspendió el trámite por la vigencia de normas transitorias y entre 2015 y 2020 continuó la suspensión por ausencia de reglamentación específica y se remite el expediente a custodia de archivo.

“En la gestión 2020, oficiosamente se instruye el desarchivo del expediente, emitiendo un plazo de 15 días para subsanar los requisitos y en octubre de 2020 se dispone el rechazo de la solicitud CAM ‘San Miguel de Huachi’ para efectos de publicación en noviembre de la gestión pasada”, señala la institución.

Una vez liberada el área en el sistema y desde el día hábil siguiente, fue solicitada por la Empresa Minera Elusan S.R.L. y la Empresa Minera Golden Perls S.R.L.; sin embargo, al presente no existe normativa específica que permita la prosecución de los trámites que se encuentran en área forestal, quedando los mismos pendientes o supeditados, hasta que se cuente con una normativa o reglamentación especial para su continuidad.