El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón Morales, informó este jueves que la eficacia de la recaudación tributaria de mercado interno (MI) llegó al 107,75%, entre noviembre y diciembre de 2020, marcando un contraste con el 68,09% registrado de enero a octubre de la misma gestión, bajo el régimen de Jeanine Añez.

El informe forma parte de los datos presentados en la audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final - Gestión 2020 del SIN.

Según un boletín institucional, Cazón asumió la presidencia del SIN el 12 de noviembre del año pasado, y entre sus primeras medidas para reconstruir la institucionalidad de la administración tributaria se fijó la meta de alcanzar una recaudación de MI de Bs 4.189 millones en los últimos dos meses de 2020.

El SIN superó esa meta en 107,75%, porque la recaudación tributaria de MI, entre noviembre y diciembre del año pasado, llegó a Bs 4.514 millones; mientras que, de enero a octubre de 2020, la recaudación del MI solo llegó a Bs 19.707 millones, con una eficacia recaudatoria durante el régimen de Añez de solo el 68,09%, porque la meta de recaudación en ese periodo era de Bs 28.942 millones.

En total, la recaudación de MI llegó a Bs 24.221 millones el año pasado, cuando la meta era de Bs 33.131 millones; es decir que la eficacia en el cobro de tributos solo llegó a 73,11% debido a la “ineficacia” del gobierno de Añez en el cobro impositivo.

“Es decir, no lograron cumplir la meta, esto, básicamente, debido a que había una justificación, que era en este caso la pandemia, pero a partir de esa pandemia no realizaron ninguna gestión de cobro”, afirmó Cazón.

Según el titular del SIN, durante el régimen de Añez “lo que hicieron fue prorrogar el pago de los vencimientos y eso, por supuesto, ha afectado a la economía y ha afectado también a que el Estado no tenga los recursos necesarios” para distribuir entre las gobernaciones, municipios y universidades públicas.

La recuperación de la eficacia recaudatoria del SIN en los meses de noviembre y diciembre de 2020 también es señal de que la institución también está “recuperando” a sus contribuyentes, quienes “van nuevamente a las entidades financieras a pagar los impuestos que les corresponden”.

“Las actividades nuevamente se van aperturando, poco a poco, lo que va generando la recaudación y la reactivación de la demanda interna para el crecimiento de la economía”, agregó Cazón.

Entre los impuestos de MI se encuentran el Impuesto al Valor Agregado (IVA MI), Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), entre otros tributos que el SIN controla, recauda y fiscaliza.

La Directora General Ejecutiva del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), Rodney Perez Choque, denunció este jueves que el gobierno de facto de Jeanine Áñez cometió graves irregularidades en el manejo de la institución como la paralización de obras, falta de pago a empresas constructoras, no se licitaron proyectos, abandono en la supervisión de obras y se programaron obras sin contar con un respaldo financiero.

“Encontramos proyectos paralizados, no se pagaron a empresas, proyectos sin licitación, falta de supervisión y lo peor el gobierno de facto nos dejó programas sin recursos (porque) fue prometiendo proyectos y programas en todo lado y estamos afrontando este tipo de problemas día a día, aseguró al noticiero El siete a las seis, de Bolivia Tv.

Adelantó que las actuales autoridades reencaminan los proyectos paralizados, se coordina con el Ministerio de Economía el pago a las constructoras y se reanudó la supervisión para evitar una mala calidad de proyectos como el  enlosetado de calles, provisión de agua potable y otros.

Denunció que los anteriores ejecutivos del FPS cometieron anomalías como saltar etapas en la ejecución de obras, como fue el caso de Tarabuco donde no había el documento de no objeción del ente financiador. Proyectos de cinco municipios de Santa Cruz quedaron sin contraparte.

La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) y el Colegio Nacional de Controladores, lograron este miércoles un acuerdo por el cual se garantiza la seguridad operacional y la circulación aérea en el país.

El acuerdo fue hecho público por el Director de AASANA, Ronny Balderrama y por Alonso Flores, representante del Colegio Nacional de Controladores, informó Bolivia Tv.

“Hemos quedado de acuerdo y hemos realizado un acta donde vamos a garantizar la seguridad operacional de la institución”, informó Balderrama en conferencia de prensa.

Por su lado, el representante Flores indicó que los controladores aéreos “vamos a garantizar la circulación aérea en el país, garantizamos el servicio, garantizamos que lleguen las vacunas (…) decirle a la ciudadanía que AASANA está poniendo de su parte”.

Flores indicó que tras conocer el plan de reactivación de AASANA, su sector decidió apoyar el mismo para beneficio común.

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este miércoles que realizó la devolución de $us 346,7 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) por considerarlo un crédito irregular gestionado por el gobierno de facto de Jeanine Áñez en abril de 2020.

“El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica a la opinión pública que en defensa de la soberanía económica del país y el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE) realizó la devolución de 346,7 millones de dólares estadounidenses al Fondo Monetario Internacional (FMI), equivalente a 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), mismo que fue gestionado irregularmente por el gobierno de facto en abril de 2020”, se lee en parte de un comunicado institucional.

El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el Fondo Monetario Internacional para complementar las reservas oficiales de los países miembros.

El BCB indicó que el préstamo generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado, que a febrero de 2021 suman $us 24,3 millones, de los cuales $us 19,6 millones son por variación cambiaria y $us 4,7 millones producto de comisiones e intereses.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) tuvo conocimiento de este caso en diciembre de 2020 y no autorizó ningún pago que podría solicitar o ejecutar el BCB al Tesoro General de la Nación (TGN). Ante la situación, sugirió llevar adelante las acciones necesarias a fin de precautelar y respetar los intereses y recursos del Estado.

Luego de realizar las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor, en el marco de la defensa de la soberanía económica del país, el Banco Central de Bolivia efectuó el pago total de $us 351,5 millones, de los cuales $us 346,7 millones son el pago de capital, $us 19,6 millones por variación cambiaria y $us 4,7 millones por intereses y comisiones, generando un costo financiero total al Estado boliviano de $us 24,3 millones en sólo nueve meses de haberse desembolsado.

El BCB anunció que, en el marco de sus competencias y la normativa vigente, realizará las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan en contra de todos los servidores y exservidores públicos que resultasen con indicios de responsabilidad por su participación en el proceso de negociación, suscripción y operación del mencionado financiamiento con el FMI.