El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo que el reciente informe de la CIDH sobre la situación de Jeanine Áñez, desbarata toda la campaña de sus familiares, abogados y afines, que intentaron hacer creer que ella sufría agresiones contra su integridad y no tenía acceso a un tratamiento de salud adecuado.
Limpias, entrevistado en Bolivia Tv, indicó que Áñez tiene asignado un médico especialista y una enfermera las 24 horas además de que consume alimentación especial traída desde afuera del penal de Miraflores, en la ciudad de La Paz, y se le permite el ingreso diario de sus familiares y abogados.
Explicó que el informe de la CIDH evidenció que “en ningún momento la administración penitenciaria ha vulnerado los derechos, ni en el tema de salud ni en ninguna otra instancia respecto a la señora Jeanine Áñez”.
Explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue contundente al desestimar las “falacias, declaraciones irresponsables de los voceros de la señora Áñez, familia, abogados, que han venido en desmedro del trabajo que viene realizando la administración penitenciaria”.
En agosto, la defensa de Áñez acudió a la CIDH para solicitar medidas cautelares en busca de una detención domiciliaria con el justificativo de que ella recibe amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de su vida e integridad personal y sufre "la falta de acceso a un tratamiento médico adecuado (...) para restablecer su estado de salud".
Esas versiones fueron amplificadas por los medios de difusión.
Sin embargo, la CIDH negó las medidas cautelares solicitadas por Áñez, y su hija Carolina Ribera. Debido a la situación, decidió cerrar el caso.
Al respecto, Limpias dijo que recibió informes médicos de que Áñez está mejor de salud y que cuenta con la asistencia de personal de salud las 24 horas.
Áñez está con detención preventiva acusada por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición cometida en 2019 en un proceso judicial iniciado por la exdiputada Lidia Patty.
Durante su régimen, al menos 37 personas fueron asesinadas en protestas sociales y ejecuciones sumarias, así como en las masacres de Sacaba, Senkata, El Pedregal y Betanzos. Más de 800 resultaron heridas y más de 1.000 perseguidas y torturadas.