El Gobierno avanza en la reparación integral por el daño causado a las víctimas durante el régimen de facto de 2019. Aprobó un fideicomiso de hasta Bs 8 millones para entregar créditos, otorgó hasta Bs 100.000 a las familias afectadas, atención médica a los heridos, becas educativas, paquetes alimentarios y fuentes de trabajo.
El informe fue brindado por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien explicó que se requiere de una Ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional para reforzar y ampliar esa reparación integral a más personas, especialmente a los heridos y a los perseguidos políticos y judiciales.
Explicó que, en el marco del compromiso para la reparación integral del daño a todas las víctimas de los hechos ocurridos en el último trimestre de 2019, se aprobó el Decreto Supremo 4639, que autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural constituir un fideicomiso de hasta Bs 8 millones, con el fin de otorgar créditos de fomento a la producción para los familiares de los fallecidos y víctimas del golpe de Estado de 2019.
La autoridad explicó que esa y otras medidas forman parte de los resultados del diálogo con las víctimas y con representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El Ministro explicó que, “como Gobierno nacional, en las áreas que se han determinado en diálogo con las víctimas y con los expertos internacionales se ha indemnizado con 100 mil bolivianos a todas las familias de los fallecidos de los luctuosos hechos que hemos vivido en el país”.
Además de ello, también “se han atendido operaciones y todos los reembolsos necesarios. El tema de salud ha sido cubierto”, añadió.
El Gobierno también otorgó 1.500 becas educativas a las familias afectadas.
También se entregó un Bono alimenticio con apoyo del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).
En el campo laboral, se otorgó un ítem o contrato a un representante de cada familia afectada.
El Ministro explicó que se tiene el registro de 38 fallecidos, más de 100 personas heridas, cifra que es variable debido a que algunas personas continúan presentando sus documentos de respaldo.
Además de ello se tiene un registro en construcción de personas torturadas, perseguidos políticos y perseguidos judiciales. En esa categoría se encuentran aproximadamente 5.000 personas por lo cual se requiere la aprobación de una Ley para atender a ese sector.