El 17 de agosto de este año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó su informe final sobre los hechos de violencia registrados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, con 11 conclusiones que incluyen la calificación de masacres a lo ocurrido en las regiones de Sacaba y Senkata y 36 recomendaciones que enfatizan la necesidad de sancionar a los autores y resarcir los daños a las familias de fallecidos, heridos, perseguidos y torturados.
“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas (…). El GIEI no duda en calificar los hechos de Sacaba y Senkata como masacres”, dijo la experta del GIEI-Bolivia, Patricia Tapatá, en la presentación del documento.
Según las conclusiones del texto, en el último trimestre de 2019, se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia, en el marco de un conflicto político rodeado de violencia. Al menos, 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.
Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados.
Las manifestaciones de protesta y las acciones directas de bloqueos en los caminos y las ciudades de Bolivia, que terminaron en enfrentamientos y agresiones violentas, no ocurrieron de modo inesperado.
Fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su cumplimiento. Estos comportamientos menoscabaron la credibilidad en las instituciones y desconocieron acuerdos esenciales para el ejercicio de la democracia.
En el marco de la polarización social y política que se profundizaba, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana. Las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y, en momentos trascendentes de la vida de Bolivia, pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales.
“La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida y los responsables, sancionados”, enfatizó el texto.
Asimismo, indicó que las transformaciones operadas en Bolivia en busca de una sociedad más diversa e inclusiva no estuvieron acompañadas por la recreación o la reforma de dos de las instituciones claves para el funcionamiento de la democracia.
La administración de justicia y las fuerzas de seguridad, directamente conectadas con la vigencia de los derechos humanos, quedaron rezagadas en el proceso de cambio. Los ciudadanos no confían en ellas, las perciben hostiles, lejanas a sus realidades e intereses y reproductoras de discriminación.
Cuando las violaciones de derechos no son seguidas de investigaciones que determinen responsabilidades, se instala la impunidad. Por su condición destructiva, la impunidad niega y se contrapone a las ansias de verdad y justicia de quienes fueron vulnerados en su dignidad, propicia la reiteración de los crímenes y afecta la legitimidad del Estado de derecho.
Por esta razón, es fundamental que se avance en las investigaciones y los procesos judiciales de rendición de cuentas por los hechos documentados en este informe y otros similares. Sin embargo, estos procesos no pueden significar una nueva victimización para quienes ya sufrieron graves alteraciones en sus planes de vida, o en la vida de las familias que aún están en duelo por los ausentes.
El GIEI-Bolivia observó, además, la existencia de serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones para garantizar la debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones.
Una de las características de la sociedad boliviana es su dinamismo, que se expresa en asambleas, cabildos y movilizaciones constantes en las calles por el acceso a derechos sectoriales y gremiales. En la base de esos movimientos sociales, que procuran incidir en el aparato del Estado, hay demandas más amplias de igualdad económica y geográfica, por ampliación de la participación política y del reconocimiento de identidades, que muchas veces generan conflictos entre grupos.
Es necesario que la energía y laboriosidad de esos movimientos se expresen en un campo de diálogo democrático, aún por construir, que combine mecanismos de la democracia representativa con la participación directa en una deliberación pública pacífica. Trabajar por la convivencia entre personas distintas que deciden vivir y relacionarse en una democracia intercultural evitaría la confrontación violenta.
El derecho a la vida y a una vida digna pertenece a todos los habitantes de Bolivia por igual. Además de procurar procedimientos pacíficos para procesar reivindicaciones y desacuerdos, la justicia tiene un rol en esa necesaria conciliación que garantice la igualdad.
“Nada de lo anterior puede llevarse adelante sin una firme voluntad política –desde el más alto nivel– explícita y compartida entre las autoridades del Estado Plurinacional, para fortalecer la independencia de las instituciones públicas que deben afirmar su autonomía y un funcionamiento transparente. Esto requiere medidas urgentes, pero, sobre todo, políticas de mediano y largo plazo, diseñadas en diálogo plural con otros líderes sociales y políticos”, agregó el texto oficial.
Entre las recomendaciones principales, el GIEI-Bolivia planteó adoptar un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos cometidos durante la crisis de 2019, así como otorgar las medidas que establece el mencionado plan de atención y reparación integral a las víctimas; diseñar e implementar un sistema administrativo que sea ágil, transparente y pluralista; y que se incorpore un procedimiento para realizar un “censo” de víctimas, conforme al principio de universalidad.
Asimismo, propuso promover actos públicos para reconocer la dignidad de todas las víctimas y la responsabilidad estatal en las vulneraciones a los derechos humanos, apoyar y acompañar iniciativas de la sociedad civil para conmemorar y preservar las memorias de lo ocurrido sin imponer versiones únicas sobre los hechos.
Por otra parte, recomendó implementar todas las sugerencias relativas al funcionamiento del sistema de justicia, investigar –de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas–, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en este informe y otros similares.
Sugirió, tambíén, que el Ministerio Público considere los planes de investigación formulados en el Capítulo VI del informe, evalúe la posible asociación de casos, y desarrolle una estrategia de investigación conjunta y articulada de hechos relacionados entre sí, con miras a garantizar la celeridad y eficacia del trabajo investigativo.
“Que las investigaciones recaigan sobre todas las violaciones de derechos humanos y otros actos delictivos respecto de los que existen indicios, así como sobre todos los niveles de responsabilidad penal, inclusive la autoría mediata”, añadió.
En otro acápite, planteó que las investigaciones sean iniciadas de oficio y conducidas de manera oportuna y propositiva, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes, además de que se garantice el derecho de las víctimas a participar en la investigación y en el proceso penal, directamente o a través de sus representantes legales y asegurando la protección de su integridad y seguridad.
“Que el Ministerio Público conforme, a corto plazo, con el apoyo de la cooperación internacional, grupos de trabajo especializados a nivel departamental para que investiguen, de manera coordinada a nivel nacional, los hechos ocurridos durante la crisis de 2019. En especial, que estos grupos: a) estén integrados primordialmente por fiscales de carrera con dedicación y competencia exclusiva y con formación en la protección de derechos humanos; b) tengan los recursos logísticos y científicos necesarios para su adecuado funcionamiento, así como autonomía e independencia de gestión”, complementó.
Además, recomendó que el Ministerio Público realice una revisión escrupulosa de todos los casos en curso o cerrados, examinando las líneas de investigación y la conformidad con los principios de debida diligencia y debido proceso.
“Se recomienda que, con base en este análisis, se determinen cuáles casos con denuncias rechazadas, archivados o sobreseídos deben ser reactivados, así como cuáles actos deben ser anulados o corregidos por haber implicado vulneraciones a los derechos de las personas imputadas y procesadas”, acotó.
Propuso, por otro lado, que el Ministerio Público incluya en su estrategia de priorización de investigación los hechos de violencia sexual y otros cometidos por razón de género, tales como los documentados en este informe, y asegure que los operadores de justicia involucrados en estos casos tengan conocimiento especializado, actúen con la debida diligencia y prioricen el bienestar y la protección de la víctima.
En el caso del Órgano Judicial, planteó que se haga un control permanente de las investigaciones, para garantizar la celeridad y el respeto al debido proceso legal, incluso con relación a las aprehensiones realizadas por el Ministerio Público y la Policía; y que se garantice la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares.
El GIEI sugirió, también, que cada una de las instituciones públicas preste la más amplia colaboración para esclarecer la verdad y adelantar las investigaciones.
En especial, que las Fuerzas Armadas remitan al Ministerio Público y al Órgano Judicial toda la documentación relevante relacionada con la planificación, ejecución y evaluación de los operativos realizados durante el periodo relativo al informe.