En su primer año de mandato, el gobierno del presidente Luis Arce recuperó la libertad de expresión que le fue conculcada al pueblo durante el régimen de facto de Jeanine Áñez, con medidas como la reinstalación del derecho a la información, el relanzamiento de los medios de comunicación estatales y la reapertura de radios de los pueblos originarios desmantelados y cerrados durante 2020.
"Eso está garantizado por la Constitución Política del Estado, eso no se va a atropellar desde ningún punto de vista", dijo la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, apenas fue posesionada y cumplió con lo prometido.
En ese marco, el Gobierno nacional trabajó en el impulso de una política de comunicación para amplificar el derecho a la información, sobre la base del principio de puertas abiertas.
El siguiente paso fue el relanzamiento de los medios de comunicación del Estado para que estén una vez más al servicio de la ciudadanía, una vez superada la crisis que causó su administración durante el régimen de facto.
El Viceministerio de Comunicación, por otro lado, fortaleció el Sistema de Radios de los Pueblos Originarios (RPO's) con su equipamiento y la reinstalación de 43 estaciones radiales comunitarias, que fue necesario porque casi quedó desmantelado por completo durante el gobierno de Áñez y era preciso devolverle al pueblo indígena campesino originario el derecho a la comunicación e información.
En medios de esas tareas, se formalizó una denuncia en el Ministerio Público por el daño económico ocasionado durante el régimen de Jeanine Áñez a los medios del Estado, que alcanzó los Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.
Casi al final de la gestión, la viceministra Alcón acordó con los directores de casi 100 medios de comunicación, privados y estatales, la creación de mesas de trabajo para analizar propuestas que permitan luchar contra la desinformación en el país.
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Héctor Aguilar, calificó este año “como muy positivo” por la garantía de la libertad de expresión e información, lo que es significativo para los trabajadores del gremio.
“Una de las tareas que había señalado el presidente Luis Arce Catacora es que a partir de la asunción de él como presidente se iba a respetar el derecho a la libertad de expresión, de prensa y de información. Y, efectivamente, para que sepa la comunidad internacional, en la actualidad en Bolivia no hay ningún tipo de restricción a la labor que realizamos los trabajadores de la prensa”, aseveró.
El dirigente recordó que el panorama actual difiere de lo sucedido durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, porque en ese lapso se tuvo restricciones y censuras aplicadas contra varios medios de comunicación y el cierre de las RPO´s, hechos que calificó como “muy preocupantes”.
El régimen pasado provocó también que haya periodistas hostigados, perseguidos y con procesos judiciales, además de que se comenzó a cercenarles el acceso al pauteo publicitario porque no correspondían a la línea política de los gobernantes de turno, complementó.
Días después de que Áñez se proclamara presidenta, la entonces nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, reveló que se hacía seguimiento a periodistas que no compartían con la línea gubernamental, ya que eran considerados sediciosos.
“Aquellos periodistas o seudoperiodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son, en algunos casos, bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”, amenazó Lizárraga en aquella oportunidad.
Sobre esas vulneraciones, Aguilar acotó: “varios de nuestros compañeros que permanentemente señalaban que en Bolivia había un proceso o se había agendado un golpe de Estado, de manera inmediata éramos señalados, tildados de terroristas, de conspiradores, nos señalaban que éramos masistas y que esa gente no debería tener el espacio y el lugar. Empezaron a cercenarnos nuestra comunicación incluso, a cerrar las fuentes informativas, etcétera”, rememoró.
El titular de la CSTPB manifestó que la prevalencia de la libertad de expresión debe continuar con una comunicación fluida y la coordinación de acciones entre el Gobierno nacional y el gremio de manera clara y transparente.