El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, indicó este domingo que los excomandantes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, y de la Armada Boliviana, Palmiro Jarjury, deberán indicar a “viva voz”, en su primera audiencia, que eligieron abreviar el procedimiento penal tras aceptar su culpabilidad.
“La ley 1970 (Código de Procedimiento Penal) nos permite abreviar el procedimiento (…) se dicta una sentencia cuando el imputado lo solicita libremente, es una primera condición. Se le pide al Ministerio Público y, en una primera audiencia de viva voz. Quienes son imputados, deben reconocer su voluntad de someterse a un procedimiento abreviado”, señaló el ministro en entrevista con Bolivia TV.
La autoridad indicó que el procedimiento abreviado está vigente en Bolivia desde 1999 y que mediante la misma se evita pasar por la fase de la presentación de argumentos, pruebas y alegatos ante el tribunal de jueces.
Sin embargo, señaló que, al ser una responsabilidad personal de cada imputado, esta decisión no puede ser asumida por terceras personas ni familias, por lo que los dos jefes militares deben indicar de manera libre y espontánea esta decisión ante los jueces y el tribunal podrá dar su sentencia.
“También hay que ser precisos, que la responsabilidad es personalísima, no la asumen las familias, no la asume ningún tercero (…) esta situación debe ser libre y voluntaria”, detalló.
Lima aclaró que la decisión de ambos militares se conoció por expediente de la investigación y que después se hizo público que las familias de ambos excomandantes solicitaron abreviar el proceso.
“Lo que resta ahora es que el tribunal convoque a una audiencia, en la cual se va a considerar este aspecto y, eventualmente, se dictará ya una sentencia”, acotó.
Explicó que este proceso concreto en cuanto a la acción asumida y al resultado producido, además, al acogerse al proceso abreviado donde se reconoce la responsabilidad y culpabilidad sobre los hechos durante noviembre de 2019.
El Ministerio Público imputó a terceros porque se presume que facilitó el traslado de diputados y senadores de la oposición para promover la sucesión de Áñez, además de avalar la “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta”.
Jarjury fue imputado por permitir la imposición de símbolos patrios a Áñez, la noche del 12 de noviembre, y de incumplir con el mandato de garantizar el ejercicio de un presidente electo. Ambos son acusados de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.