El juez anticorrupción Primo Flores determinó este miércoles detención domiciliaria y pago de una fianza de Bs 30.000 para el cívico cruceño Rómulo Calvo quien es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de profesión, informó la corresponsal de Bolivia Tv.
La decisión judicial incluye el permiso para que acuda a trabajar, añade un reporte de ATB.
Calvo enfrentó su proceso por cobro indebido de sueldos e inasistencia laboral con un llamado a salir a las calles y con amenazas a los jueces por parte de sus seguidores y aliados políticos de Creemos, la agrupación política de Luis Fernando Camacho.
Su abogado defensor, Martín Camacho, fue suspendido por el juez Flores por falta de respeto a una autoridad y ejercicio indebido de la profesión. Esto ocasionó que unas pocas decenas de seguidores de Calvo causen desmanes en el Palacio de Justicia y que activistas llamen a “salir a las calles a defender al líder de los cruceños”.
Calvo fue despedido de la Caja Petrolera de Salud por haberse ausentado de su fuente laboral por más de nueve días seguidos y sin justificativo alguno, durante noviembre de 2021.
El cívico cobró su sueldo de Bs 24.000 al mes durante más de un año, entre fines de 2019 y 2021, tiempo en el que apenas asistió a trabajar alegando fuero sindical y comisión.
Cuando Calvo fue alcalde interino de la ciudad de Santa Cruz en la década pasada, contrató a Antonio Parada, el máximo sospechoso del millonario desfalco con ítems fantasmas, escándalo de corrupción contra el que los cívicos no se movilizaron.
Diputados del MAS denunciaron que el dinero de los ítems fantasmas fue destinado a actividades políticas como las movilizaciones que fueron el prólogo del golpe de Estado de 2019.
Pese a esos indicios, Calvo se declaró perseguido. “El proceso que me están siguiendo es político, de amedrentamiento y es manejado bajo la presión de los diputados y senadores del MAS que buscan la forma de desvirtuar y crear una cortina de humo ante la población”, dijo a El Deber.