Después de suscitarse la retención de funcionarios en Capinota del departamento de Cochabamba, la Aduana Nacional iniciará seis acciones legales contra las personas involucradas en la retención de funcionarios por impedir el ejercicio de sus labores, atentado contra la libertad de trabajo, desordenes o perturbaciones públicas, sustracción de prendas aduaneras, facilitación del contrabando e investigación pública a no pagar tributos, informó el gerente regional, William Rojas, quien remarcó que la Aduana no negocia en temas de contrabando.
Cerca de las 18.00 del 22 de febrero, un Grupo de Reacción Aduanera (GRIA) y cuatro efectivos militares realizaron un control rutinario en el sector de Capinota, donde fueron emboscados e impidieron su paso con destino a Cochabamba.
“Los funcionarios aduaneros y militares fueron retenidos hasta la medianoche, momento en que la Policía Boliviana intervino para lograr la liberación de los mismos (…) al respecto a la Aduana Nacional, a través de su Departamento Jurídico iniciará las acciones legales correspondientes”, afirmó la autoridad, según un boletín institucional.
Cabe remarcar que la Aduana Nacional realiza el control de mercancías y recaudación de tributos aduaneros en beneficio del Estado. Trabajo que en ocasiones pone en riesgo la integridad física de los funcionarios.
“El proceso está en investigación, ya tenemos nuestra querella lista porque la Aduana no negocia y tiene entre sus atribuciones la lucha contra el contrabando”, manifestó.
Los funcionarios fueron amedrentados con gritos, empujones, petardos y amenazas de quema de sus vehículos, en los cuales se transportaban.
Producto de este hecho, ambos motorizados, la vagoneta Nissan Patrol color blanco con placa Nº 4425 EFP y la vagoneta Nissan Patrol color plomo, con placa Nº 4440 AUF fueron inutilizados, ya que desmantelaron sus luces, sustrajeron las llantas de auxilio y fueron abandonados cerca del río con las ruedas pinchadas.
Por tanto, el Departamento Jurídico de la Aduana Nacional iniciará las acciones legales correspondientes en contra de las personas involucradas en este ilícito, en el marco del Código Penal en su Art. 161 sobre impedir o estorbar el ejercicio de funciones, Art. 303 que determina de uno a tres años de reclusión por atentado contra la libertad de trabajo, el Art. 134 que establece sanción por desorden o perturbación pública.
A esta lista se suma el Art. 181 que estipula la privación de libertad de seis a 10 años por delito de sustracción de prenda aduanera, también se toma en cuenta el Art. 181 que condena el favorecimiento y facilitación del contrabando; finalmente, el Art. 179 que sanciona con pena privativa de libertad de cinco a 10 años por investigación pública a no pagar tributos.