El Comité Impulsor del Juicio Contra Golpistas de 2019 solicitó este viernes a la fiscal Leticia Muñoz que expida una citación formal para que el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, presente su declaración por la presunta comisión de delitos de instigación pública a delinquir, sedición, conspiración y atentado contra la libertad al trabajo.
“Conforme prevé la normativa penal, solicitamos se cite y emplace al sindicado Rómulo Calvo Bravo para prestar declaración ante su autoridad”, indica la solicitud que entregó el Comité en la Fiscalía de La Paz a la que tuvo acceso la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Alrededor de 12 integrantes del comité realizaron esta solicitud y reprocharon que el cívico cruceño no se haya presentado en la Fiscalía de La Paz basándose en falsedades para evadir la justicia y obstaculizar la investigación.
“El principal sindicado dentro el presente caso, Rómulo Calvo Bravo, se ha dado a la tarea de obstaculizar la investigación presentando una serie de incidentes maliciosos que han sido declarados improbados”, indica el documento.
Por ello, en marco al Artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, piden que en esta etapa preparatoria de la investigación el acusado preste su declaración informativa.
Este proceso de investigación está en su etapa preparatoria por los hechos que se generaron durante el paro cívico indefinido desde el 8 de noviembre y que duró nueve días, principalmente en las ciudades de Santa Cruz y Potosí, para rechazar la Ley 1386 porque indicaron que afectaba sus intereses.
El 10 de noviembre, Rómulo Calvo en su discurso sobre el paro cívico indefinido, habló de “tumbar” al Gobierno. Desde entonces, llamó a asumir acciones de desestabilización en el país.
El 18 de noviembre, el coordinador general del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades contra los Autores del Golpe de 2019, Aldo Michel, presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia formal contra Calvo.
El 22 de noviembre, la Fiscalía aceptó la denuncia y justificó que la investigación del cívico se desarrolle en la Sede de Gobierno, porque el Decreto Supremo (DS) 138/2009 así lo establece.
“Queda consolidada la ciudad de La Paz como ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento de los delitos de Terrorismo, Sedición o Alzamientos Armados contra la Seguridad y Soberanía del Estado, siendo esta ciudad la Sede de Gobierno legalmente constituida, donde se encuentran las principales instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia”, se lee en el Artículo 2 del DS 138/2009.