La Paz, 03 de septiembre de 2025 (ABI).- Con la condena a un año de prisión contra los exjesuitas Ramón Alaix Busquets (83) y Marcos Recolons de Arquer (81) por encubrimiento de abusos sexuales cometidos por Alfonso Pedrajas, conocido como el “Padre Pica”, la justicia boliviana dio un primer paso en un proceso que, según las víctimas, apenas comienza.
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, conformada por exalumnos del internado Juan XXIII y víctimas de distintos sacerdotes jesuitas, calificó la sentencia como un hecho sin precedentes, aunque advierte que no es suficiente.
Para el colectivo de sobrevivientes, se trata de la “punta de lanza” de una lucha más profunda contra una estructura institucional que permitió el abuso sistemático de menores durante décadas.
“Se ha marcado un hito histórico muy importante. La justicia boliviana entra a la historia del mundo con esta determinación. Para nosotros, es la punta de lanza. Se ha establecido que sí hubo violencia sexual estructurada por parte de muchos miembros de la Compañía de Jesús, y que existieron mecanismos de encubrimiento. Por tanto, se ha condenado a estos dos exprovinciales”, afirmó Wilder Flores, presidente de la Comunidad, en entrevista con Bolivia TV.
Alaix y Recolons dirigieron la Compañía de Jesús en Bolivia entre 1993 y 2007. La acusación formal concluyó que ambos conocieron denuncias contra Pedrajas —quien abusó de al menos 85 menores, según su propio diario— y que no las reportaron a la justicia, incurriendo en encubrimiento.
“No olvidemos que cuando hablamos de exprovinciales hablamos de las máximas autoridades de la Compañía de Jesús. Y no han sido los únicos. Cada gobierno jesuita estaba conformado por al menos ocho jesuitas en su cúpula.¿Por qué no llevaron los casos a la justicia?”, cuestionó Flores.
El internado Juan XXIII, en Cochabamba, fue durante años un símbolo de excelencia educativa; sin embargo, para muchas víctimas representa todo lo contrario: un espacio de silencios, abusos y traición. Los estudiantes eran becados de escasos recursos, seleccionados por su alto rendimiento académico en el sistema Fe y Alegría.
“Para muchos de nuestros compañeros, el Juan XXIII fue una experiencia maravillosa. Pero para otros de nosotros fue un infierno. Vivimos una pesadilla. Ellos, como sacerdotes, nos hacían vivir el infierno mientras nos hablaban de las bondades del cielo”, relató Flores.
Según él, los abusos fueron denunciados en múltiples ocasiones entre 1979 y 1995, pero nunca se activaron mecanismos de protección ni se acudió a la justicia ordinaria.
La estructura jesuita funcionó como un sistema cerrado que aislaba los hechos, removía a los perpetradores y presentaba eso como “justicia interna”.
“Nos presentaban al provincial como la máxima autoridad, como el que podía hacer justicia. Pero esa justicia nunca llegaba. Años después nos dimos cuenta de que habíamos sido manipulados. Suplantaron el rol del Ministerio Público y burlaron a la justicia durante décadas”, añadió.
La investigación realizada por la Comisión de Fiscales permitió acceder a archivos internos de la Compañía de Jesús en Bolivia.
Los documentos confirman que los casos no fueron aislados, y que otros perpetradores —además de Pedrajas— actuaron con conocimiento de la estructura eclesiástica.
“El caso de Pedrajas no es el único. Hay otros diarios, como el de Lucho Roma, que además dejó material pornográfico en foto y video. Eso era conocido por la Compañía y nunca lo llevaron al Ministerio Público”, denunció Flores.
La Comunidad asegura que existen al menos 180 testimonios no judicializados, aunque el proceso actual se inició con solo 18. Exigen que esas nuevas voces sean escuchadas y que se amplíen las investigaciones.
“Para nosotros es el inicio, es la punta de lanza. Creemos que no se ha hecho justicia todavía, pero se ha dado un paso importante para hacer justicia”, remarcó Flores.
Si bien la edad de los sentenciados podría evitar que cumplan condena en un centro penitenciario, la Comunidad destaca el valor simbólico y jurídico de la sentencia, y reconoce el trabajo del Ministerio Público, de la Comisión de Fiscales y del juez que dictó la condena, aunque insisten en que aún falta justicia plena.
GMM/Mac