Perú, 09 de octubre de 2025 (ABI). – La lucha contra la corrupción en Bolivia cuenta con un marco legal sustentado en la Constitución y la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, destacó el procurador general del Estado, Ricardo Condori, en el "Congreso Internacional: Arbitraje y Estado", que se desarrolla en Cusco, Perú.
“La corrupción es como un cáncer que va lacerando a todas las sociedades, por lo tanto, la lucha contra la corrupción es una lucha internacional. En Bolivia tenemos mecanismos legales establecidos en la Constitución Política del Estado y en la Ley ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz’, que es la norma que establece la investigación de fortunas y enriquecimiento ilícito, la cual es acorde a estándares internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción”, explicó, citado en un reporte institucional.
El Procurador destacó la importancia de los foros internacionales para intercambiar experiencias y adoptar las mejores prácticas globales en materia de recuperación de activos y defensa estatal.
Subrayó además el compromiso de Bolivia con la gobernanza transparente y la cooperación regional en la lucha contra los flagelos que afectan la estabilidad económica y social.
En el "Congreso Internacional: Arbitraje y Estado" participan autoridades procuraduriales y expertos internacionales de Bolivia, Perú, Colombia, Chile, Honduras, Paraguay, Argentina, Inglaterra y Francia, Brasil, España y Estados Unidos.
Durante su exposición, Condori también refirió que la Procuraduría tiene una visión proactiva que se basa no solo en perseguir el daño ya causado, sino establecer marcos contractuales y normativos que imposibiliten futuras desviaciones.
“Estamos comprometidos con una política de tolerancia cero a la corrupción, pues es una práctica que mella la dignidad del pueblo boliviano. Por ello, estamos fortaleciendo nuestra capacidad técnica para litigar con solvencia en cualquier instancia, asegurando que los laudos sean justos y que la recuperación de activos sea efectiva. La defensa del patrimonio estatal es una prioridad innegociable”, aseguró.
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