El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, pidió este lunes a las autoridades del Órgano Judicial “no tolerar nunca, ni el más mínimo atisbo de corrupción”, emprender con determinación el proceso de transformación de la justicia y atender la demanda de memoria, verdad y justicia de las víctimas de las masacres y graves violaciones de derechos humanos del Gobierno de facto.

Lima hizo la exhortación durante su intervención en el acto protocolar de inauguración del año judicial y constitucional 2022 en la ciudad de Sucre, que contó con la participación del presidente constitucional del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, y las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público y otras instituciones del Estado.

Tareas

“Los cuatro órganos del Estado están presentes acá (con un) mensaje claro de independencia de la justicia; la independencia que en el valor constitucional se traduce también en la cooperación, la cooperación entre todos los órganos para garantizarle al pueblo boliviano justicia”, dijo el ministro Lima.

Recordó que el año “que ha transcurrido ha estado marcado por una frase: memoria, verdad y justicia y este elemento de la justicia ha tenido, de parte del presidente Arce, un compromiso por los derechos humanos fundamental”.

Dijo que un reto importante es transformar la justicia y que ese compromiso no puede quedar en deuda con el pueblo boliviano.

“Es un compromiso que tenemos que honrar y tenemos que hacerlo en lo inmediato”, aseveró.

Tiempo

La autoridad de Estado recordó que han transcurrido cuatro años del mandato de los actuales magistrados y exhortó a encaminar las mejoras en los restantes dos años para transformar la justicia.

Dijo que ese proceso se realizará con la mayor apertura al escrutinio internacional.

“Este es un Gobierno que ha invitado a la CIDH a realizar una ‘visita in loco (in situ o en el lugar)’ que ha permitido, como pocos países, que esté en Bolivia el relator de las Naciones Unidas para los derechos humanos”, dijo.

Confirmó la presencia en el país del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, la segunda semana de febrero, antes de la cumbre por la justicia programada para el mes de marzo.

Pidió al Órgano Judicial “devolverle la tranquilidad a todas las víctimas, a todas las familias que han perdido sus seres queridos” durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

En cumplimiento a recomendaciones internacionales, están en curso al menos 106 procesos judiciales contra integrantes de grupos parapoliciales y paramilitares que actuaron con violencia y racismo en 2019, informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox.

La autoridad, entrevistada en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, dijo que la prioridad en esta coyuntura está centrada en los grupos que operaron en Cochabamba, como la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) pero luego se recibirán testimonios de víctimas de la Unión Juvenil Cruceñista para después iniciar procesos penales.

Ese tipo de organizaciones irregulares también fueron detectadas en Potosí y La Paz, informó la autoridad, quien dijo que esa desestructuración de esos grupos parapoliciales y paramilitares, se impulsa a solicitud de instancias internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Comité de lucha contra la tortura de la ONU.

“Se ha logrado que tengamos una planificación, un plan inmediato de desestructuración y desarticulación que inicialmente lo estamos desarrollando en Cochabamba, digo inicialmente por que también se ha identificado no solamente a la Resistencia Juvenil Cochala, sino a la Unión Juvenil Cruceñista de Santa Cruz”, indicó.

“Un segundo momento se va a desarrollar en Santa Cruz, entretanto tenemos nosotros mayor nivel de avance en Cochabamba. Hay casos aperturados en su momento contra miembros de esta organización criminal”, manifestó.

Explicó que, hasta le fecha “tenemos más de 106 casos que han sido concentrados que lleva adelante el Ministerio Público en   Cochabamba, adicionalmente del proceso instaurado en la Fiscalía de Chuquisaca”.

El informe del GIEI recomendó al Estado boliviano la desestructuración de esos grupos paraestatales que generaron violencia, racismo y vulneración a los derechos humanos en 2019, muchas veces en coordinación con autoridades y uniformados que operaron en ese año.  

“Es fundamental que el Estado no estimule estas conductas y actúe para prevenir la organización de grupos que se autoproclaman como fuerzas de seguridad. La constitución de grupos paraestatales de seguridad en contextos de crisis es no solo ilegal sino altamente riesgosa”, indicó la instancia internacional.

Según denuncias de organizaciones sindicales, en 2019, integrantes de la RJC, varias mujeres “fueron agredidas por miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), en su mayoría hombres, en motocicletas, quienes las acorralaron y las golpearon. Esa tarde, buses y ‘movillidades’ que trasladaban a participantes de la concentración de vuelta al Chapare fueron atacados en el sector de la Laguna Alalay por miembros de la RJC. Un gran número de jóvenes en motocicletas rodearon los buses y obligaron a bajar a las y los manifestantes, golpeando a muchos de ellos. Ese mismo día, mujeres integrantes de la Federación Bartolina Sisa fueron agredidas por integran[1]tes de la RJC en el Puente Huayculi, en Quillacollo, mientras se dirigían, junto con otras organizaciones, a la concentración en el centro de Cochabamba. Los integrantes de la RJC llegaron al puente en motos y armados con palos y bazucas artesanales, para apoyar un bloqueo realizado por manifestantes que respondían al llamado al paro cívico”, indica el informe del GIEI.

Cox añadió que esos grupos paraestatales también operaron en Potosí y La Paz, aunque sin nombres genéricos determinados.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó este lunes que se realizará un encapsulamiento “temporal” de todos los centros penitenciarios del país debido al incremento de los contagios de COVID-19 que se registraron en los últimos días en el país. 

“Estamos encapsulando nuevamente los centros penitenciarios en Bolivia (…). Este encapsulamiento temporal que estamos ordenando, juntamente con los privados de libertad, nos va servir para hacer los rastrillajes correspondientes”, aseveró Limpias en declaraciones difundidas por la red ATB. 

Explicó que hasta la fecha se reportaron 41 casos de COVID-19, 22 están en el Centro Penitenciario Provincial de Arani (Cochabamba), 18 en el Centro de Rehabilitación Palmasola (Santa Cruz) y un caso en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (La Paz); sin embargo, la mayoría de los casos son asintomáticos, por lo que se realizará un encapsulamiento para realizar un rastrillaje oportuno para frenar posibles contagios.

Aseveró que la medida es preventiva; se realizarán desinfecciones y se intensificará la campaña de vacunación. 

Limpias indicó también que el 100% de la población penitenciaria ya cuenta con su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que el 90% cuenta con la segunda dosis.

Dijo que estas acciones serán coordinadas con el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de cada departamento para identificar posibles nuevos casos de manera pronta y oportuna.

El Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) informó este lunes que realizó operativos de interdicción en distintos puntos fronterizos del país, en los cuales, el 30 de diciembre, se comisó seis camiones, un bus, un minibús y una vagoneta con mercadería de contrabando.

“El Gobierno lleva adelante la implementación de un plan integral de lucha contra el contrabando”, señalo el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, citado en un reporte institucional. 

El trabajo de interdicción es realizado junto a las Fuerzas Armadas, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), Ministerio Público y la Policía Boliviana.

Vargas manifestó la importancia de “sumar esfuerzos” para multiplicar resultados en bien del país, para proteger la industria nacional, promover el comercio formal. Además, de la preservación y generación de empleo para los bolivianos.