La Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua suscribieron este lunes un convenio de cooperación interinstitucional para establecer las bases, mecanismos y mejorar las capacidades de investigación de los delitos que atenten contra la Madre Tierra.

“La firma de este convenio es muy importante, porque estamos obligados no solo como Ministerio Público, sino como seres humanos a proteger la biodiversidad, el medio ambiente y las áreas protegidas”, indicó el fiscal general, Juan Lanchipa.

Según un reporte institucional, se realizaron trabajos conjuntos para la construcción del convenio de apoyo, que también está orientado “a procurar el respeto de los derechos ambientales y la defensa legal de la biodiversidad, el medio ambiente y las áreas protegidas”.

Lanchipa indicó que la investigación de ese tipo de delitos se debe llevar adelante de manera técnico científica y, gracias a la suscripción del convenio, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua brindará el apoyo logístico indispensable en las actividades investigativas.

El ministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, dijo que se unirán los esfuerzos para trabajar en beneficio de la Madre Tierra y se comprometió a brindar su apoyo técnico y jurídico. Además de gestionar apoyo con otras instancias nacionales e internacionales.

“Vamos a gestionar el apoyo ante las instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional vinculadas a la temática, para mejorar las capacidades logísticas, operativas y de investigaciones periciales ante el Ministerio Público; asimismo, es importante la coordinación entre las entidades territoriales autónomas, tanto municipales, departamentales y nacionales para brindar apoyo técnico con profesionales de las ramas que tienen que ver con el medio ambiente” indicó el ministro.Según la Fiscalía, se estima que el presunto daño económico al Estado asciende a Bs 137.000 aproximadamente. Hasta la fecha, se tiene a nueve personas sindicadas en ese hecho y tres de ellas ya tienen detención preventiva.

El gerente general de la Caja Nacional de Salud (CNS), Herland Tejerina, reveló este lunes que en esa institución se detectaron 41 contratos fantasmas; en la filial de La Paz se investigan 23. La Fiscalía, por su parte, ya investiga dos denuncias y otros 16 casos en el departamento de Santa Cruz.

“Habíamos intentado no dar mayores detalles hasta ahora para no entorpecer las investigaciones, porque muchos de los funcionarios que estaban trabajando en el año 2020, cuando se suscitaron estos ilícitos, todavía son funcionarios; sin embargo, estos no son los únicos casos, dos que están en la vía penal (…), tenemos otros indicios de varios casos más, en específico tenemos en la regional Santa Cruz”, detalló en conferencia de prensa.

Explicó que se encontraron 16 casos en los que existirían contratos o pagos mediante planillas a personas profesionales y trabajadores del área de Salud que nunca prestaron sus servicios, no realizaron marcados, ni llegaron a sus centros asignados, además de personal del área administrativa que ocultaron esa información.

“Esta es una irregularidad que se ha identificado por ahora, pero que, lastimosamente, las personas de Santa Cruz, y de aquí en la central, han dejado de trabajar en la institución y nos habían ocultado esta información (…). Hay funcionarios dentro de esta Caja que se guardaron el expediente en el escritorio”, detalló.

Tejerina dijo que, mediante el departamento de Auditoría Interna y la evaluación de los estados financieros de la gestión 2020, se encontró otros 23 casos en los que existen personas que figuran en planillas que habrían cobrado salario, pero que no tienen toda la documentación en regla, por lo que estos casos están en investigación interna.

“Es decir, que no tienen contratos en la mayoría de los casos, en algunos no existe un file (archivo personal del trabajador), no habrían marcado el biométrico”, detalló. 

Aclaró que se realizará una “auditoría especial” de cumplimiento para identificar a los presuntos responsables y el daño económico a la institución; concluida esa etapa se pondrá en conocimiento de la Fiscalía.

Se identificó que Antonio Parada Vaca, principal sindicado en los 800 “ítems fantasmas” en el municipio de Santa Cruz, trabajó también como Jefe de Recursos Humanos en la gestión 2020, donde se detectaron “contratos fantasmas” a nombre de personas que dejaron su currículum en la institución sin que los postulantes se enteren.

La existencia de los contratos fantasmas en la CNS se conoció a denuncia de una enfermera que no logró cobrar su Bono Contra el Hambre porque figuraba como funcionaria de la CNS, por lo que denunció el hecho y el Ministerio Público inició las investigaciones hasta encontrar las irregularidades. Otro denunciante fue un médico, quien de igual forma figuraba como personal de esa institución, pero él no tenía contrato ni prestaba sus servicios allí.

Representantes del Comité Cívico Popular de Bolivia (Cocipobol) anunciaron este lunes que presentarán la denuncia formal ante la Fiscalía Departamental de La Paz en contra de los cívicos cruceños por las agresiones que sufrieron sus afiliadas el pasado viernes, en la ciudad de Santa Cruz, cuando pretendían realizar un encuentro por su aniversario.

“Voy a formalizar (mi denuncia) acá en la ciudad de La Paz por todo lo acontecido, por todos los hechos suscitados (agresiones). Ya había iniciado la denuncia formal allá en Santa Cruz, pero no había fiscal de turno y no se pudo continuar porque ya era fin de semana”, indicó la ejecutiva Cocipobol, Roxana Molina, en declaraciones difundidas por Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios.

Molina explicó que la denuncia se realiza en La Paz porque en Santa Cruz recibió amenazas en contra de su integridad y por falta de garantías decidió hacerlo en la Sede de Gobierno; también porque es donde radica y porque se encuentra en la última etapa de gestación.

“Esta denuncia es contra todos los responsables que han estado allá, hay suficientes videos, ustedes han podido evidenciarlo (…). Sigo en estado de shock, sigo en estado crítico, estoy en mis últimos días para tener a mi bebé, sigo con las manchas, sigo con los golpes, estoy con los pies hinchados”, explicó en conferencia de prensa.

Relató que el día de las agresiones, tras la interrupción de esos grupos, ellos escaparon como pudieron y al no ser de Santa Cruz no pudieron hacer mucho.

Su abogado defensor, Marcelo Valdez, indicó que se presentará un certificado forense y un certificado psicológico, en su calidad de dirigente, contra las personas que la agredieron psicológicamente y físicamente en inmediaciones de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia) Santa Cruz.

“Lamentablemente entre las más perjudicadas, entre muchas víctimas, está la señora (Roxana Molina) que tiene ocho meses de embarazo y vamos a tomar las medidas legales del caso (…). La situación es grave porque podría afectar a su embarazo”, explicó a Bolivia Tv. 

El pasado 17 de diciembre, Molina fue agredida física y psicológicamente pese a que se encuentra en estado de gestación. Además, durante esa jornada fueron agredidas la periodista de Red Patria Nueva, Jeruslava Ojeda, y una mujer de pollera quien sufrió el robo de dinero y sus documentos.

“Formalizamos denuncia en contra de la gente del Comité Cívico Pro Santa Cruz por discriminación lesiones y otros hechos cuando asistíamos a un aniversario del Comité Cívico Popular. Al ingresar a las oficinas, los denunciados nos gritaron palabras discriminatorias, posteriormente fuimos agredidas físicamente, no tomaron en cuenta mi estado de gestación, tengo de 8 meses, causando destrozo en todo Cadepia. Gracias a la Policía pudimos salvarnos de otras agresiones, pedimos se investigue”, se lee en la denuncia que hicieron ante la Policía Boliviana en Santa Cruz.

Cerca al mediodía de este lunes, Francia Antelo, esposa de Guillermo Parada Vaca, sindicado en la investigación de los 800 ítems fantasmas en el municipio cruceño durante la gestión de Percy Fernández, se presentó a declarar en calidad de testigo en compañía de su abogado.

“(Llegamos) a las 11.00 como corresponde para que mi patrocinada pueda presentar su declaración en calidad de testigo. Al salir, les damos mayores datos, estamos en horario”, aseveró el abogado de Antelo, quien trabaja en la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento (Saguapac), en declaraciones difundidas por Bolivia TV.

Según las primeras declaraciones de Antelo, ella desconocía de los movimientos de su esposo, por lo que tramita su divorcio tras 16 días de casada con Guillermo Parada Vaca, quien se encuentra prófugo de la justicia y pesa sobre él una orden de aprehensión y una alerta migratoria.

El miércoles anterior, Antelo se presentó en la Fiscalía de manera voluntaria, donde aseguró que no tiene relación con el caso de los ítems fantasmas y expresó su interés en colaborar con la investigación. Según indicó, se enteró de este hecho tras retornar de su luna de miel.

En el marco de las investigaciones de este caso, se citó a tres ejecutivos de Saguapac en calidad de testigos. Durante esta mañana, declararon dos y el último prestará su versión en horas de la tarde.

“Cada quien responde por sus actos (…) la cooperativa no tiene nada que ver”, indicó Otto Ritter, abogado de dos ejecutivos de Saguapac.

En tanto, Mery Balcázar, exfuncionaria de la Cooperativa Jesús Nazareno y esposa de Julio César Herbas, quien es el primer detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola, no se presentó a declarar ni presentó ningún justificativo de su ausencia, por lo que el Ministerio Público no descarta en emitir una orden de aprehensión en su contra.