(Foto: GAMLP)

Este viernes se conoció una nueva citación de la Fiscalía de La Paz para el burgomaestre paceño, Iván Arias, acusado por ejercer violencia política en contra de las exsubalcaldesas de los macrodistritos Centro y Mallasa, Jacqueline Chavarría y Sheyla Dávalos, respectivamente.

Según reportes de algunos medios, el burgomaestre paceño deberá presentarse en la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género, Violencia Sexual, Trata y Tráfico el próximo miércoles 10 de noviembre a prestar su declaración informativa.

El 9 de septiembre, las exsubalcaldesas de Mallasa y Centro denunciaron que Arias protegía al subalcalde de Max Paredes, a quien acusaron por acoso sexual, político y laboral.

Además, indicaron que en esos meses identificaron una red de corrupción en la Alcaldía, que en su momento fue puesto a conocimiento de la Unidad de Transparencia e incluso del Alcalde, pero se encubrió el hecho.

Tras hacerse pública su denuncia, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó que las denunciantes estaban siendo investigadas por corrupción, por lo que fueron alejadas de sus cargos; sin embargo, ellas negaron el hecho y argumentaron que tenían todo en orden, pero que era una forma de amedrentarlas para que retiren la denuncia de corrupción y fueron destituidas, sin un memorándum o notificación previa.

El 13 de septiembre, ambas exautoridades presentaron su denuncia formal ante el Ministerio Público sobre los “atropellos” de los que fueron víctimas.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró este viernes que durante la gestión se priorizó la educación y la salud para resguardar los derechos humanos de todos los privados de libertad del país. Reprochó que la situación durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez fuera totalmente contraria.

“En la gestión de la señora Jeanine Añez los privados de libertad fueron abandonados en temas de salud, se les obligó a cumplir una cuarentena rígida y se tuvieron cientos de contagios y 51 fallecidos por el COVID-19, además de que, por el encapsulamiento, no pudieron recibir visitas familiares y menos con sus abogados para recibir asistencia jurídica”, se lee en un boletín institucional.

Limpias indicó que durante el régimen de Áñez la población fue engañada por las autoridades que asumieron el poder tras el golpe de Estado. Aseveró que gobierno de facto y las autoridades no coordinaron con el Órgano Judicial para generar alternativas para los detenidos preventivos, y a pesar de que se prometió un decreto de amnistía e indulto.

“Había un discurso respecto a que ese decreto estaba saliendo para liberar a los 'masistas' y presos políticos, lo único bueno que hizo la oposición es que reconocieron que hubo presos políticos y se cae su otro discurso”, manifestó.

Añadió que en un inicio se pretendía beneficiar entre 5.000 y 8.000 privados de libertad, pero solo se alcanzó a 321.

Detalló que tras recuperar la democracia en noviembre de 2021 la administración penitenciaria benefició a 710 privados de libertad.

Destacó que durante esta gestión se socializaron las políticas nacionales en salud en todos los centros penitenciarios, por lo que se realizaron pruebas y rastrillajes para detectar casos sospechosos, desinfecciones y campañas de salud para la detección oportuna del COVID-19.

Explicó que hasta la fecha se tienen 14.699 privados de libertad vacunados con la primera dosis, 9.216 vacunados con la segunda dosis, 1.820 con la dosis única y se está iniciando la vacunación con la tercera dosis en adultos mayores, personas con enfermedades de base y población vulnerable.

“Se ve, de lejos, cuál es la diferencia en torno al tema de salud que hemos encarado nosotros en esta gestión, con la donación de materiales de bioseguridad y todo lo que se ha gestionado ha sido totalmente transparente”, manifestó.

Además, resaltó que esta gestión se prevé que 236 bachilleres se gradúen de los Centros de Educación Alternativa (CEA’s) que se tienen en los centros penitenciarios del país, situación que durante 2020 quedó en el abandono, pues no se garantizó la educación para los privados de libertad.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este viernes que el incendio que se suscitó desde la anterior semana en la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, en Rurrenabaque (Beni), está completamente apagado. Añadió que esta jornada se realizó un sobrevuelo y se constató que el fuego fue extinguido.

“Se ha logrado sofocar completamente el incendio que estaba poniendo en zozobra a esta población y que nuestra serranía Pilón Lajas estaba sufriendo por un incendio, pero el día de ayer (jueves) a las cuatro de la tarde se ha logrado contener completamente”, expresó Calvimontes en conferencia de prensa.

Aseveró que tras varios días de “intenso” trabajo, el incendio forestal en la serranía de la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas fue finalmente extinguido.

Indicó que ahora la población puede estar tranquila y aseveró que ahora “Bolivia está libre de incendios”.

“Esta mañana hemos hecho un sobrevuelo por la zona y se ha verificado que ya no existe ningún foco de incendio en esta región, por lo tanto, Rurrenabaque se ha librado del incendio”, aseguró la autoridad.

El viceministro añadió que se trabaja en el marco del Plan de Lucha Contra Incendios por lo que en ese caso se desplazó a más de 100 efectivos militares para luchar contra el fuego. Además, se brindó apoyo logístico desde el Gobierno central a los gobiernos subnacionales para luchar de manera coordinada contra los incendios.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este viernes que la justicia de Estados Unidos (EEUU) decidió suspender nuevamente la audiencia del exministro de facto, Arturo Murillo. La citación estaba programada para el próximo 8 de noviembre, donde se debía leer la sentencia por los presuntos delitos de lavado de dinero y soborno en ese país.

“Se ha diferido por un mes más (…). En todo caso, la audiencia no se va a llevar a cabo el lunes a las 10 de la mañana y entendemos que la nueva audiencia va a ser el 8 de diciembre de este año”, indicó Chávez en contacto telefónico con Bolivia Tv.

El procurador indicó que la decisión se tomó porque la defensa legal de Murillo habría solicitado la postergación; sin embargo, Chávez considera que eso solo es un intento por “ganar tiempo”.

El próximo 13 de diciembre se dará lectura a la sentencia de los cómplices de Murillo, identificados como Sergio Rodrigo Méndez M., Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes se declararon culpables.

Murillo fue exministro y hombre fuerte de Jeanine Áñez, ahora está detenido en la prisión federal de Miami desde mayo de este año, acusado por el Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos de lavado de dinero y recibir sobornos.

Durante el gobierno de Áñez, se adquirió un lote de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana, pero a través de una intermediaria norteamericana, que se presume que en esa oportunidad se hizo la compra con sobreprecio.

Murillo gestionó la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), por un precio de $us 5,6 millones, es decir, con un sobreprecio de $us 2,3 millones.

El 9 de agosto, la justicia de EEUU determinó una fianza de $us 250.000 para que Murillo pueda salir de prisión para defenderse en libertad; sin embargo, debía demostrar la legalidad del dinero para pagar su fianza, por lo que el exministro de facto continúa en prisión.