El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este viernes que realiza la investigación sobre los hechos delictivos que se suscitaron durante las protestas de los cocaleros yungueños, afines a Armin Lluta, por la administración del mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) en la zona de Villa Fátima.

“Por la naturaleza del conflicto y complejidad del caso, la Fiscalía Departamental de La Paz ha visto por conveniente la conformación de un cuerpo de fiscales para llevar adelante la investigación en todas las áreas que demanda este conflicto y vamos a iniciar la investigación correspondiente”, sostuvo Lanchipa.

Según un reporte institucional, Lanchipa aseguro que el Ministerio Público desarrolla una investigación imparcial sobre los hechos delictivos.

“Trabajamos dentro del marco de la imparcialidad y objetividad sin perjudicar o favorecer a ningún grupo, simplemente garantizamos los derechos y garantías de todas las personas involucradas en estos conflictos y esperemos que no avance y tengamos pronto la paz social que es importante para todo nuestro país”, dijo Lanchipa.

El pasado miércoles, los cocaleros yungueños convocaron a una asamblea general para el próximo 4 de octubre para solucionar este conflicto, que se extendió por 11 días y logró afectar a los vecinos del lugar, policías, e incluso a sus socios.

La Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios emitió una citación formal para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se presente en sus instalaciones de la ciudad de La Paz y declare por el caso golpe de Estado de 2019.

“Luis Fernando Camacho Vaca, quien deberá comparecer ante el suscrito representante del Ministerio Público, a objeto que se preste su declaración informativa en calidad de denunciado, con relación a las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público, para el día hábil 7 de octubre de 2021 a horas 09.00”, se lee en la orden de citación que fue emitida este 30 de septiembre.

Según la orden, el gobernador cruceño deberá presentarse el próximo 7 de octubre en la Fiscalía, acompañado de su abogado defensor, para prestar su declaración en calidad de denunciado bajo los delitos de terrorismo, sedición, conspiración, conspiración en grado de complicidad.

Asimismo, indica que en caso de no acudir a presentar su declaración por el caso golpe de Estado, podría expedirse una orden de aprehensión de acuerdo al procedimiento penal.

“En caso de incumplimiento, se expedirá orden de aprehensión de acuerdo a la previsión legal contenida en el Art. 224 del Código de Procedimiento Penal”, indica la citación firmada por el fiscal de materia Omar Mejillones y la fiscal Lupe Zabala.

La Terminal de Buses Minasa, ubicada entre las zonas La Merced, 16 de Julio, Villa El Carmen y El Rosal, reanudó sus operaciones este viernes. El transporte público inició viajes al norte paceño de manera regular.

“Las salidas hacia los Yungas se están normalizando de forma relativa (…) los vehículos están saliendo de forma normal”, informó el oficial de Tránsito Edwin Condori a Red Uno.

Tras una aparente calma en el conflicto entre los socios cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), quienes se disputan la administración del mercado de la coca ubicado en Villa Fátima, esta terminal reanudó sus operaciones.

El pasado miércoles, los cocaleros yungueños convocaron a una asamblea general para el próximo 4 de octubre para solucionar este conflicto, que se extendió por 11 días y logró afectar a los vecinos del lugar, policías, e incluso a sus socios.

El pasado 24 de septiembre, la administración suspendió de manera temporal las salidas de esta terminal para precautelar sus instalaciones, a los trabajadores y a los usuarios.

El conflicto y el enfrentamiento entre policías y cocaleros, afines a Armin Lluta, causó que la malla perimetral de las instalaciones de la terminal sea afectada. Asimismo, por los días de suspensión esta terminal se vio afectada en sus ingresos. La Alcaldía paceña informaba que por día se perdía Bs. 3.500.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu), logró una sentencia de 30 años para los responsables del asesinato de una pareja de adultos mayores que fueron encontrados en la Cumbre de El Choro, en La Paz, el año 2010.

“El Sijplu, como parte del Ministerio de Justicia, logró obtener la sentencia por el delito de homicidio en este caso de dos adultos mayores; es un caso de relevancia de hace más de 12 años, que pudo concluir en una sentencia en primera instancia, ahora el juez dispuso la condena de 30 años de cárcel de la principal autora de este hecho”, informó el director del Sijplu, Aldo Torrez, según una nota de prensa del Ministerio de Justicia.

Explicó que el Sijplu acompaña los procesos judiciales en beneficio de la población vulnerable y en casos de relevancia. 

“Nosotros estamos al servicio de los adultos mayores, de la población vulnerable y más cuando estos casos son de relevancia social en el tiempo. Ratificamos nuestro compromiso con la sociedad de acuerdo con la recomendación del ministro de Justicia, Iván Lima Magne”, indicó.

El 10 de marzo de 2010 en la Cumbre de El Choro, camino a Pamparalama, La Paz, se realizó el levantamiento legal de dos cadáveres N/N, ambos fueron posteriormente identificados por sus familiares como Luis T.C.B. y Nair G.T. en quienes se evidenció como causa de la muerte lesiones visibles, tipificándose el delito de asesinato, cuyo proceso fue denunciado por la hija, Magali T.B.

Por el hecho, Teresa Hinojosa Barragán fue sentenciada con 30 años de cárcel, y otras dos personas con 15 y 10 años.