El diputado Juan José Jáuregui dijo que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, no afecta al secreto de imprenta ni el trabajo cotidiano de los periodistas.

El legislador, entrevistado en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, dijo que el derecho a la libertad de expresión y el secreto de imprenta, están garantizados en la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta.

Explicó que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, no perturbará el trabajo de los periodistas ni afectará sus derechos y garantías constitucionales.

Dijo que el artículo 4 del proyecto, indica que “la presente ley se desarrolla en el marco de la Constitución Política del Estado” lo que significa que la propuesta legal que analiza el Senado, “no puede vulnerar los contenidos de la Constitución Política del Estado”.

“El trabajo de la prensa, producto de la decisión de la Asamblea Constituyente y producto de la decisión del soberano que se manifestó en 2009 con la promulgación, ha incorporado en nuestra Constitución, los resguardos para la actividad de los medios de comunicación que están contemplados en los artículos 106 y 107”, indicó.

El artículo 106 de la Ley de Leyes indica que “El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

El artículo 107 añade que “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.

La Ley de Imprenta, en actual vigencia, garantiza el secreto en materia de imprenta con el siguiente texto: “Art. 8.- El secreto en materia de imprenta es inviolable”.

Jáuregui dijo que el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, no puede alterar lo dispuesto en la Constitución que resguarda “el trabajo de los medios de comunicación”

Añadió que la propuesta de ley no incluye a los periodistas respecto a revelar fuentes de información ya que el artículo 18 de la propuesta legal indica quiénes están en el deber de informar  y “habla de comercializadoras de inmuebles, muebles sujetos a registro, comercialización de obras de arte, objetos arqueológicos, comercialización de armas de fuego, actividades hoteleras, construcción de carreteras, transportes aéreos nacionales e internacionales, usuarios de zonas francas y otras actividades económica establecidas en el Código de Comercio”.

“Una actividad del medio de comunicación, por su naturaleza, no está involucrada dentro del Código de Comercio” por lo que los periodistas no están incluidos en el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, indicó.

(Foto: Min. Gobierno)

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseveró este martes que hasta el momento no se realizó una denuncia formal, en las instancias correspondientes, por la supuesta desaparición y los actos de violencia de los que fue víctima el dirigente cocalero Armin Lluta.

“Respecto al señor Armin Lluta, ni en la Policía Boliviana ni en el Ministerio Público, (…) se ha cursado ninguna denuncia sobre su desaparición”, aclaró la autoridad.

Del Castillo aseveró que las versiones que circulan mediante redes sociales sobre acciones de tortura contra Lluta serán investigadas, acorde a los procedimientos competentes, según un boletín institucional.

“Si hubiera existido un hecho de violencia en contra de este ciudadano, o cualquier otro ciudadano, será investigado por las autoridades correspondientes”, sentenció. 

Asimismo, consideró que existen versiones “tergiversadas” que relucieron en los medios de comunicación sobre la situación del representante cocalero, tras la posesión del nuevo directorio de la Asociación de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca).

(Foto: VRIP)

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, se reunió con los transportistas que realizan el bloqueo en el municipio de Caracollo, interrumpiendo las vías troncales entre La Paz y Oruro, y gestionó un cuarto intermedio para que no se afecte a la economía del país.

“Las demandas legítimas deben resolverse por la vía del diálogo, buscando el bien mayor, la seguridad de nuestro pueblo, fortaleciendo la recuperación económica indispensable tras los estragos económicos del golpe de Estado”, dijo Cox tras la reunión.

Según un reporte del viceministerio, la reunión se realizó con cuatro sindicatos del transporte pesado, comunarios y representante de la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol), en la cual la autoridad gestionó un cuarto intermedio en el bloqueo de la carretera interdepartamental, en el sector de Caracollo.

Cox afirmó que el Gobierno nacional, velando por la tranquilidad y el bien los bolivianos, tiene la dinámica de abrir las puertas a escenarios de diálogo y concertación en respeto de la normativa vigente.

Asimismo, destacó la predisposición de las autoridades de Ecebol que ayudarán a resolver las demandas presentadas por el trasporte pesado.

El sindicato de transporte pesado San Cristóbal protagonizó el bloqueo en demanda de ser parte de la cooperativa que transportaba el cemento de Ecebol; sin embargo, con esa medida de protesta la empresa productiva reportó que podría perder hasta Bs 700.000 por día que no despache el producto

El director ejecutivo del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Tito Tornero, informó este martes que formalizaron la denuncia ante el Ministerio Público en contra de los autores del asesinato de Anakin.

“Nosotros vamos a brindar todo el patrocinio y toda la orientación que sea necesaria para que este caso tenga la máxima pena por haberse cometido asesinato y descuartizamiento”, aseveró Tornero.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Sepdavi presentó la querella en contra de Álvaro S. y Luz P., y solicitarán al Ministerio Público que emita una citación para la madre de Luz, porque aparentemente el día del suceso ella estaba en el domicilio.

El Sepdavi solicitó que se esclarecerán los detalles del caso, para que los imputados sean sentenciados con la pena máxima sin derecho a indulto. Esa institución también brindará apoyo psicológico al padre de la víctima.

Según un reporte del Ministerio de Justicia, se solicitó la revelación del extracto de llamadas telefónicas de los imputados, la víctima y del padre de la víctima para esclarecer con quiénes se contactaron esas personas el día de los hechos.

El 1 de septiembre, vecinos de la zona Bella Vista de El Alto encontraron partes de un cuerpo, la Policía Bolivia realizó el levantamiento e identificó a la víctima como Anakin Tancara, un estudiante de Derecho de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Por la tarde, los efectivos encontraron el torso en la casa de Luz.

El 3 de septiembre, el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de El Alto determinó la detención preventiva de Álvaro en Chonchocoro y de Luz en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores.