Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), junto al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, incautaron este sábado un helicóptero y destruyeron pistas clandestinas en la región boscosa del parque nacional Iténez en el departamento del Beni. 

El ministro informó que, como resultado del operativo de rastrillaje en este sector, se interceptó un helicóptero con matrícula brasileña y se capturó a un ciudadano de esa nacionalidad, que sería el piloto de la aeronave, usada para transportar droga.

Además, dijo que se allanó un centro de acopio de combustible, laboratorios y se procedió a destruir pistas clandestinas.

“Estamos realizando un rastrillaje en todo el departamento del Beni para destruir pistas clandestinas, que son utilizadas como medio de tránsito de droga que llega del Perú. Estamos evidenciando la evolución del tránsito de sustancias controladas en el país, antes se usaban avionetas y en la actualidad se están utilizando helicópteros, que tienen una capacidad de transportar alrededor de 300 kilos”, dijo la autoridad.

Precisó que en la región de Baures se procedió a destruir una pista clandestina de más de 1.100 metros de longitud, construida estratégicamente por organizaciones criminales dedicadas al transporte y venta de sustancias controladas.

El cruel asesinato de Anakin Tancara, de 22 años, por parte de su exnovia y su actual pareja, desnudó la realidad de muchos jóvenes que pueden tener personalidad psicopática o sociopática, la cual es detonada por el alcohol, las drogas, la pornografía, las películas o juegos violentos y el romanticismo, dijo la psicóloga Marinés Salazar.

La especialista, entrevistada en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, dijo que esos factores configuran una “bomba de tiempo” que puede afectar especialmente a los jóvenes.

Dijo que muchas personas pueden tener personalidad psicopática o sociopática lo que les lleva a no sentir empatía, es decir no se colocan en el lugar de los otros en cuanto se refiere al sufrimiento o crueldad.

Sin embargo, esas personas no necesariamente asesinan cruelmente a otras. Para que puedan ocurrir esos extremos, existen factores detonantes como el consumo de alcohol, que es una droga, sustancias controladas, consumo de pornografía, consumo de películas violentas y sangrientas o juegos sangrientos y el romanticismo, es decir, el creer que “amar es morir por la otra persona” o “las “pruebas de amor”, dijo Salazar.

La psicóloga recordó que los padres tienen al menos tres deberes respecto a los hijos: satisfacer sus necesidades de alimento, vestimenta y educación; fomentar la buena comunicación, confianza y los juegos además de poner normas, reglas y límites ante determinadas circunstancias para que los jóvenes se acostumbren a un mundo con leyes.

Aunque aclaró que no se tiene una información oficial sobre las personalidades de los autores del horrendo crimen, explicó que las personas que incurren en esos delitos, a veces provienen de contextos violentos y traumáticos que son detonados por el alcohol, las drogas, la pornografía y las películas violentas/sangrientas, situaciones que fomentan la ausencia de empatía.

(Fotos: Facebook Columna Sur)

Milena Soto, cabecilla del grupo paramilitar Resistencia Juvenil Cochala (RJC), brazo armado del golpe de Estado de 2019, fue aprehendida este viernes, acusada por los delitos de organización criminal, privación de libertad, lesiones graves y leves, delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas.

El informe fue brindado por el canal televisivo Bolivia Tv que mostró imágenes de la orden de aprehensión contra Soto.

La aprehensión fue ejecutada en el domicilio de la dirigenta de la UJC, en la ciudad de Cochabamba, donde se encontraba con detención domiciliaria acusada por atacar las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en octubre de 2020.

Ella fue acusada de varios delitos junto a otros integrantes de esa organización irregular.

En 2020, en pleno golpe de Estado, integrantes de la RJC agredieron al periodista Adair Pinto en la urbe cochabambina

Roger Revuelta, integrante de esa organización paramilitar, asestó tres puñaladas contra el comunicador en el pecho, en el costado izquierdo del tórax y su pierna con el objetivo de acabar con su vida. Por ello, la justicia determinó una sanción de privación de libertad de 12 años y seis meses contra el agresor.

Previamente, otros integrantes de la RJC agredieron verbalmente y amedrentaron a Pinto, quien se encontraba en un recinto público de la avenida Libertador Bolívar, en la ciudad de Cochabamba.

Soto es cabecilla de la RJC, que operó en motocicletas (motoqueros) para atacar a sectores campesinos e indígenas que llegaron a la ciudad de Cochabamba para expresar su rechazo al golpe de Estado de Jeanine Áñez.

Esa organización paramilitar es también responsable del secuestro, agresiones, corte obligado de cabello de la entonces alcaldesa de Vinto, Cochabamba, Patricia Arce, quien fue obligada a caminar descalza, además de sufrir humillaciones públicas en noviembre de 2019.

La RJC también es investigada por beneficiarse del desvío de combustible que realizaba la Séptima División de las Fuerzas Armadas (FFAA) en Cochabamba.

El 10 de agosto de 2020, Soto, anunció la autoconvocatoria a los integrantes de la RJC para desbloquear los caminos que fueron interrumpidos por sectores sociales que entonces exigían elecciones generales al régimen de Áñez.

El 1 de diciembre de 2019, integrantes de RJC fueron homenajeados en un acto al que asistió el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El 20 de enero de 2020, Murillo pidió a la Policía que se reúna con los líderes que conforman la RJC para "agradecerles" por lo realizado en los conflictos.

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo, denunciaron las agresiones, ataques y abusos que cometieron integrantes de la RJC durante el régimen de Áñez.

Tanto la RJC como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) actuaron como grupos paramilitares que consolidaron el golpe de Estado de 2019.

En Santa Cruz, integrantes de la UJC atacaron a indígenas, cercaron y quemaron casas en el barrio Cofadena, en Montero, en el marco del golpe de Estado de 2019.

El reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó el accionar de grupos paraestatales en 2019, como la RJC, y pidió al gobierno desarticular ese tipo de organizaciones irregulares.

El juez anticorrupción Segundo de La Paz, Andrés Zabaleta, determinó rechazar el pedido de Jeanine Áñez de salir del penal de Miraflores, en La Paz, donde se encuentra con detención preventiva acusada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración además de que, según las acusaciones, existe riesgo de fuga y obstaculización de la justicia.  

La decisión judicial se tomó en el marco de una audiencia de cesación a la detención preventiva, solicitada por la defensa de Áñez en base a los certificados médicos que recomendaron la internación por motivos de salud, informó el canal televisivo Red Uno.

Durante la audiencia virtual, el juez señaló que, si bien existen esos certificados de los médicos de Áñez, la otra parte procesal señaló que ella cuenta con atención médica las 24 horas y que se debía realizar una junta médica para determinar el tratamiento.

Una valoración médico-forense concluyó que Áñez se encuentra “clínica y neurológicamente estable”, mientras que sobre su problema de hipertensión estableció que está “controlado y en tratamiento”.

La valoración fue hecha el 25 de agosto en atención a un pedido de la fiscal Lupe Zabala. Según el reporte, ella autorizó “el examen médico legal y la toma de muestras”, informó La Razón el miércoles.

“Al momento de la valoración médica forense, la examinada se encuentra consciente, con funciones cognitivas normales, sin datos de descompensación cardiaca, ni respiratoria, con presencia de signos vitales estables, con presión arterial dentro de los parámetros normales”, da cuenta el reporte publicado por el canal estatal, indicó el impreso.

En ese contexto, el juez Zabaleta consideró contradictorio que la defensa haya solicitado la detención domiciliaria de Añez, cuando la recomendación médica consistía en que sea internada en un centro especializado. Sin embargo, el abogado Luis Guillén aclaró que el juez podía determinar una detención domiciliaria en un centro médico.

Según legisladores del MAS, la defensa de Áñez impulsa una campaña política y mediática para liberar a la expresidenta de facto con el fin de que ella fugue del país.

En la acusación en su contra, se incluyó el riesgo de fuga ya que ella fue aprehendida pese a estar oculta en la casa de una vecina y tener antecedentes de salidas frecuentes al exterior.