Tras las masacres de Sacaba de Cochabamba y Senkata de la ciudad de El Alto en noviembre de 2019, seis instituciones hicieron seguimiento a los hechos de violencia ocurridos durante el régimen de Jeanine Áñez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, el Instituto de Terapia e Investigación Sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y la Defensoría del Pueblo entregaron sus conclusiones sobre los hechos en seis informes.

La CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una investigación en Bolivia, condenó “de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos”.

En su informe oficial titulado “CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia, y urge una investigación internacional para las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del proceso electoral desde octubre de 2019”, agrega que, “además de las muertes registradas en las masacres de Sacaba y de Senkata, el equipo técnico escuchó las denuncias de los asesinatos de Beltrán Paulino Condori Aruni, de 21 años, y Percy Romel Conde Noguera, de 32 años, quienes habrían muerto por disparos de arma de fuego; y de Juan Marín Félix Taco, de 18 años, cuya causa de muerte no se ha determinado, todos ellos durante la contención de una protesta realizada por pobladores de las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, entre el 10 y 11 de noviembre”.

La ONU

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se suma a las denuncias con el informe denominado “ONU la situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”.

Estableció que “los relatos de las víctimas de lesiones y testigos en Sacaba y Senkata, así como la documentación y el material audiovisual analizados por OACNUDH, indican que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes, en violación de las normas y estándares internacionales aplicables. Múltiples fuentes verificadas por OACNUDH sugieren que las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron municiones letales para dispersar a las personas manifestantes. Elementos materiales, como los cartuchos de munición usados y los impactos de bala en propiedades públicas y privadas, encontrados por OACNUDH donde ocurrieron los hechos, corroboran los relatos recogidos sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó que la munición letal fue la causa de todas las muertes y varias de las lesiones en las protestas de Sacaba y Senkata. No hubo reportes de miembros de las fuerzas de seguridad que hubieran muerto o resultado heridos por armas de fuego durante estas protestas”.

En este informe, la ONU exigió “una investigación pronta, independiente, imparcial, transparente y eficaz sería fundamental para determinar las circunstancias de las muertes y lesiones, e identificar a los autores materiales e intelectuales de esos actos y hacerlos rendir cuentas de conformidad con los estándares aplicables. Además de asegurar la verdad y la rendición de cuentas, ello contribuiría a apaciguar las fuertes tensiones y a restablecer la confianza pública en las instituciones del Estado”.

ITEI

Otro informe elaborado corresponde al Instituto de Terapia e Investigación Sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), una ONG boliviana con sede en La Paz que tiene como objetivo promover y defender los derechos humanos.

El documento titulado “Tortura y malos tratos en los acontecimientos de noviembre de 2019 en La Paz–Bolivia”, del 04 de junio de 2020, exigió al régimen de Jeanine Áñez “el cese inmediato de la represión política, de la tortura a los detenidos y su inmediata liberación, junto con el cese de los asesinatos y de todas las violaciones a los derechos humanos en contra de la población”.

Este documento indica que “el acto de represión policial y la persecución judicial, siguiendo el principio de presunción de culpabilidad muestra que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el no respeto al debido proceso, son un accionar generalizado en un sistema jurídico-policial incompetente, corrupto y sometido al gobierno de turno”.

Harvard

El informe “Nos dispararon como animales, Noviembre Negro y el Gobierno interino de Bolivia” presentado por International Human Rights Clinic de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) incluye una investigación independiente de aproximadamente seis meses, entrevistando a más de 200 víctimas.

Estableció que la totalidad de los muertos en las masacres ocurridas en Bolivia en 2019, eran civiles indígenas.

“El 15 de noviembre, tres días después de que el gobierno interino asumiera el poder, las fuerzas estatales abrieron fuego contra una marcha no violenta que pasa por el pueblo de Sacaba, matando a al menos 11 personas e hiriendo a al menos otros 120. Todos los muertos y heridos fueron civiles indígenas. No hubo policías ni soldados muertos o heridos”, indica el reporte.

“El uso de la fuerza por parte de los policías y fuerzas armadas contra personas desarmadas o manifestantes no violentos y otros civiles, violó directamente el derecho a la vida. De acuerdo a testigos presenciales en ambos lugares, fuerzas de seguridad abrieron fuego -sin dar aviso previo- (a) civiles desarmados, incluidos los que ayudan a (los) heridos. Las fuerzas de seguridad también golpearon a los manifestantes, utilizando el lenguaje racista y anti-indígena (…). El patrón en el que la Policía o soldados dispararon intencional o negligentemente, y ciudadanos asesinados sin restricciones, sugiere que estos actores llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales”, indica el informe.

Amnistía Internacional

La organización Amnistía Internacional elaboró el documento titulado “Para sanar la pandemia de impunidad. 20 recomendaciones en materia de derechos humanos a las personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia”.

Indicó que “en el marco de esta crisis post electoral se han perpetrado violaciones de derechos humanos, las que incluyen la represión de manifestaciones, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según información recabada por Amnistía Internacional, al menos 35 personas han fallecido y 833 han sido heridas en el contexto de las protestas desde octubre del 2019. Estas violaciones de derechos humanos no han sido investigadas adecuadamente, juzgadas y sancionadas, y permanecen en la impunidad”.

Sostiene: “Amnistía Internacional concluye que durante la crisis que sucedió a las elecciones de octubre de 2019 se han registrado violaciones de derechos humanos que incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público incluyendo, durante las protestas, ataques contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas opositoras políticas; declaraciones de altos funcionarios con amenazas y que, en ocasiones, contienen llamados a ejercer la violencia y ataques a la libertad de expresión y a la independencia judicial”.

Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, tras una detallada investigación, determinó, en su informe titulado “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, que “Las veinte (20) muertes ocurridas en Sacaba y Senkata, durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, se constituyeron en masacres, al haberse cometido el delito de Asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.

Luego del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, denunciado por el entonces presidente Evo Morales, se suscitaron hechos de violencia en varias regiones del país, por ejemplo, en Senkata de El Alto y Sacaba de Cochabamba. Ante esa situación, se conformó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

El equipo internacional tiene como objetivo coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de ese año.

Fue el 23 de noviembre del 2020, en La Paz, con respaldo del gobierno de Luis Arce, que los expertos comenzaron sus labores. Retomaron las investigaciones la segunda semana de enero de 2021 luego de una etapa preliminar de investigación y una pausa por fin de año.

Desde entonces hasta la fecha, el GIEI-Bolivia desarrolló una agenda de trabajo en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Sacaba, Villa Tunari, Bulo Bulo, Sucre, Santa Cruz, Montero, Potosí, Vila Vila, Challapata, Caracollo y Oruro.

“El GIEI ha recabado información de una amplia gama de fuentes y de todas las partes interesadas. Queremos agradecer a esas personas e instituciones su apoyo y confianza”, indicó Julián Burger, experto del GIEI-Bolivia.

Se tiene previsto que el informe final, que analizará los hechos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, sea dado a conocer este viernes 23 de julio.

Con la publicación del informe final, el GIEI-Bolivia dará a conocer sus conclusiones sobre los hechos investigados y sus recomendaciones para coadyuvar a las autoridades bolivianas en los temas de promoción de la justicia y de garantía de reparación a las víctimas.

“Con respecto a las entrevistas que realiza el GIEI, estas son total y absolutamente confidenciales, por lo que las víctimas y testigos que decidan declarar pueden hacerlo con la absoluta confianza y certeza de que el GIEI es un espacio seguro”, sostuvo el secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal Melero, en entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI).

El GIEI-Bolivia recabó, en toda su labor, más de 100.000 fojas de expedientes investigativos, judiciales y periciales que fueron objeto de revisión, y más 360 personas han brindado su testimonio en entrevistas individuales.

Los expertos y el equipo técnico se reunieron con sindicatos, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la prensa, partidos políticos, personalidades públicas, miembros del gobierno, fiscales, jueces y exautoridades.

La Armada Boliviana este miércoles realizó el rescate de dos cuerpos sin vida y de un vehículo que se precipitó del puente mirador turístico, conocido como “Bahía Cáceres”, en Puerto Suárez, en el departamento de Santa Cruz.

“Ante el siniestro, efectivos navales efectuaron la operación de búsqueda y rescate de dos cuerpos sin vida de sexo masculino de aproximadamente 50 años de edad que se encontraban al interior del motorizado” informó el capitán de Navío, Oscar Vaca, comandante del Quinto Distrito Naval “Santa Cruz” de la Armada Boliviana.

El hecho se registró en la madrugada de acuerdo a una llamada telefónica que realizaron efectivos de la Policía Boliviana a la Unidad Naval, solicitando apoyo para la recuperación de las personas y del vehículo.

Efectivos del Batallón de Infantería de Marina V “Calama” y buceadores del Grupo Táctico de Buceo N° 5 de la Base Naval “Tamengo”, dependiente del Quinto Distrito Naval "Santa Cruz" de la Armada Boliviana, procedieron a la extracción del vehículo siniestrado con el apoyo de una grúa, según un comunicado de prensa.

El jefe de la División de Homicidios, René Tambo, informó este miércoles que esa institución continúa con las investigaciones por la muerte del oficial Miguel Ángel Q., miembro de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), en Coripata, Yungas de La Paz, por lo que cerca de una veintena de efectivos declararon sobre el caso.

“Tenemos un aproximado de 15 a 20 funcionarios que han prestado su declaración informativa, para corroborar los indicios”, informó Tambo en radio Compañera.

De acuerdo con el oficial, hasta la fecha ya se tomó la declaración con el objetivo de identificar cómo ocurrieron los hechos que desencadenaron en la muerte del oficial.

“Continuamos con las diligencias, se está haciendo las notificaciones correspondientes para llegar a la verdad histórica de los hechos”, afirmó.

Explicó que se está coordinando con la Fiscalía Departamental para que las personas que estaban presentes en el lugar se apersonen a emitir su declaración, por lo que no se descarta que se convoque a declarar a Armin Lluta y Elena Flores, representantes de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca).

“También se va a notificar a quienes hayan estado en el lugar (…). Se está gestionando la documentación con el Ministerio Público para hacer las notificaciones correspondientes. Están los señores (Lluta y Flores) porque ellos habrían convocado a esas reuniones”, aseveró.

El sábado 3 de julio pasado se instalaron bloqueos de caminos de organizaciones de productores de coca de Yungas en rechazo a la realización de una asamblea de Adepcoca, que debía realizarse en Coripata.

El oficial Miguel Ángel perdió la vida por un impacto de bala y otro efectivo resultó herido durante un enfrentamiento con cocaleros de la región, donde miembros de las fuerzas especiales realizaban el desbloqueo de caminos.