Sucre, 06 de septiembre de 2025 (ABI).– El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, sostuvo este viernes una reunión de coordinación con fiscales superiores, directores y jefes de unidad del Ministerio Público para definir los lineamientos estratégicos que permitirán implementar el Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, una vez sea promulgado.
“El compromiso institucional es firme en la lucha contra toda forma de violencia sexual que afecte a nuestras niñas, niños y adolescentes, especialmente en entornos digitales que requieren respuestas urgentes y especializadas. Esta reunión es parte del trabajo de preparación para garantizar una implementación eficaz del proyecto normativo una vez sea promulgado”, afirmó Mariaca.
Durante el encuentro, de acuerdo con un reporte institucional, se analizaron aspectos técnicos, operativos y normativos que permitirán fortalecer la atención a víctimas de violencia en espacios digitales. Además, se delinearon acciones para mejorar la investigación penal mediante la articulación interinstitucional.
El fiscal general destacó también la importancia de generar capacitaciones y protocolos de actuación internos que aseguren un abordaje integral y sensible a los derechos de la niñez y la adolescencia.
Antecedentes de la norma
El Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, tras un proceso de concertación entre el Ministerio de Justicia, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en ciberseguridad.
La futura norma busca tipificar y sancionar delitos como la explotación sexual en línea, el acoso digital, la difusión de material de abuso sexual infantil y otras formas de violencia que se cometen a través de plataformas digitales.
El texto legal también establece medidas de prevención y protección, como campañas educativas, programas de formación para operadores de justicia y protocolos de cooperación entre el Estado, empresas proveedoras de servicios digitales y la sociedad civil.
Con su promulgación, Bolivia se sumará a los países de la región que han desarrollado marcos jurídicos específicos para enfrentar la violencia sexual en entornos virtuales.
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