La Paz, 27 de febrero de 2023 (ABI). – El Gobierno reafirmó este lunes que no se dejará de lado la investigación por la ruptura del orden constitucional de 2019 y la aprobación del “decreto de la muerte” 4078, disposición legal que liberó a los militares de responsabilidad penal por operativos para “restablecer el orden”.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, fijó la posición y desahució, una vez, una eventual amnistía como exige el Comité Pro Santa Cruz y políticos de oposición, para privados de libertad como el excívico Luis Fernando Camacho, principal acusado en el caso de Golpe de Estado I vinculado al golpe de Estado, la toma del poder por parte de Jeanine Áñez y las masacres de Sacaba y Senkata.
“No vamos a dejar de lado las investigaciones por el decreto de la muerte, por las 36 muertes y por los más de 1.000 detenidos sin un debido proceso. Es algo que ha ocurrido en nuestro país y se tiene que investigar”, afirmó Alcón en contacto con la prensa.
Desde el Gobierno se ve un afán en cívicos cruceños y políticos de imponer impunidad ante lo ocurrido en 2019. Las protestas violentas lideradas por el entonces cívico Camacho, el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión acabaron acorralando y obligando a Evo Morales a dimitir, lo que dio paso a la toma del poder de Áñez, respaldada por cívicos y opositores.
Luego de la dimisión del exjefe de Estado, el 12 de noviembre de 2019, la segunda vicepresidenta del Senado Jeanine Áñez se declaró titular del Senado y luego presidenta del país ante un plenario sin quorum, en clara vulneración a los reglamentos del Legislativo y de la propia Constitución, según las indagaciones fiscales y la sentencia de 10 años en su contra.
Apadrinada por las negociaciones extra legislativas, promovidas por la jerarquía de la Iglesia Católica, Áñez formó su gobierno con varios políticos y delegados de los dirigentes cívicos, entre ellos de Camacho, quien pidió “varios ministerios”, según reveló la propia Carolina Ribera, hija de la exsenadora, el 6 de enero.
Luis Fernando López, persona de confianza del excívico Camacho, fue parte del gabinete de Añez como ministro de Defensa. También se conoce que gente de su confianza se hizo cargo de Impuestos Nacionales.
El propio Camacho confesó el 27 de diciembre de 2019 cómo López fue parte de las negaciones, de la que el principal promotor fue su padre, José Luis Camacho, que permitieron “cerrar” con policías y militares su respaldo al movimiento cívico.
“La persona que fue a hablar con ellos (los militares) fue Fernando López, por eso está de Ministro de Defensa, para cumplirle los compromisos. Con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (la Policía y las Fuerzas Armadas) no iban a salir, fue que dimos las 48 horas (para la renuncia de Morales)”, reveló Camacho en un video en el que aparece con su círculo cercano de amigos relatando lo pormenores de lo que ocurrió.
López fue uno de los once ministros que firmó, junto a Áñez, el Decreto Supremo 4078, el 15 de noviembre de 2019, el que eximía de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus actuaciones en operativos de “restablecimiento del orden”. La intervención policial y militar a protestas en Sacaba y Senkata acabó con más de 20 muertos y decenas de heridos de bala.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que se cometió una masacre en Senkata y Sacaba.
El 17 de enero, los fiscales Walter Lora Uría, Iván Cernadas Miranda y Favio Maldonado Parada comunicaron al Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto que el Ministerio Publicó determinó ampliar el proceso penal en contra de la expresidenta de facto por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculados a la masacre de Senkata, El Alto, el 19 de noviembre de 2019.
A partir de la ampliación del proceso, el Comité Impulsor del juicio de responsabilidades anunció que procesará al gabinete de ministros que, junto con la exsenadora, “dieron carta blanca” a las Fuerzas Armadas para reprimir a la población en noviembre de 2019.
Además de López están denunciados Karen Longaric Rodríguez (Relaciones Exteriores), Jerjes Enrique Justiniano Atalá (Presidencia), Arturo Carlos Murillo Prijic (Gobierno), José Luis Parada Rivero (Economía), Álvaro Rodrigo Guzmán Collao (Energía), Yerko Núñez Negrete (Obras Públicas), Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo (Justicia), María Elva Pinckert de Paz (Medio Ambiente y Agua), Mauricio Samuel Ordoñez Castillo (Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga Vega (Comunicación).
Alcón recordó que el GIEI estableció que se deben investigar estos hechos y “evitar mecanismos como la amnistía en temas de derechos humanos”.
“Ya lo ha dicho la ministra (de la Presidencia, María Nela Parada), no hay amnistía en temas de derechos humanos”, insistió.
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