El presidente Luis Arce informó este martes que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías ejecuta una millonaria inversión en el municipio de El Alto. Resaltó que este año empezará a funcionar el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, y se prevé realizar más de 6.700 instalaciones de gas domiciliario.

“Desde el 2018, la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) viene desarrollando el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de El Alto, con una inversión de 54,3 millones de dólares. Lamentablemente, desde 2019 también esta obra se paralizó. Se entregó la administración a personal no calificado y no se efectuaron las gestiones adecuadas para contar con los equipos necesarios para su funcionamiento”, dijo el Mandatario.

El Presidente y el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, entre otras autoridades, participaron esta jornada en la sesión de honor del Concejo Municipal de El Alto, en conmemoración de los 36 años de creación del municipio, cuyos habitantes son reconocidos como “defensores del gas”, indica un reporte de prensa.

En su discurso, Arce indicó que el Gobierno nacional ultima los detalles para el funcionamiento del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, que permitirá el diagnóstico efectivo y tratamiento oportuno del cáncer, de patologías neurológicas y cardiológicas, entre otros.

“La población de la ciudad de El Alto y La Paz ya podrá contar con el área de medicina nuclear para diagnóstico, el área de radioterapia y el área de quimioterapia ambulatoria”, remarcó.

Por otro lado, el jefe de Estado informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invertirá este año en El Alto más de $us 11 millones en transporte, instalaciones de gas, comercialización, almacenaje y otros sectores. Se tiene planificado realizar 6.748 nuevas conexiones de gas domiciliario, agrega el reporte.

Según datos oficiales, desde 2009 hasta octubre de 2019 se desembolsaron más de $us 107 millones en el sector de hidrocarburos. En contraste, durante el gobierno de facto se registraron los niveles más bajos de avance físico y financiero de proyectos de inversión, con un promedio de $us 0,54 millones al mes.

El Alto es uno de los municipios con el mayor número de instalaciones de gas domiciliario (más de 200.000), lo que da seguridad y comodidad a las familias alteñas, además de cuidar su economía, indica el informe.

El municipio se encuentra en la vanguardia de la industrialización, ya que alberga una moderna planta de industrialización de polietileno para proveer tuberías y accesorios para redes de gas, agua y riego a todo el país.

Esa planta se encuentra en el parque industrial de Kallutaca. Está a cargo de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) e inició sus operaciones con sus primeros contratos para la provisión de tuberías para redes de gas a YPFB por un valor de Bs 7.779.165, en 2018.

El presidente Luis Arce inauguró este martes Puerto Seco, un parque agroindustrial que beneficiará al municipio de Montero, en el departamento de Santa Cruz, que fue construido y equipado con una inversión de Bs 14.695.967.

“Quiero simplemente, en esta oportunidad, reiterar el compromiso del Gobierno nacional para apoyar al sector productivo del país”, relievó, en un acto público realizado en el flamante predio.

El recinto cuenta con una balanza, parqueo para 135 vehículos, restaurante con capacidad para 50 personas, un sistema de luz led con 28 luminarias de 150 watts y un enmallado perimetral.

En su discurso, el mandatario destacó que el proyecto fue ejecutado con recursos económicos del Fondo Indígena y de la Alcaldía de Montero.

“En coordinación entre el Gobierno nacional y la Alcaldía, se puede tener estos resultados. Es muy importante esa coordinación para que podamos ir beneficiando y haciendo obras”, recalcó.

El jefe de Estado recordó que el sector agropecuario es clave del modelo económico social comunitario productivo y por ello es importante impulsar obras y políticas que beneficien a los productores del país.

“Queremos industrializar el país, y para industrializar el país lo primero que hay que hacer es producir la materia prima, y la materia prima, fundamentalmente, viene del sector agropecuario. Por lo tanto, hay una enorme coincidencia con lo que pretendemos hacer, de industrializar el país, con lo que Santa Cruz, con lo que Montero hace”, aseveró.

Finalmente, Arce recordó que el Gobierno nacional comenzó a reactivar la economía y la demanda interna para el beneficio de los productores nacionales, siguiendo el camino hacia la salida de una crisis dejada por el régimen de Jeanine Añez, que comenzó en noviembre de 2019 y adoptó malas y desacertadas decisiones de política económica.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que el 1 de marzo concluyó el pago del “Bono contra el Hambre”, beneficio que llegó a más de 4 millones de personas con un monto pagado que supera los Bs 4.000 millones.

“Hoy, tres meses después de que iniciamos con el pago del Bono contra el hambre, con orgullo podemos decir: ¡Misión cumplida! Llegamos a más de 4 millones de personas en el territorio boliviano, con una erogación de más de 4.000 millones de bolivianos”, enfatizó, citado en un boletín institucional.

La autoridad destacó que se cumplió el mandato del presidente Luis Arce de llegar con el beneficio al área rural, donde más de 1,3 millones de personas recibieron el pago correspondiente, lo que equivale al 33% del total de los beneficiarios.

El Bono contra el Hambre fue la primera medida que ejecutó el Gobierno nacional para reconstruir y reactivar la economía, luego de las medidas desacertadas del gobierno transitorio de Jeanine Añez y los efectos adversos que dejó la pandemia del COVID-19.

El pago del beneficio comenzó el 1 de diciembre de 2020 y se prolongó hasta el 01 de marzo de 2021.
La medida consistió en el pago único de Bs 1.000 y benefició a las personas que no recibieron una remuneración salarial del sector público o privado hasta septiembre de 2020.

También se entregó esa ayuda económica a las personas mayores de 18 años cumplidos hasta el 16 de septiembre de 2020, y a menores de 60 años hasta el 1 de marzo de 2021. 

De igual forma se benefició a las personas con discapacidad registradas en su organización, a las madres que recibieron el Bono Juana Azurduy, a los asegurados independientes en el Sistema Integral de Pensiones y asegurados del sector cooperativista minero.

“Para este pago estaban incluidos diferentes beneficiados. Hablamos por ejemplo de las personas con discapacidad registradas en el Instituto Boliviano de la Ceguera, quienes alcanzaban a más de 6.000 personas. También teníamos el registro de personas discapacitadas que están dentro de las categorías: moderada, grave y muy grave, que llegaban a 86.000 personas”, detalló la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza.

“Las madres con el Bono Juana Azurduy que eran 198.000, los que fueron beneficiados con el Bono Universal, con 3,7 millones de personas, asegurados independientes y socios cooperativistas mineros que alcanzaban a 62.000 y, en el caso de asegurados dependientes y consultores que no hicieron aportes a las AFP desde mayo a septiembre, más de 123.000 personas”, acotó.

Para garantizar la logística de pago se habilitó 75 entidades financieras a nivel nacional y un total de 2.062 agencias en todo el país.

Se atendió las consultas a través de líneas gratuitas y se designó 30 oficinas de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo a nivel nacional para viabilizar el pago de apoyo a las familias más afectadas por la crisis económica.

En cumplimiento a la instrucción del presidente Luis Arce, el 33% de los pagos de esta ayuda económica llegó al sector rural; mientras que el otro 67% se entregó al área urbana.

En cuanto a la cobertura del área rural, Beni fue el departamento más beneficiado con el 67% de los pagos realizados, seguido por Potosí, con el 55%; Cochabamba, con el 52%; y Tarija, con el 51%, entre las regiones con la mayor cantidad de pagos.

“En algunos departamentos, como es el caso de Beni, Cochabamba, Potosí y Tarija, el pago del bono en el área rural fue mayor al 50 por ciento. En el caso del Beni, el pago en área rural fue más del 66 por ciento; en Cochabamba, más del 52 por ciento; en Potosí, más del 55 por ciento; y en Tarija, más del 51 por ciento, cumpliendo con la instrucción del Presidente de llegar a los sectores más damnificados por el COVID-19, que era en el área rural”, enfatizó la Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros.

A nivel global, por departamentos, La Paz concentró el 35% de los pagos, seguido por Santa Cruz, con 24% y Cochabamba, con 18%. El resto de las transacciones se realizó en los demás departamentos del país.

Con esta medida, aplicada por el Gobierno nacional para aliviar los gastos familiares, se contribuyó a reactivar la demanda interna y se dinamizó la economía nacional.

El ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó este martes la reactivación de la construcción de la carretera El Espino - Boyuibe - Charagua, en el departamento de Santa Cruz, con una inversión de más de Bs 47 millones, obra que estuvo paralizada durante los 11 meses del régimen de Jeanine Añez.

“Estamos reactivando la carretera El Espino - Boyuibe - Charagua, desembolsando más de 47 millones de bolivianos para reiniciar esta obra tan importante. Además de eso, se habilita a la empresa contratista conciliar sus planillas, porque en más de 11 meses de golpismo no se les dio un sólo centavo”, expresó, citado en un boletín institucional.

El 25 de febrero, el viceministro de Transportes, Nino Saúl Herbas, indicó que la Gobernación de Santa Cruz incumplió un convenio intergubernativo firmado con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) referente a la obra, porque dejó de cancelar 11 planillas a la empresa constructora, es decir, desde septiembre de 2019.

En ese contexto, Montaño explicó que el “contrato con la ABC, en su Artículo 15, dice que cuando la Gobernación de Santa Cruz no realice el desembolso correspondiente (contraparte del 15%), el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hace el débito automático”.

“Eso está firmado por la Gobernación de Santa Cruz”, aseveró.

Recordó que la Gobernación de Santa Cruz afirmó que el convenio que suscribió fue con el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Sin embargo, estas dos instituciones emitieron publicaciones desmintiendo ese argumento.

“Hay que decir a la población que las acusaciones que hace la Gobernación de Santa Cruz en cuanto se le haya confiscado recursos es mentira. Es más, tenemos otra carretera Buena Vista - Las Cruces, Kilómetro 13, también con aporte local”, acotó Montaño.

Finalmente, reiteró la invitación pública al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y al alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, para abordar esos temas el 4 de marzo, a las 17.00, en la ciudad de La Paz.