La Empresa Minera Huanuni (EMH) y la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) llegaron a un acuerdo y dieron fin a un conflicto provocado por deudas. 

El ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, y el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Wiston Medrano, mediaron para que en el problema se encuentre una alternativa de solución.

La EMH y la EMV acordaron esperar los resultados de los trámites inherentes a los certificados de devolución impositiva (Cedeim) que debe otorgar el Servicio de Impuestos Nacionales, para destinar a la Empresa Minera Huanuni.

Por su parte, la EMV ratificó que cumplirá las obligaciones contractuales y continuará con el ritmo y regularidad actual de pagos semanales por la compraventa de concentrados de estaño, además de honrar la deuda existente de gestiones pasadas.

El viceministro Medrano resaltó la predisposición de ambas partes para llegar a acuerdos y no perjudicar el trabajo en ninguna empresa estatal. Se comprometió a realizar el seguimiento al cumplimiento del convenio.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, reiteró este miércoles la invitación al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Fanor Salces, para instalar una mesa de trabajo mañana, jueves, en la ciudad de La Paz, y hablar sobre la transferencia de un terreno y la construcción de una carretera de acceso que se precisan para el funcionamiento del Aeropuerto Internacional de San Ignacio de Velasco.

“Hago recuerdo, nuevamente, que el Alcalde San Ignacio de Velasco y el gobernador de Santa Cruz, el señor Rubén Costas Aguilera, han sido invitados por mi persona para el día de mañana (…). Estas son las invitaciones con fecha de recibido. Tengo las notas”, señaló en una conferencia de prensa, a tiempo de mostrar los documentos.

La autoridad gubernamental recordó que la Gobernación de Santa Cruz tiene un compromiso suscrito para la construcción de una carretera de acceso, de siete kilómetros; mientras que la Alcaldía de San Ignacio de Velasco debe cumplir con la transferencia del terreno usado para el puerto aéreo, a nombre de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación.

En ese contexto, Montaño recordó que la obra no puede quedar como elefante blanco porque a una de las dos autoridades invitadas “se le ocurra no cumplir con los compromisos asumidos en el caso del Aeropuerto Internacional de San Ignacio de Velasco”.

“Nuestro Gobierno ha invertido más de 28 millones de dólares en la construcción y nosotros queremos que la reactivación económica se haga efectiva a través del turismo, a través de la producción. Por eso, ha sido planificado (este aeropuerto) entre la Gobernación cruceña, la Alcaldía de San Ignacio de Velasco y nuestro Gobierno”, acotó.

El titular de Obras Públicas, Servicios y Vivienda dijo que las dos autoridades invitadas demostrarán con su asistencia a la cita “si, evidentemente, quieren reactivar la economía del pueblo cruceño, pero además de eso, quieren a un pueblo pujante”.

El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando informó este miércoles que se incautó 132 vehículos grandes, medianos y pequeños indocumentados, además de 38 motorizados que transportaban más de 23 toneladas de alimentos internados de manera ilegal. Los operativos se desarrollaron entre el 1 de enero y el 26 de febrero de este año, en las fronteras con Chile y Perú.

Según un boletín institucional, el resultado se logró con la ejecución de 1.060 operaciones tácticas. 
Detalla que, entre los motorizados indocumentados, hubo 16 que fueron incinerados.

Los alimentos internados fueron comisados entre la localidad de Desaguadero, que está en la línea binacional con Perú, hasta el punto fronterizo con Chile, porque no contaban con la autorización de internación del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.

Las acciones contra el contrabando dejaron también el saldo de nueve instalaciones institucionales dañadas y/o destruidas por los contrabandistas y siete enfrentamientos con grupos que se dedican al contrabando, los cuales provocaron que cuatro militares queden heridos.

“Los artículos incautados como vehículos y mercadería de contrabando procedente de Chile son entregados a la Aduana Nacional de Bolivia, generalmente a su Regional de Oruro, ya que es esa instancia a la que le corresponde realizar el aforo y la valoración respectiva para determinar si en el caso de los vehículos, estos sean robados”, agrega el boletín institucional.

El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando tiene procesos instaurados ante el Ministerio Publico en contra de varias personas dedicadas al contrabando de vehículos y mercadería, por agresiones violentas, incluso con armas de fuego, contra efectivos militares de las patrullas que realizaron operaciones tácticas.

También existen procesos sumarios contra militares que apoyan de alguna manera el ilícito de contrabando, dejando claro que el Gobierno nacional no permitirá que amenacen la economía y la seguridad del país.

El 25 de abril de 2018, se promulgó la Ley Nº 1053, de fortalecimiento de la lucha contra el contrabando y, con el Decreto Supremo Nº 3540, se creó el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando.

El presidente Luis Arce dio inicio este miércoles al proyecto de producción de diésel renovable en Bolivia con una nueva planta ubicada en la refinería Guillermo Elder Bell de Santa Cruz, para garantizar la soberanía energética.

“Nuestro modelo económico tiende a construir una Bolivia productiva, y esta vez se trata de un proyecto enmarcado en la lógica que planteábamos también en nuestro plan de Gobierno de sustitución de importaciones, de tener soberanía energética, que es clave para un país, ahí estamos apuntando con este proyecto”, señaló el mandatario en el lanzamiento del Proyecto de Diésel Renovable.

Arce sostuvo que la soberanía energética es una “prioridad” del Gobierno, por lo que calificó a ese proyecto de “estrella” “para sacar al país de la crisis económica” agudizada por el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

“Esta es la primera planta de un gran proyecto de producción de diésel renovable, porque no solamente pretendemos hacer una sola planta, hay lugares como en el occidente boliviano que también son potenciales de materia prima para la producción de diésel renovable”, apuntó.

Gracias a la implementación de tecnología de punta, Bolivia producirá diésel renovable a partir de aceites vegetales y la reutilización de los desechados y grasas animales, en el marco del megaproyecto que se ejecutará según el plan de gobierno 2020-2025 del presidente Arce que garantiza la seguridad energética del país.

“La apuesta convertirá a Bolivia en el primer país de Sudamérica en producir diésel renovable de alta calidad que será utilizado en el parque automotor, con lo que contribuiremos a los objetivos del gobierno de cuidar el medio ambiente. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos implementará la Planta de Diésel Renovable (HVO) destinada a la producción de energía limpia de manera responsable y respetuosa con nuestra Madre Tierra”, indicó el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.

La Planta de Diésel Renovable estará ubicada en la Refinería Guillermo Elder Bell de Santa Cruz y necesitará una inversión aproximada de 250 millones de dólares. En el tercer trimestre del presente año, se estima lanzar la convocatoria pública para la contratación de una empresa que lleve a cabo la ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de esta nueva planta que comenzará a operar en el último trimestre del 2024.

Esta planta producirá aproximadamente 9.000 barriles de diésel renovable por día y transformará el aceite crudo, óleos usados y sebo en Aceites Vegetales Hidrotratados (por sus siglas en inglés HVO) también conocido en el mercado mundial como Diésel Renovable.

“Nuestro carburante producido en la planta, será de calidad superior al convencional pues se elaborará con los mayores estándares internacionales. Los motores de nuestros consumidores se verán beneficiados con este biocombustible por su alto índice de cetano y bajo porcentaje de azufre, entre otros” resaltó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Wilson Zelaya.