La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) anunció este viernes que reforzará el sistema de seguridad en el centro minero Huanuni, en el departamento de Oruro, para evitar el robo de mineral y proteger a los trabajadores.

El jueves se registró un nuevo asalto a esa mina que terminó con unos 45 detenidos que ahora enfrentan un proceso por agresiones y asociación delictuosa tras atentar contra la integridad del personal y la economía de la Empresa Minera Huanuni.

"Informarnos a la población que se reforzará la seguridad de las instalaciones y se seguirán las acciones legales pertinentes para que se aplique todo el peso de la ley contra los delincuentes", señala un comunicado de Comibol.

Autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras lograron el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para impulsar acciones de fortalecimiento a la producción piscícola en territorio boliviano.

El proyecto consiste en la reactivación piscícola, a través del fortalecimiento de la cadena de valor productivo y orientado a pequeños y medianos productores, informó esa cartera de Estado.

Con ese objetivo el coordinador general del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, Orlando Achu, se reunió con el subdirector de JICA, Shintaro Akiyama.

Achu indicó que el Gobierno canaliza recursos a través de la Institución Publica Desconcentrada de Pesca y Acuicultura y el Tesoro para apoyar los emprendimientos productivos.

A eso sumó el interés de Japón para ayudar en el equipamiento del Centro de Tiquina, la adquisición de ovas embrionadas, asistencia técnica y capacitación de profesionales.

La ejecución de ese proyecto podría comenzar a partir de mayo de este año, una vez resueltas las formalidades administrativas de parte del gobierno boliviano y del Japón.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) habilitó una aplicación, su página web y redes sociales para emitir un formulario de reclamos ante eventuales vulneraciones a los derechos de los prestatarios que gestionan un refinanciamiento, reprogramación o periodo de gracia en los bancos.

"Este mecanismo dispuesto por ASFI, permite realizar una atención oportuna a los consumidores financieros (…) identificar vulneraciones a la norma que ameriten sanciones; asimismo, contará con información estadística para realizar la supervisión a las entidades de intermediación financiera", informó el ente regulador.

El formulario de reclamos está disponible en la página www.asfi.gob.bo y en el aplicativo móvil ASFI Digital, disponible en el Play Store.

"A través de esta aplicación para teléfonos móviles, tablets, equipos de computación de escritorio u ordenador portátil, el consumidor financiero podrá hacer sus consultas y/o reclamos, las 24 horas del día, durante los siete días de la semana", relievó ASFI.

La población también puede comunicarse a la línea gratuita 800-103-103 de 07:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y de 08:00 a 16:00 los sábados, o acudir a las oficinas de ASFI en todo el país.

El Ministerio de Economía y Finanzas desmintió este jueves que el acuerdo firmado con el sector del autotransporte, que otorga seis meses de gracia a los prestatarios, sin el pago del capital ni interés, atenta contra la estabilidad y vulneración del Sistema Financiero.

“El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas desmiente el supuesto atentado contra la estabilidad y vulneración del Sistema Financiero, reitera a las Entidades de Intermediación Financiera el compromiso de responsabilidad que tienen con la población boliviana y las convoca a sumarse al esfuerzo del Gobierno para lograr un futuro con estabilidad y retomar la senda del crecimiento económico”, señala un comunicado de esa cartera de Estado.

Ante los pronunciamientos emitidos por distintas asociaciones que aglutinan a diferentes entidades de intermediación financiera que rechazan el acuerdo, El Ministerio de Economía afirmó que el documento suscrito  viabiliza la posibilidad de que se otorgue un periodo de gracia de seis meses para que los prestatarios puedan reprogramar o refinanciar sus operaciones, extendiendo el plazo, manteniendo la misma cuota y tasa de interés.

De acuerdo con esa cartera de Estado, el acuerdo es una “apuesta decidida” para recuperar y reafirmar la cultura de pago característica del pueblo boliviano, además de un proporcional apoyo a quienes fueron afectados por la pandemia del COVID-19, para que puedan sostener y dar continuidad con los proyectos basados en financiamientos. “En este contexto es necesario el concurso tanto del Gobierno Nacional como del Sistema Financiero”, refiere el comunicado.

Las determinaciones asumidas en el acuerdo suscrito con el sector del autotransporte se amparan en lo dispuesto en la Constitución Política del Estado (CPE), artículo 330, el cual faculta al Gobierno a regular el Sistema Financiero sobre la base de criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, apunta el Ministerio de Economía.

“Del mismo modo, se recuerda a las Entidades de Intermediación Financiero que la Ley N° 393 de Servicios Financieros, en su artículo 4, dispone que los servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población”, indica.