Varios países de Europa informaron récords o las cifras diarias más altas de muertes o casos de coronavirus en varios meses, mientras que Bélgica analizaba volver a imponer restricciones que había relajado apenas hace unas semanas.

Ucrania registró un récord de 734 muertes en las últimas 24 horas y Bulgaria un doble récord de 5.863 contagios y 243 decesos.

Solo el 16% de los 41 millones de habitantes de Ucrania está plenamente vacunado contra el coronavirus, informó el Ministerio de Salud.

En Bulgaria, que tiene 7 millones de habitantes, el porcentaje de vacunados con el esquema completo es del 25%, dijeron las autoridades.

En Polonia, el Ministerio de Salud notificó 93 fallecidos a causa de la Covid-19, la cifra más alta desde el 8 de junio, cuando se confirmaron 95 decesos.

La cartera informó además 6.265 nuevos contagios en las últimas 24 horas, frente a los 2.950 del día anterior, informó la agencia de noticias Europa Press.

En la República Checa, las infecciones diarias alcanzaron los mayores niveles en más de un año y medio, con 4.262, superando por 1.733 la cifra del mismo día de la semana pasada.

Los casos de coronavirus y las internaciones también se han disparado en Bélgica, donde el Gobierno se reunirá hoy con funcionarios regionales para estudiar la posible reimposición de restricciones.

Las infecciones diarias en el país de 11 millones de habitantes crecieron un 75% hasta alcanzar los 5.299 un día de la semana pasada.

Las hospitalizaciones crecieron 69%, hasta los 102 diarias.

Las muertes también se han incrementado, aunque en un porcentaje menor, con un promedio de 13 por día.

La prensa local afirmó este martes que el Gobierno no piensa decretar un confinamiento, y que en cambio evalúa volver a hacer obligatorio el tapabocas en más lugares o exigir certificados de vacunación.

En Letonia, que la semana pasada entró en confinamiento por un mes por el avance del virus, el presidente Egil Levits dio negativo en una prueba de Covid-19 tras recuperarse de la enfermedad, informó la Presidencia.

El 14 de octubre, la oficina del presidente de Letonia informó de que, después de regresar de un viaje Suecia, Levits había dado positivo.

En los últimos días el pequeño país báltico, con una población de 1,8 millones de personas, ha registrado más de 1.000 casos por día.

 La comisión especial instaurada en el Senado de Brasil para investigar la gestión de la pandemia por parte del Gobierno aprobó por amplia mayoría el informe que acusa al presidente Jair Bolsonaro de haber cometido nueve delitos diferentes.

El Juzgado Federal Número 2 de Córdoba, Argentina, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informes sobre violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Jeanine Áñez, en el marco de las denuncias por delitos de lesa humanidad que radican en el país vecino.

El informe fue brindado este martes por el abogado argentino, Rafael Ortiz, quien presentó la denuncia en 2019, junto con otras organizaciones, en contra de Áñez, sus ministros y colaboradores que operaron durante el golpe de Estado de 2019.

El jurisconsulto, entrevistado en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, indicó que los denunciantes solicitaron que el tribunal argentino acepte como prueba el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que estableció que existieron masacres durante el régimen de Áñez.

Ante ello, el Juzgado Federal de Córdoba realizó la solicitud a la CIDH para contar oficialmente con dicho reporte.

Los denunciantes también adicionaron a sus acusaciones, informes sobre el proceso judicial contra el expresidente argentino Mauricio Macri y sus colaboradores, quienes son procesados por contrabando agravado debido a que enviaron a Bolivia pertrechos bélicos en 2019, de forma encubierta, para apoyar al régimen golpista.

Ortiz explicó que el proceso judicial contra Áñez en los tribunales argentinos, se realiza en el marco de la “jurisdicción universal”.

“Pedimos la imputación para Jeanine Áñez, además de sus ministros. No solo por las masacres de Sacaba y Senkata, sino también por las detenciones, torturas a cientos de bolivianos”, manifestó.

Indicó que por todos los indicios con los que se cuenta, el golpe de Estado de Áñez fue planificado, preparado y financiado con la participación de varios actores bolivianos e internacionales, entre ellos el gobierno de Macri.