La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, dijo este miércoles que la reforma judicial es imprescindible porque se necesita una administración de las leyes que esté a la altura de un pueblo digno y libre.
“Nosotros albergamos mucha esperanza en esta nueva propuesta de reforma de la justicia. Creemos que no sólo es urgente, es absolutamente imprescindible para nuestro Estado. El pueblo boliviano tan digno, libre y amoroso, necesita una justicia que esté a la altura de este pueblo”, aseveró en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.
Cruz explicó que la Defensoría del Pueblo espera que el proceso sirva para la solución de la impunidad en la justicia para los casos de violencia hacia las mujeres, porque actualmente no se tiene avances en las sentencias, un número importante de procesos están en la etapa de juicios orales o la aplicación de medidas ejemplares contra los agresores.
La medida es urgente y su solicitud data de hace décadas como una demanda de la población hacia las autoridades gubernamentales, recordó.
“Creo que es algo que ya se ha debatido dentro del Estado, las cumbres de justicia departamentales y nacional, han llegado a conclusiones. Estos pilares que recogen esa información, recogen esa demanda; nos parecen fundamentales y valiosos”, agregó.
Además, Cruz propuso que la reforma de la justicia incorpore el fortalecimiento de los servicios de asistencia a las víctimas de casos de violencia, entre ellos el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
“No lo tenemos (al IDIF) a disponibilidad a nivel nacional, ni siquiera muchas veces en ciudades intermedias. Creemos que es fundamental fortalecer aquello, incluso generar un proceso de separación respecto del Ministerio Público porque es un instituto técnico científico que le tiene que dar asistencia, en ese ámbito, a la víctima como tal”, argumentó.
La Defensora del Pueblo planteó, además, que el proceso de reforma judicial permita que el personal de juzgados y fiscalías aumente en número y especialidad, para que la administración de las leyes se aplique en lugares “donde no hay jueces, no hay fiscales o no hay presencia estatal”.
“O generar metodologías que permitan que estas instancias, si bien no vayan a tener un asiento en territorio, al menos tengan lo que se llamó en otros países como los buses de justicia, para llevar servicios integrales por tiempos dentro de las comunidades, a través de recorridos que se harían a nivel nacional”, concluyó.