El presidente de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, sostuvo este jueves que esa organización es aliada política de la alianza Creemos que lidera el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y de los integrantes del Comité Pro Santa Cruz, que fueron protagonistas en los hechos que concluyeron en el golpe de Estado de 2019.
“Nosotros estamos aliados con todas aquellas organizaciones y es el caso de Creemos, es el caso del Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia), es el caso del movimiento cívico, de las plataformas ciudadanas”, aseveró en conferencia de prensa.
Explicó que Comunidad Ciudadana no opta por aproximarse a los extremos políticos; sin embargo, sostuvo que sí lo hace con la organización política de Camacho y otros protagonistas de la ruptura institucional como es el caso de los cívicos cruceños.
Sin pruebas, aseguró que la justicia boliviana y el Ministerio Público están al servicio del Gobierno central, versión que, según su opinión, une a estos sectores.
“Lo fundamental en lo que coincidimos con Creemos, con Conade, con la Asamblea Permanente de Derechos humanos, con el movimiento cívico en general, no solamente en Santa Cruz, pero en particular Santa Cruz, con las plataformas ciudadanas, es en algo clave: la democracia está enfrentando un gravísimo y peligroso riesgo que el Gobierno no quiere aceptar que está planteando, el control total del poder judicial y el Ministerio Público”, aseveró.
Las afinidades de Mesa, Camacho y otros sectores tienen antecedentes en 2019. Por ejemplo, un cabildo de políticos y activistas contrarios al gobierno de Evo Morales preparó el terreno político para el golpe al gobierno de Evo Morales en inmediaciones del monumento Cristo Redentor el 4 de octubre, cuando determinó acciones de “rebeldía y desconocimiento” a los resultados de los comicios presidenciales de ese entonces.
El encuentro estaba dirigido por Luis Fernando Camacho, entonces Presidente del Comité pro Santa Cruz, quien asumió el cargo el 2 de febrero de 2019. En los registros de la institución cívica, califican las determinaciones del 4 de octubre como un hito histórico “para decidir y cumplir”, y resultado de diferentes manifestaciones contra el Gobierno del MAS desde 2017.
Los sectores opositores asumieron la paralización del conteo rápido de votos como un argumento para desconocer los resultados oficiales y convocar a marchas, huelgas de hambre, cabildos y un paro cívico indefinido de 21 días que culminó con la renuncia de Evo Morales.
Impulsados por Comunidad Ciudadana, convocaron el 21 de octubre a movilizaciones para rechazar la suspensión del TREP pese a que los datos no tenían validez jurídica ni influían en resultados oficiales finales.
El 25 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral anunció los resultados oficiales al 100%. Evo Morales obtuvo el 47,08% y se impuso a Mesa que obtuvo el 36,51% en segundo lugar. Así se descartó una segunda vuelta.
Ante esa situación, el 31 de octubre, un cabildo nacional de opositores convocado por movimientos sociales en La Paz exigió la renuncia de Morales, rechazó la segunda vuelta y convocó a la Policía y a las FFAA a sumarse a las protestas.
Esas movilizaciones derivaron en hechos de violencia de opositores y paramilitares contra autoridades, líderes sociales y sus familias. Se concretaron quemas de instituciones públicas y viviendas.
En complicidad con las FFAA y la Policía, la escalada de violencia produjo el 10 de noviembre de 2019 la renuncia de Morales, quien denunció un golpe de Estado.
La entonces senadora Jeanine Áñez aprovechó el escenario para instalarse en el Gobierno sin respaldo y aplicar un régimen de más violencia como en los casos de las masacres de Senkata de El Alto y Sacaba en Cochabamba.