La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien en días pasados denunció que tras la toma violenta de los medios estatales se generó un daño económico de Bs 8,9 millones, afirmó este domingo que, desde tiempos de dictadura, nunca se había visto acallar e incluso amenazar de muerte a periodistas, como ocurrió durante el régimen de Jeanine Áñez.
“Nos ha sorprendido mucho dos aspectos, el primero, el que se haya evitado, el que se haya quitado un derecho humano de nuestra población boliviana que es el derecho a la información, que está en la Constitución Política del Estado. Por lo menos en este tiempo, nunca se había visto acallar a los medios de comunicación, tomar los medios de comunicación, amenazar de muerte, incluso, a los periodistas que trabajaban en los medios estatales en ese periodo”, aseveró en entrevista para el programa Las 7 en el 7 de Bolivia Tv.
La viceministra de Comunicación denunció el miércoles pasado que, tras la toma violenta de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones, el régimen de facto generó un daño económico al Estado de Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.
Lamentó que en el régimen de Áñez se haya reducido la cobertura de los medios estatales, que durante muchos años fue trabajada para que las poblaciones alejadas tengan garantizado el derecho a la información.
“Bolivia Tv, por ejemplo, es uno de los medios de comunicación que tiene más de 276 repetidoras que permitían llegar casi al total de la población, pero cuando tomamos nosotros los medios del Estado, cuando llegamos al gobierno después de ser elegidos por el voto del pueblo boliviano, casi el 50 por ciento no estaban funcionando, y ¿qué significa?, no llegar a nuestras provincias, a nuestros municipios, a las zonas más alejadas”, denunció.
Respecto a red Patria Nueva, dijo que antes del golpe de Estado tenía un alcance del 80% en todo el territorio nacional; sin embargo, durante el régimen disminuyó a solo el 15%. “Imagínense cuántas personas no tenían derecho a informarse, y más aún en un periodo de pandemia”, acotó.
Sobre las Radios de los Pueblos Originarios (RPO), que llevan información hasta las regiones más alejadas del país, dijo que de 89 emisoras que estaban en funcionamiento, 71 quedaron sin señal durante el régimen de facto.
“Acá estamos hablando, y me gustaría señalar eso, de una violación a los derechos humanos, al derecho a informarse, nuestros pueblos, sobre todo municipios, provincias”, añadió Alcón.
También denunció que se identificó irregularidades en contratos y asignación de ítems durante ese periodo. Dijo que Gonzalo Rivera, quien fungió como gerente de Bolivia Tv durante el régimen de Áñez, viabilizó la contratación de personal que no cumplía con los requisitos para desempeñar los cargos asignados.
“Esta semana que viene vamos a formalizar la denuncia, como corresponde, ante el Ministerio Público, para que siga el proceso que corresponde”, sostuvo.
La autoridad señaló que continúa el proceso de reactivación de las repetidoras de los medios estatales; sin embargo, apuntó que si no hubiera habido ese daño a su alcance, la radio y teleeducación actualmente estaría llegando a muchos más niños, niñas y adolescentes que hoy se ven afectados.