La ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, dijo este viernes que se reunió con el presidente de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) y alcalde de Tarija, Johnny Torres, para conversar sobre las leyes que cuestiona su región y entidad, pero expresó que la autoridad edilicia no mostró voluntad de diálogo, ni presentó sus observaciones sobre las normas, lo que evidencia que el paro indefinido no tiene fundamento alguno.
“Nosotros lamentamos con profundo pesar que el alcalde Torres no ha manifestado ninguna voluntad de dialogar, no ha manifestado ninguna propuesta (...). Se ha acercado el alcalde sin ninguna propuesta, hemos insistido en varias oportunidades en conocer sus observaciones a los dos proyectos de ley en cuestión, para poder encaminarnos hacia algún diálogo, pero no ha existido ningún tipo de observación, no ha existido ningún tipo de planteamiento, lo que evidencia claramente de que este proceso y paros en contra de la población nacional no tiene ningún fundamento y están basados, por supuesto, en un debate que a la fecha y a la vista no ha mostrado por parte del alcalde Torres argumento alguno”, dijo, en una conferencia de prensa.
La autoridad gubernamental manifestó que el Gobierno nacional sigue abierto al diálogo para escuchar las observaciones a las normas que provocan la realización de medidas de presión en la ciudad de Tarija.
Sin embargo, Mendoza pidió, una vez más, que el pueblo considere que sería imposible que una administración gubernamental “del pueblo y para el pueblo”, como la del presidente Luis Arce, emita una norma que afecte a la ciudadanía.
“Las normas que se encuentran en cuestión establecen por supuesto mecanismos que van a permitir, como ustedes saben, luchar contra la legitimación de las ganancias ilícitas y desincentivar actividades ilícitas como la trata y tráfico de órganos, como la trata y el tráfico de mujeres, como el narcotráfíco, como el financiamiento al terrorismo, como la corrupción, como otras actividades ilícitas, y por supuesto no afectan a la mayor parte de nuestra población”, recordó.
La representante estatal dijo que las observaciones a las normas sólo forman parte de un proceso abierto de desinformación y de manipulación hacia la población, para la promoción de “eventos que se están acercando ya a características sediciosas, que están ocurriendo en diferentes puntos del país”.