Las conclusiones que emitirá el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, tienen similar importancia al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), dijo el viceministro, Jorge Silva.
Silva, entrevistado en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, indicó que el relator internacional sobre la independencia de los magistrados y abogados, “va a retroalimentar este proceso de construcción de la propuesta de la reforma en la administración de justicia que está trabajando nuestro Gobierno”.
García-Sayán prevé iniciar este martes sus actividades públicas con al menos 25 reuniones en carpeta y la presentación de un informe preliminar el 22 de febrero sobre la situación de la Justicia, informó La Razón Radio.
Al respecto, Silva destacó la permanencia del funcionario internacional y reiteró que tiene similar trascendencia a la visita e informe del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe final del GIEI-Bolivia sobre los hechos de violencia de 2019, calificó como masacres lo ocurrido en Senkata y Sacaba. Además, determinó que ocurrieron ejecuciones sumarias.
“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas (…). El GIEI no duda en calificar los hechos de Sacaba y Senkata como masacres”, señaló el 17 de agosto de 2021 la experta del GIEI, Patricia Tapattá.
El informe internacional estableció que en Sacaba, Cochabamba, militares y policías masacraron a manifestantes desarmados, realizaron ejecuciones sumarias, torturas sistemáticas y detenciones masivas el 15 de noviembre de 2019.
El informe del GIEI indica que en esa fecha resultaron muertas 10 personas que intentaban llegar en una marcha pacífica hasta la ciudad de Cochabamba, al menos 98 resultaron heridas y 223 fueron detenidas.
El reporte de los Expertos es claro al solicitar a las autoridades competentes bolivianas que se identifiquen, procesen y sancionen a los responsables de esos hechos, así como se aceleren las pesquisas.
“El GIEI evalúa que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos en el operativo realzado en Sacaba el 15 de noviembre de 2019. Las fuerzas estatales actuaron en violación de su obligación de respetar y proteger los derechos y libertades consagrados en la CADH y otras normas imperativas del derecho internacional de los derechos humanos”, indica una parte de su informe final.
“Como resultado, hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. El EAAF concluye que las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fúsil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”, agrega el documento internacional.
Las víctimas fatales, llevadas entonces a distintos hospitales, fueron: Emilio Colque León, Omar Calle Siles, Juan López Apaza, César Sipe Mérida y Lucas Sánchez Valencia, al Hospital México, donde llegaron sin signos vitales; Armando Caraballo Escobar, Roberto Sejas Escóbar y Plácido Rojas Delgadillo, al Hospital Viedma; Marco Vargas Martínez, a la Clínica María de los Ángeles donde fue derivado desde el Hospital Viedma. Julio Pinto Mamani ingresó en la Clínica María de los Ángeles y falleció siete meses después, el 11 de junio de 2020.
Las autopsias de los 10 fallecidos reportan lesiones vitales causadas o compatibles con proyectil de arma de fuego. Algunos hallazgos relevantes son: Las lesiones fueron todas en abdomen, tórax y cabeza. Siete de las víctimas presentaban orificios de entrada y salida de proyectil de arma de fuego, lo que es indicativo de disparos con rifles y munición de alta velocidad. Solamente dos víctimas fueron alcanzadas por balas que penetraron de atrás para adelante.
Senkata
Respecto a lo ocurrido en Senkata, el informe del GIEI indica que “El análisis de los medios de prueba revela que el grupo de manifestantes que embistió contra el muro y la puerta de la planta YPFB de Senkata no superó a un centenar de personas. Alrededor de las 12, ese grupo derrumbó parte del muro de la planta ubicado sobre la avenida 6 de Marzo. Como reacción inmediata, las fuerzas militares que resguardaban la planta empezaron a disparar. Como consecuencia de los disparos, se produjeron por lo menos diez víctimas fatales y al menos 78 heridos, de los cuales 31 personas fueron heridas por proyectil de arma de fuego o por elementos contuso perforantes”.
11 derechos vulnerados
El GIEI también establece que 11 derechos fundamentales fueron vulnerados en 2019, varios de ellos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Es una variedad muy amplia de vulneraciones y, desde luego, hay graves vulneraciones a muchos de sus derechos contenidos en la convención americana como es la vulneración al derecho a la vida”, dijo el 19 de agosto de 2021 el secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, en radio Patria Nueva.
El documento indica que se vulneraron el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la honra, dignidad y vida privada; las garantías judiciales y debido proceso; la libertad de expresión, derecho de reunión y libertad de asociación; el derecho a la no discriminación, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia; el derecho a la salud; el derecho a la propiedad y el derecho al trabajo.
“El GIEI observó, así lo dice en su informe, que, en algunos casos, en las operaciones conjuntas de policías y Fuerzas Armadas, incluso hubieron ejecuciones extrajudiciales en las actuaciones que llevaron a cabo. También, se observaron, y así está reflejado en el informe, serias vulneraciones a la integridad personal como, por ejemplo, los casos de tortura, malos tratos y abusos observados en distintos contextos; pero, mayoritariamente, en situaciones de privación de libertad en las detenciones, comisarías, cárceles, etcétera”, acotó.
El informe es el resultado de más de 100.000 fojas de expedientes investigativos, judiciales y periciales que fueron objeto de revisión y más 360 entrevistas individuales.
Los expertos y el equipo técnico mantuvieron reuniones con sindicatos, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la prensa, entre otros.
De los derechos vulnerados a los que hace referencia el documento del GIEI, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho a la honra y de la dignidad, el derecho de reunión, el derecho a libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la propiedad y el derecho a las garantías judiciales son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.