La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, destacó este viernes la total e histórica apertura de los medios de comunicación estatales para la enseñanza a distancia y la recuperación del derecho a la educación de los niños, los jóvenes y los adolescentes del país.

“Para nosotros es muy importante lo que estamos viviendo hoy de manera muy histórica, los medios de comunicación estatales con total apertura para brindar esta teleducación, radioeducación a todos nuestros estudiantes”, dijo, en una entrevista con radio Patria Nueva.

La autoridad gubernamental dijo que le place el resultado de esta primera semana de labor porque los padres de familia comenzaron a enviar fotografías con sus niños que ven y escuchan las lecciones por televisión y radio.    

“Eso muestra pues que estamos apoyando”, enfatizó.

Por otro lado, Alcón anunció que se tiene previsto incorporar en la educación a distancia contenidos pedagógicos relacionados con temas sociales que preocupan a nivel nacional, como es el caso de la violencia hacia la mujer.

“Sin duda, es imprescindible hablar del tema de violencia, de la Ley 348, que nos están preocupando. En este momento necesitamos acciones, para eso están los medios de comunicación. Tenemos la misión como medios de comunicación de informar y educar y eso es algo que estamos plasmando a través de programas, a través de la teleducación”, aseveró.

La Viceministra de Comunicación recordó que los profesores que graban los contenidos pedagógicos incorporaron hasta el momento información sobre la pandemia del COVID-19 y las medidas de bioseguridad que deben emplearse para protegerse de contagios.

El ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Edgar Montaño; el presidente Ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina; y el Bloque Interinstitucional del Autotransporte de las Provincias de la Chiquitania firmaron hoy en la madrugada un acuerdo e inmediatamente se levantó los puntos de bloqueo en la carretera Santa Cruz-Trinidad.

“Habiendo llegado a un acuerdo concertado entre la ABC, los representantes de la Chiquitania, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, los Representantes del Auto Transporte instruirán el levantamiento del bloqueo de carreteras en todos los tramos de la Chiquitania de forma inmediata”, indica el documento firmado que consta de siete puntos.

El acuerdo dice: “La ABC ratifica el compromiso para continuar el mantenimiento y bacheo en los tramos y de las carreteras de la Chiquitania: Cotoca-Cuatro Cañadas-El Paraíso-San José de Chiquitos. Asimismo, se procederá en la intervención del tramo Okinawa-Los Troncos”.

La ABC, desde el pasado miércoles, trabaja en las zonas críticas con cuatro equipos: “Se evidenció grandes avances en los tramos comprometidos y en función a las necesidades se irá ajustando de manera progresiva las estrategias de intervención”.

También se acordó que se realizarán evaluaciones técnicas, legales, financieras y alternativas de solución del tramo Malla III y buscar financiamiento para el tramo Okinawa-Los troncos.

La reunión entre el Gobierno y los transportistas cruceños se prolongó desde las 15:00 horas del jueves hasta 01:00 horas de la madruga de este viernes 5 de febrero.

El presidente Luis Arce saludó este viernes que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) haya sancionado la Ley de Emergencia Sanitaria, que plantea cinco ejes para atender la segunda ola de la pandemia del COVID-19 en el Estado Plurinacional de Bolivia.

“Ley de Emergencia Sanitaria permitirá que #Bolivia pueda reaccionar rápidamente ante esta, y otras emergencias que se puedan presentar en el futuro, adquiriendo medicamentos, insumos y equipos de manera ágil y oportuna. Saludamos que la Asamblea Legislativa la haya sancionado (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

La norma establece la conformación de un Consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias, políticas de inmunización, control de medicamentos, registros y servicios de salud, contrataciones y despachos aduaneros, además de un régimen sancionatorio.

El documento que tuvo modificaciones en sus artículos 17, 19 y 28 fue remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación respectiva.

Las modificaciones al contenido se realizaron en el marco del acuerdo entre el Gobierno y el Colegio Médico de Bolivia en temas referidos a casos de medicamentos e insumos, prohibición de la suspensión del servicio de salud y contratación de personal médico. Hasta antes del acuerdo, los galenos advertían con paros, huelgas y protestas.

El vocero presidencial, Jorge Richter, informó este jueves en la noche que el presidente Luis Arce prevé promulgar en las siguientes horas la Ley de Emergencia Sanitaria, la cual busca proteger la salud de la población boliviana, evitar la mercantilización de los servicios sanitarios y fortalecer las capacidades del Estado para luchar contra el COVID-19.

“Si no la promulga mañana, seguramente en las siguientes horas. Ya ha sido también aprobada en la etapa de Diputados, que ha dado su conformidad con lo que se había modificado en el Senado y, seguramente, el Presidente la promulga en las siguientes horas”, indicó el portavoz en entrevista con el programa Primer Plano, de Bolivia TV.

Este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados sancionó la Ley de Emergencia Sanitaria que fue devuelta por la Cámara de Senadores con las modificaciones acordadas por el Gobierno y el Colegio Médico de Bolivia.

Richter enfatizó que el país requiere una norma jurídica para enfrentar de mejor manera coyunturas de excepcionalidad como la emergencia sanitaria por el COVID-19. “El espíritu de esto está en proteger la salud de los bolivianos de la forma más oportuna. Oportuna significa poder contar con medicación, con insumos, con equipamiento, etc., de forma muy rápida”, indicó.

El Vocero Presidencial explicó que la Ley evitará que se mercantilice los servicios de atención de salud, ya que los centros médicos deberán enviar a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) las listas de sus servicios con los precios máximos a cobrar.

La norma jurídica también establece restricciones para evitar que las clínicas puedan retener los cuerpos de personas fallecidas como mecanismo de presión para cobrar deudas a sus familiares.

“La filosofía de la ley es proteger a la gente”, explicó Richter, quien aclaró que la norma no vulnerará de ninguna manera las autonomías, ya que se aplicará solo en casos de emergencia referida a la salud y no a otros aspectos.