El Ministerio de Salud y Deportes informó este jueves que la cifra de inmunizados con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 ascendió a 144.816; mientras que la segunda dosis fue suministrada a 11.129 beneficiarios, entre personal de salud y personas con enfermedades de base.

Según el reporte de esa cartera de Estado, Santa Cruz es el departamento con la mayor cantidad de inmunizados con la primera dosis, con 37.537 vacunados. Le siguen La Paz, con 34.558; Cochabamba, con 26.126; Chuquisaca, con 12.086; Tarija, con 10.738; Oruro, con 7.450; Potosí, con 7.416; Beni, con 6.592 y Pando, con 2.313.

También indica que los inmunizados con la segunda dosis de la vacuna ascendió a 11.129, siendo Santa Cruz el departamento que tiene la mayor cantidad de beneficiarios, con 3.046. Le siguen La Paz, con 1.919 y Cochabamba, con 1.664.

El presidente Luis Arce destacó el lunes pasado el compromiso de la Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Mayor de San Simón, Universidad Autónoma del Beni, y de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier, por su compromiso con la lucha contra el COVID-19 y su apoyo a la campaña de vacunación masiva.

El 24 de febrero, un avión Boeing 767 de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Santa Cruz, con un lote de 500.000 vacunas Sinopharm, dando paso a una nueva etapa de vacunación masiva y gratuita contra el COVID-19.

El presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, cumplió en los últimos días una intensa agenda de actividades públicas relacionadas a la gestión de gobierno, tanto de manera presencial como virtual, hecho que desmiente versiones de algunos comentaristas que especularon sobre una presunta ausencia del Mandatario.

Este jueves, el Jefe de Estado participó en la firma del Programa Fiscal Financiero 2021 con el objetivo de reactivar y estabilizar la economía nacional.

También en esta jornada, mantuvo una reunión virtual con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para tratar el proceso de recuperación de la democracia y la pandemia del COVID-19.

Además, la autoridad se congregó con dirigentes de la Central de Cooperativas Mineras de Caracoles, de la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, quienes le ratificaron su apoyo y le pidieron justicia por los hechos de violencia ocurridos durante el golpe de Estado de 2019.

Un día antes, el miércoles, Arce visitó la ciudad de Cochabamba para inspeccionar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), el cual tiene un progreso físico de 87,3% y un avance financiero de 78,5%.

El martes, el Jefe de Estado se reunió con asambleístas para analizar las políticas públicas con el objetivo de reactivar la economía y la lucha contra la pandemia del COVID-19, en cumplimiento del mandato del pueblo.

Unos días antes, el jueves 11 de marzo, el Presidente del Estado Plurinacional se reunió con el canciller de la República de Argentina, Felipe Solá, con quien abordó temas como la ampliación del comercio y la incorporación de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur) como miembro pleno.

Además de esas actividades públicas del Presidente, también sostuvo otras reuniones internas que no fueron reflejadas por la prensa.

A ello, se suma la difusión que hizo el Mandatario de varios contenidos, respecto a diversos temas de interés general, a través de su cuenta de Twitter.

Todo ello evidencia la intensa agenda pública que cumplió el Presidente en los últimos días, lo que desmiente versiones de algunos comentaristas que especularon sobre una supuesta ausencia del Mandatario, como Carlos Valverde, quien insinuó que Arce se encontraba fuera del país debido a que la economía boliviana está mal.

“A mí no me convence un Twitter, porque el Twitter lo puede haber hecho desde afuera del país, al presidente no se lo ha visto. Hay una foto donde supuestamente está él, pero nadie lo ha visto al Presidente. En billetes no hay más que 2.000 millones de dólares de reserva, está mal el país”, sostuvo.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que hasta marzo de 2021 la cifra de vehículos que cuentan con rastreo satelital a través de GPS ascendió a 450, lo que representa un incremento del 81% en relación a la cantidad registrada en noviembre de 2020, cuando sólo 248 movilidades tenían esa cobertura.

“El GPS satelital permite a cada operador encargado de transporte o persona de logística monitorear los vehículos de su parque automotor desde su ordenador o dispositivo móvil. De esta forma, se minimiza cualquier incidente que pudiera interferir en el transporte o distribución de los hidrocarburos. Siempre velamos por la seguridad de nuestro personal y de la población en general en las carreteras interdepartamentales y en las vías urbanas”, explicó el encargado de Transporte de la oficina central de YPFB, Jorge Vedia, citado en un boletín institucional.

YPFB tiene el objetivo de consolidarse como la empresa nacional y la institución pública con mayor cantidad de parque automotor vinculado al monitoreo satelital. La institución prevé llegar, en los próximos meses, al 100% de cobertura para sus 530 vehículos, los cuales circulan en vías urbanas y carreteras del país.

“Podemos ver en las pantallas a los vehículos en movimiento, a cuántos kilómetros por hora avanzan, si están detenidos y dónde. El GPS es un sistema que permite posicionar cualquier objeto sobre la geografía del planeta con una precisión de hasta centímetros”, precisó Vedia.

La implementación de esa tecnología también evitará el uso discrecional de vehículos oficiales y coadyuvará al control para evidenciar o desvirtuar reclamos.

“La empresa tiene el desafío de llegar aún más lejos, conectando plataformas informativas para un uso más eficiente y cómodo para el usuario. Apuntamos a una cobertura al 100 por ciento del parque automotor y una implementación del uso de los reportes en los informes para aprovechar el servicio en su totalidad”, remarcó el funcionario.

Los aprehendidos por el Ministerio Público en el caso golpe de Estado que permanecen privados de libertad, se encuentran en condiciones de pleno apego a los estándares del debido proceso establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y tratados internacionales de Derechos Humanos, señala una nota de prensa del Ministerio de Justicia.

El cumplimiento de estos requisitos ha sido reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado.

“Al respecto, la información aportada por el Estado da cuenta de que las personas detenidas recibieron asistencia oportuna del Servicio Nacional de la Defensa Pública, y según lo documentado, han renunciado al auxilio jurídico estatal por contar con la representación técnica de confianza, conservando su derecho de ser auxiliados por personal de Defensa Pública”, señala el documento de la CIDH.

La Comisión también señala que la Fiscalía General “hizo público que las resoluciones de aprehensión fueron emitidas en atención a la ley y sin que se hayan vulnerado los derechos de las personas detenidas”.

Prevención

De acuerdo con información de la Dirección de Régimen Penitenciario, los aprehendidos en este caso, han sido recibidos en los recintos con estrictas medidas de prevención como parte del Plan de Contención Frente al Coronavirus.

Según este protocolo, la expresidenta de facto Jeanine Áñez y sus dos colaboradores, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, cumplen con un procedimiento que consta en una revisión médica permanente durante 14 días como mínimo.

Respecto a Áñez, esa instancia ha establecido que en cuanto manifestó un cuadro de presión alta, el equipo médico a cargo de la vigilancia de internos la atendió rápidamente hasta que fue estabilizada.

La Dirección de Régimen Penitenciario verificó con la abogada de la interna y la representación de la Defensoría del Pueblo que no era necesario algún traslado a una clínica.

En ningún momento se han restringido los derechos a comunicación de los internos ni el contacto con sus abogados y se cumplen todos los pasos y requisitos de un debido proceso.