El vicepresidente David Choquehuanca entregó este lunes varios proyectos de construcción de asfaltado concluidos en los distritos 1, 2, 3, 4 y 5 de la ciudad de Oruro, que demandaron una inversión gubernamental de Bs 7.619.341.

“Quiero aprovechar para entregar estas obras que se han construido durante estos años, tantas obras que hemos construido (…) Felicidades, hermanos de Oruro”, destacó en un acto público.

El mandatario dio también inicio a un proyecto de ampliación de asfaltado presentado por la Junta Vecinal “Constructores”.

En su discurso, Choquehuanca manifestó que la entrega forma parte de un proceso de culminación de obras detenidas por el régimen de Jeanine Añez.

“No sólo se han detenido las obras, sino que muchas obras han sido dañadas”, rememoró. 

En ese contexto, recordó que Bolivia es un país “altamente rico” y se precisa redistribuir sus recursos económicos entre el pueblo porque su gobierno no pertenece a la cultura de la acumulación capitalista.

“Somos de la cultura de la redistribución y tenemos todo. Y nuestro proceso de cambio es para recuperar nuestra economía. Nuestro proceso de cambio es para recuperar nuestra cultura”, agregó.

Finalmente, Choquehuanca anunció que el presidente Luis Arce participará desde este martes en los actos protocolares por la nueva efeméride del departamento de Oruro.

El senador Leonardo Loza denunció este lunes que las amenazas de paro y las protestas de algunos sectores de salud tienen fines políticos ya que sus demandas fueron atendidas, pero, ahora, coinciden con la oposición para que el Gobierno fracase en la lucha contra el COVID-19.

“Detrás de estas amenazas de paro están políticos de aquí y de afuera. Lo que buscan es llevar al fracaso al gobierno de Lucho y David para que mañana ellos mismos digan que los gobernantes ‘no han hecho nada’” en la lucha contra el COVID, sostuvo en contacto con radio Patria Nueva.

De esa manera, Loza hizo referencia a la candidatura de Luis Larrea, actual presidente del Colegio Médico de La Paz, quien es a la vez postulante a la Alcaldía de La Paz por la agrupación política Unidos por La Paz.

El Senador indicó que las protestas de algunos sectores médicos se realizan, pese a que sus demandas fueron incluidas en la Ley de Emergencia Sanitaria que espera la promulgación respectiva.

Esta oposición a la Ley, dijo Loza, coincide con la postura de los senadores opositores de la organización Comunidad Ciudadana, agrupación presidida por Carlos D. Mesa.

“A los senadores de la derecha ya no les interesa la protección de la salud y la vida, su interés es político. Ellos están buscando el fracaso de la lucha contra el COVID y después culpar al Gobierno nacional”, sostuvo.

El legislador destacó que la Ley de Emergencia Sanitaria incluye la regulación en la venta de medicamentos y en el suministro de servicios médicos. La norma también busca la provisión ágil de insumos y servicios de salud en beneficio de la población boliviana.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este lunes que pidió a la Policía Boliviana que comience una investigación para dar con el paradero de personas que ofrecen vacunas contra el COVID-19 por las redes sociales.

“Hemos solicitado de urgencia la intervención de la Policía Boliviana a objeto de que, a través de la Unidad de Cibercrimen que ellos tienen, se pueda dar con estas personas inescrupulosas y sancionar como corresponde en defensa de nuestra población, en defensa de la salud pública del pueblo boliviano”, aseveró, en una conferencia de prensa.

La autoridad gubernamental explicó que la comercialización que se ofrece en las redes sociales se efectúa haciendo uso ilícito de páginas creadas con el nombre de la empresa South American Express S.A. (SAE), y pidió a la población que no responda a esas ofertas porque “pasan todo límite legal permitido”.

Los medios de comunicación deben orientar e informar a las personas para que no caigan en las manos de las personas inescrupulosas implicadas en el hecho delincuencial denunciado, acotó.

Silva alertó que “no sabemos qué tipo de productos o medicamentos están ofreciendo en calidad de vacunas”.

En ese sentido, Silva recordó que el Ministerio de Salud está a cargo del control gubernamental sobre la compra y la distribución de vacunas contra el COVID-19, mientras que la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) y los servicios departamentales de salud tienen la tuición de brindar las autorizaciones para la venta de medicamentos.

Por su parte, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Fermín Aguilar, recordó que la Policía Boliviana tiene un plan en ejecución para combatir la venta ilegal por redes sociales de medicamentos para tratar el COVID-19.

“A través de la División Cibercrimen, se está realizando el patrullaje cibernético a objeto de identificar a aquellas personas inescrupulosas que están ofreciendo estos productos a la venta, a través de las redes sociales”, sostuvo.

La directora ejecutiva de la Agemed, Adriana Caballero, advirtió, a su turno, que esa entidad no cuenta con solicitudes de empresas para la obtención de registro sanitario con fines de venta de vacunas para el COVID-19. Además, dijo que lanzó una alerta sobre medicamentos ilícitos, la cual establece que las supuestas páginas de la empresa SAE que son usadas para estos fines son falsas.

A fin de evitar contagios y salvaguardar la salud, se decidió postergar la Cumbre Minera Nacional, informó este lunes el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Winston Medrano.

Medrano fue consultado sobre el tema por los periodistas en Potosí, donde aclaró que esta decisión fue asumida por el titular de esa cartera de Estado, Ramiro Villavicencio Niño de Guzmán. Detalló que la fecha se definirá en función de las recomendaciones e informes epidemiológicos sobre el COVID-19 que brinde el Ministerio de Salud.

"Tenemos, como Ministerio, varias políticas y medidas para la reactivación de la minería y consideramos importante trabajar en ellas, junto a los aportes de los actores mineros”, afirmó el Viceministro, según un boletín informativo de esa cartera del Ministerio.

La Cumbre Minera Nacional contará con la participación de los tres actores principales de la minería reconocidos por la Constitución Política del Estado, las cooperativas mineras, la empresa estatal, y la minería privada.