La Paz, 07 de octubre de 2025 (ABI). – El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, presentó una demanda penal por usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes en contra de cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como parte de su cruzada por apartarlos de sus cargos tras haber fenecido su mandato.
Para la Alianza Libre de Jorge Quiroga, esta acción, junto con otras impulsadas por el evismo para investigar un supuesto fraude en la primera vuelta de las elecciones generales del 17 de agosto, apuntan a anular los comicios y evitar la segunda vuelta, prevista para el 19 de octubre.
La Agencia Judicial de Noticias informó en esta jornada que Saucedo formalizó la denuncia ante la Fiscalía contra los cinco magistrados que se mantienen en el cargo a pesar de haber fenecido su mandato en diciembre de 2023: Gonzalo Hurtado (presidente), René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo.
El documento fue presentado en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, resaltando la importancia de respetar en todo momento la supremacía constitucional, garantizando las prerrogativas que tiene y su fiel y estricto cumplimiento, utilizando una interpretación literal de la Constitución Política del Estado.
La demanda surgió luego que el lunes el mismo Saucedo emplazara a los cinco magistrados del TCP a renunciar “inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad y legitimidad o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes”.
Además de alegar que están ocupando espacios que debían dejar en diciembre de 2023, Saucedo arguyó que en el Senado se aprobó una ley impulsada por la senadora Silvia Salame para cesarlos de sus cargos.
Se trata del proyecto de ley N° 259/2024-2025 C.S., “Ley de adecuación constitucional para el funcionamiento transitorio y excepcional del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional”.
El proyecto de ley, compuesto por cinco artículos y una disposición transitoria, tiene por finalidad adecuar el funcionamiento constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional y regular su conformación, estructura y funcionamiento, de manera excepcional y transitoria. Asimismo, establece que el Tribunal Supremo de Justicia funcione únicamente con los magistrados y magistradas elegidos democráticamente en las elecciones judiciales de 2024.
Aprobada el 2 de octubre en el Senado, la norma fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión.
Si bien Saucedo formalizó en esta jornada la denuncia, ésta ya la tenía lista desde el 3 de octubre, antes de emitir su mensaje de emplazamiento contra los magistrados, que logró el respaldo de los presidentes del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, y del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez.
En su demanda, el presidente del TSJ acusa a los cinco magistrados de cometer los delitos de usurpación de funciones y de emitir resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes porque debían dejar sus cargos en diciembre de 2023.
Como evidencia del ilícito, invoca el Auto Constitucional 49/2023, que prolongó el mandato de los cinco magistrados del TCP, pero además de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Carlos Alberto Egüez y Ricardo Torrez.
A través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2024-S4 de 4 de noviembre de 2024, la Sala Cuarta Especializada del TCP, cuyo magistrado relator era Espada, se declaró “desierta la convocatoria a Magistradas y Magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Beni y Pando; y para los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija en el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional”.
Por esa determinación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organizó las elecciones judiciales de diciembre de 2024 de forma parcial, como no ocurrió en las dos anteriores. Así, el 15 de diciembre se eligieron a 19 de las 26 autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Quedaron pendientes de elección los dos magistrados por el TSJ en Pando y Beni y los cinco magistrados del TCP por los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
Ante el emplazamiento de Saucedo, en esta jornada el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, señaló a radio Fides que la única forma de dejar las magistraturas del TCP es que se elija a sus sucesores por voto.
“En forma clara y precisa lo hemos manifestado. Hay una declaración constitucional de ello, y lo que corresponderá es que nuestra Asamblea Plurinacional realice la preselección en los departamentos que aún no han culminado esta etapa y tomando en cuenta que nosotros nos mantendremos hasta que vengan nuestros remplazos”, argumentó.
La postura tiene respaldo en el Auto Constitucional Plurinacional 0113/2024-O del 11 de diciembre de 2024 que “dimensiona” los efectos de la Declaración Constitucional 0049/2023, disponiendo que la “prórroga de mandato de las autoridades en actual ejercicio en el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional debe continuar hasta que se preseleccione, elija y posesione a las nuevas autoridades judiciales y constitucionales, en aquello departamentos en los que las convocatorias fueron declaradas desiertas”.
En medio de este cruce entre el presidente del TSJ y los cinco magistrados prorrogados del TCP, la Alianza Libertad y Democracia (Libre), del candidato presidencial Jorge Quiroga, alertó que pretender “dejar al país sin control de constitucionalidad” es parte de un conjunto de acciones que “tienen la finalidad de provocar la anulación de las elecciones generales y que no se lleve a delante la segunda vuelta electoral”.
La postura la expresó en un comunicado, ante los recientes pronunciamientos de parte de los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental.
“Recientemente han surgido una serie de acciones, a partir de la Bancada Parlamentaria del Movimiento Al Socialismo, entre las cuales podemos citar: Ley de suspensión de los Vocales del Órgano Electoral, creación de comisión parlamentaria para la investigación de un supuesto fraude electoral en las elecciones del pasado 17 de agosto de 2025 y una ley para la suspensión de Magistrados del Tribunal Constitucional dirigida a dejar al país sin control de constitucionalidad. Todas estas acciones tienen la finalidad de provocar la anulación de las elecciones generales y que no se lleve a delante la segunda vuelta electoral”, advirtió Libre.
Lamentó que instancias como el TSJ y otras del Órgano Judicial “estén promoviendo actos que ponen en riesgo el proceso electoral y que pueden derivar ineludiblemente en la suspensión de la segunda vuelta”.
“Hoy, la prioridad nacional es garantizar las elecciones de segunda vuelta y, en ese contexto, defender la institucionalidad democrática para que el pueblo elija libremente a su próximo presidente. Cualquier intento de alterar este proceso va en contra de la voluntad popular y del compromiso firmado por todos los poderes del Estado”, arguyó el frente de Quiroga, quien disputará la presidencia del país con Rodrigo Paz (PDC), en el balotaje del 19 de octubre.
En esa línea, Libre demandó que se respete esa voluntad popular y se cumplan los compromisos asumidos ante el país.
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